Fecode, en la mira del populismo de derecha

La promesa de algunos candidatos al Congreso de acabar con Fecode no solo es anticonstitucional sino que estigmatiza aún más a los sindicatos en el país.

En los últimos días, varios candidatos del uribismo al Congreso han enfilado sus baterías en contra de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y prometen disolverlo una vez sean elegidos. Basados en la retórica de senadores como María Fernanda Cabal, Miguel Polo Polo, Hernán Cadavid y Sergio Rodríguez responsabilizan al sindicato de maestros de la mala educación de los niños, niñas y jóvenes de Colombia y lo acusan de adoctrinarlos en el comunismo.

Cadavid, incluso, fue más lejos. “Vamos a solicitar formalmente la disolución y cancelación del registro sindical a Fecode que se ha dedicado a adoctrinar y obstruir la educación de miles de jóvenes (…) Si se van a dedicar a la politiquería que lo hagan, pero no con la educación de miles de colombianos”, dijo en un tuit.

Con errores de ortografía, Polo Polo también sentenció el fin del sindicato de maestros si llega al Congreso: “Presentare (sic) los proyectos de ley que sean necesarios para asfixiar a FECODE hasta que dicho sindicato desaparezca. No podemos permitir que sigan llenando de cucarachas los cerebros de nuestros niños y jóvenes”. Lo mismo hizo Rodríguez: “Lo digo y lo haré, acabaremos con Fecode, no más alcahuetería con el cartel de adoctrinadores de Colombia”.

Aunque pueda tener simpatías y ser rentable para obtener algunos votos, esta propuesta es anticonstitucional y demuestra un desconocimiento del Código Sustantivo del Trabajos y de por lo menos cinco sentencias de las altas cortes en las que se defiende el derecho a la libre asociación. Sin contar que viola que el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo “sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación”, firmado por Colombia.

Una propuesta inconstitucional

El Código Sustantivo del Trabajo, conjunto de leyes que rigen todas las relaciones laborales en el país, tiene un capítulo sobre las prohibiciones y sanciones a las que se enfrenta un sindicato. No puede, por ejemplo, “compeler directa o indirectamente a los trabajadores a ingresar en el sindicato o a retirarse de él”, malversar fondos, “ordenar, recomendar o patrocinar cualesquiera actos de violencia frente a las autoridades o en perjuicio de los empleadores o de terceras personas”, entre otras cosas.

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Además del “adoctrinamiento de los niños y niñas en el comunismo”, otra de las razones esbozadas por estos tres candidatos para acabar con Fecode es su intervención en política. Un argumento que no aparece en las prohibiciones, porque fue derogado en 1990. Antes de esa fecha, a un sindicato no se le permitía “intervenir en la política partidista o en asuntos religiosos, haciéndose representar en convenciones o directorios políticos o en congresos o congregaciones confesionales, subvencionando partidos políticos o cultos religiosos o lanzando oficialmente candidaturas a cargos de elección popular”. Sin embargo, con la reforma al código, esto se abolió.

Este principio lo ratificó la Corte Constitucional en el año 2000 con la sentencia C-797. Allí el alto tribunal conceptuó que la libertad sindical comporta “la inhibición, para las autoridades públicas, incluyendo al legislador, de adoptar regulaciones, decisiones o adelantar acciones que tiendan a obstaculizar el disfrute del derecho a la libertad sindical”, así como “la garantía de que las organizaciones de trabajadores no están sujetas a que la cancelación o la suspensión de la personería jurídica sea ordenada por la autoridad administrativa, sino por vía judicial”.

En resumen, ni las posiciones ideológicas, ni la participación en política de un sindicato son causales para acabar con un sindicato. Además, el Estado no puede adoptar leyes que obstaculicen el derecho a la libre asociación.

Un modelo antidemocrático

Consultado sobre el tema, Jorge Robledo, precandidato a la Presidencia por la Coalición Centro Esperanza, comentó que más allá del debate sobre si es posible acabar con Fecode, esta propuesta “tiene un trasfondo perverso que busca acabar con todo tipo de opinión distinta dentro de una sociedad”.

“En una democracia –dice Robledo– todas las asociaciones son importantes. ¡Qué tal que alguien se le diera por proponer acabar con la Andi porque considera que los intereses de los empresarios son contrarios a lo de los trabajadores! Propuestas de este tipo son ‘fascistoides’ y solo buscan acabar con la diferencia e implantar el modelo de sociedad que ellos quieren. Un modelo antidemocrático”.

Por otra parte, expertos consultados por Diario Criterio coinciden en que si bien jurídicamente es difícil acabar con un sindicato sin meterse en líos internacionales por violación a los derechos humanos, este tipo de propuestas estigmatizan aún más el movimiento sindical y abren la puerta para que se utilice la violencia en su contra.

“Promesas como acabar ‘por la vía legal’ a Fecode, porque supuestamente adoctrina a los niños y niñas, termina justificando la persecución violenta en contra de los maestros y maestras del país”, explica Carlos Julio Díaz, investigador de la Escuela Nacional Sindical (ENS).

Al respecto, un informe de la ENS afirma: “Otro fenómeno que reviste gravedad son los permanentes señalamientos contra Fecode por parte del partido de gobierno, Centro Democrático, los cuales generan un ambiente de riesgo y un factor de persistencia de la violencia antisindical contra maestros y maestras sindicalistas”.

Según cifras de la ONG, en 2021 hubo “más de 30 violaciones a los derechos humanos contra maestros y maestras afiliados a Fecode en 2021”. Entre estas el asesinato de dos maestras y dos maestros dirigentes sindicales. Y este año, el 17 de enero, fue asesinado en una vereda del Carmen de Viboral el profesor y líder social Mario Jonathan Palomino Salcedo.