Los argumentos en juego para la despenalización del aborto en Colombia

Aunque muchos esperaban que la Corte Constitucional tomara una decisión sobre el tema el pasado viernes, lo cierto es que el debate podría extenderse por varias semanas e incluso quedar aplazado hasta el 2022. Las divisiones al interior del alto tribunal, los asuntos técnicos de las demandas y la presión social hacen más difícil tener un veredicto sobre el aborto.

Ha pasado más de un año desde que la Corte Constitucional recibió dos demandas que solicitaban la eliminación del artículo 122 del Código Penal, el cual establece penas de hasta tres años para las mujeres que aborten fuera de las tres causales que establece la ley: cuando hay peligro para la salud física o mental de la mujer, cuando hay malformación del feto y cuando el embarazo es producto de una violación.

La primera demanda fue presentada por el abogado Andrés Mateo Sánchez en julio de 2020, y la segunda hace parte de una alianza de 45 organizaciones sociales que trabajan bajo el nombre de Causa Justa. Las demandas terminaron en los despachos de los magistrados Alberto Rojas y Antonio José Lizarazo, respectivamente. Ambos concuerdan en que el aborto debe ser despenalizado, por lo cual presentaron ante la Sala Plena de la Corte sus ponencias.

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Según los términos de la ponencia de Lizarazo, ésta debía ser resuelta a más tardar el pasado viernes; sin embargo, pocos contaban con el impedimento del magistrado Alejandro Linares, que terminó suspendiendo los tiempos. Linares hizo mención sobre el debate en medios de comunicación, lo que podría inhabilitar su participación en la votación.

El pasado jueves los ocho magistrados restantes se reunieron para discutir el impedimento, pero no llegaron a un acuerdo y las votaciones quedaron cuatro a cuatro. Este resultado obligó a la Corte a nombrar un conjuez, que para este caso será el jurista Hernando Yepes Arcila, quien tendrá el voto de desempate y determinará si Linares sigue o no en la discusión.

En este punto empiezan a alargarse los tiempos. Primero, Yepes tendrá que posesionarse y luego estudiar el expediente, lo que podría demorarse más de dos semanas. Si acepta el impedimento, el debate estaría perdiendo un voto clave a favor de la despenalización, pues Linares ha defendido esta medida en otras ocasiones. Pero, además, la Corte tendría que elegir otro conjuez.

El problema con todo esto es que la rama judicial está a punto de salir a vacaciones, desde el 20 diciembre 2021 hasta el 10 enero 2022, por lo que se hace poco probable tener una decisión final antes de esa fecha. ¿Cuáles son los argumentos que han generado tanta polémica en la sociedad y división en la Corte Constitucional?

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Las ponencias que respaldan el aborto libre

La ponencia que debía ser discutida la semana pasada, redactada por el magistrado Lizarazo, responde a la demanda del movimiento Causa Justa. En ésta se argumenta que el delito del aborto viola el derecho a la igualdad y a la salud, pues considera que la interrupción voluntaria del embarazo es un servicio médico que de no cumplirse atenta contra el derecho a la salud reproductiva.

Asimismo, Causa Justa argumenta que restringir este derecho acentúa la desigualdad para las niñas y mujeres en condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, es claro que una mujer con dinero puede practicarse un aborto voluntario en un país que se lo permita, mientras que las mujeres rurales, migrantes y en situación de pobreza deben recurrir a la clandestinidad, exponiendo su vida.

Esta organización también asegura que penalizar el aborto no lo reduce y, por el contrario, solo incrementa índices como la mortalidad materna. Además, advierte que se trata de un delito que viola el derecho al libre ejercicio de la profesión a los médicos y personal de la salud, pues estos terminan siendo juzgados sólo por prestar el servicio. Por último, dice que la penalización desconoce varios tratados internacionales y no le da el enfoque preventivo al derecho penal.

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La ponencia del magistrado Lizarazo apoyaría esta demanda dándole la razón sobre la violación del derecho fundamental a la salud y reconociendo que la despenalización ayudaría a reducir las tasas de ilegalidad y mortalidad relacionadas con abortos mal practicados. Además, agregaría que el delito del aborto coarta la libertad de conciencia, pues impide decidir a un mujer el número de hijos que quiere tener.

Por otra parte, la demanda del abogado Sánchez expresa que penalizar el aborto viola el derecho a la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad y los derechos reproductivos de la mujer. “La lucha es para que se garantice el derecho a decidir y no a llevar una vida bajo el peso de una obligación impuesta por la sociedad”, asegura Sánchez.

El magistrado Rojas, encargado de esta demanda, habría construido una ponencia basada en el argumento de la discriminación, confirmando que el delito afecta solo a las mujeres, quienes son perseguidas y criminalizadas por practicarse un aborto. Según Rojas, esta concepción refuerza los estereotipos de género. Además, Rojas estaría de acuerdo en que el delito del aborto no acaba con la clandestinidad y, por último, afecta con mayor fuerza a mujeres en condiciones de marginalidad.

¿Qué ha cambiado desde 2006?

Una de las discusiones más fuertes en torno a la despenalización del aborto tiene que ver con el concepto que habla del tema como una “cosa juzgada”; es decir, que ya existe un fallo constitucional al respecto por lo que no habría lugar a la discusión. Quienes defienden esta posición se refieren a la sentencia C-355 de 2006, la cual despenalizó el aborto en la tres causales ya mencionadas.

Para los demandantes no existe “cosa juzgada”, debido a los cambios normativos y constitucionales que han ocurrido durante 15 años. Causa Justa, por ejemplo, reclama que las actuales demandas están enfocadas en el derecho a la igualdad, algo que no fue tratado en 2006. Esta posición también habría sido respaldada por los magistrados Rojas y Lizarazo en sus ponencias.

Diario Criterio consultó a varios expertos constitucionalistas al respecto, quienes aseguran que la existencia de la “cosa juzgada” depende de las interpretaciones de la actual Sala Plena. Para José Gregorio Hernández Galindo, exmagistrado de la Corte Constitucional, este concepto no es absoluto.

“Creo que hay una ‘cosa juzgada’, pero puede ser relativa, porque hay nuevos argumentos que la Corte puede tener en cuenta. Sobre el tema del aborto hay sentencias desde 1994, pero sobre la norma anterior del Código Penal. Precisamente, cuando cambió el Código, la Corte se pronunció y determinó las tres causales”, dijo Hernández.

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Por su parte, Daniela Yepes, abogada y coordinadora del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario, opina: “Han cambiado muchos estándares, ha cambiado también la concepción alrededor del aborto y esto justifica una revisión de la decisión que se tomó en 2006. Las razones por las cuales en ese entonces se dijo ‘es inconstitucional’ ya no son las mismas que hoy en día”.

Yepes agrega que desde el 2006 se han presentado fallas en el acceso al aborto para las mujeres que cumplen con alguna de las causales, lo cual también justifica la discusión. Al respecto, Viviana Bohórquez, del movimiento 14 por Colombia, le dijo a Diario Criterio que para acceder al aborto las mujeres deben presentan certificaciones médicas que afectan su voluntad.

El abogado constitucionalista Alfredo Pertuz le dijo a este medio que la Corte Constitucional y la sociedad no pueden desconocer que en 10 o 20 años las circunstancias que llevaron a la discusión pueden cambiar, como cuando aparecen avances tecnológicos que modifican prácticas médicas.

Lucía Hernández, abogada de Women’s Link Worldwide, organización que presentó la demanda que terminó en la sentencia de 2006, le dijo a Diario Criterio: “Estos 15 años de implementación han demostrado que las tres causales establecidas no son suficientes, porque se han consolidado algunas barreras que la misma Corte en sus más de 20 sentencias ha constatado”.

Hernández asegura que en 2006 presentaron la demanda con el fin de alcanzar unos mínimos para salvar la vida de muchas mujeres. “Hoy hemos constatado que incluso esos mínimos se han tornado bastante insuficientes”, dice. La decisión del aborto podría tener en vilo a los interesados por varios meses. Entre tanto, organizaciones que defienden el derecho al aborto aseguran que cada día que pasa afecta a cientos de mujeres que se ven criminalizadas por decidir sobre su maternidad.

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