Acabar con la Procuraduría, la propuesta que revivieron algunos congresistas

En medio del debate por el proyecto de ley que mantiene las facultades sancionatorias de esta entidad, algunas voces han puesto en duda la necesidad de contar con una institución de este tipo en Colombia. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Qué alcance tiene la propuesta? 

Este jueves, las comisiones primeras de Cámara y Senado, aprobaron en primer debate el polémico proyecto de ley 423, presentado por la procuradora Margarita Cabello y el ministro del Interior, Daniel Palacios. La iniciativa pretende otorgar al Ministerio Público funciones jurisdiccionales y la posibilidad de crear cerca de 500 nuevos cargos.

En otras palabras, con la aprobación de dicha propuesta, la Procuraduría tendría el poder de suspender o destituir a funcionarios públicos, incluso a los elegidos por voto popular. Para muchos, la medida es inconstitucional, ya que los derechos políticos solo se pueden limitar por una condena penal emitida por un juez competente y no por un órgano disciplinario.

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Así quedó establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que condenó al Estado por la destitución del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Para este tribunal, la actuación de la Procuraduría, dirigida en ese momento por Alejandro Ordóñez, es una violación al artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Mientras el Gobierno asegura que el proyecto de ley está diseñado para cumplir los requisitos de la Corte IDH, los congresistas de oposición dicen que se trata de todo lo contrario y lo califican como una ‘jugadita’ para otorgar más poder a la Procuraduría y perseguir las voces contrarias.

La discusión llegó con fuerza a medios de comunicación y redes sociales, donde algunas voces empezaron a poner en duda la necesidad de contar con la Procuraduría. La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, fue una de las que lanzó su opinión y dio pie al debate.

“Esta es una entidad muy atípica, en otros países se llama Procuraduría a lo que aquí equivale a Fiscalía. Un ente disciplinario como el nuestro, que existe hace 191 años y no fue creado por la Constitución, es un ente que sobra, pues es un fortín burocrático”, dijo Lozano en entrevista con Blu Radio. 

¿Por qué tumbar (o no) la Procuraduría?

Varios analistas aseguran que el debate sobre la funcionalidad de esta institución se viene desarrollando hace un buen tiempo. Sin embargo, el caso Petro-Ordóñez parece ser uno de los mayores detonantes en los últimos años.

Para muchos, esa decisión evidenció algunos efectos negativos de la concentración del poder disciplinario. Desde ese momento, se habló de reformar o moderar los poderes de la Procuraduría, algo que varios sectores consideran necesario, independientemente de la pelea por el proyecto de ley que hoy se tramita en el Congreso.

Otro de los argumentos más importantes para pedir la desaparición de la Procuraduría es la similitud de sus funciones con las de otras entidades. Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia, aseguró al respecto que la institución “es redundante en el ordenamiento jurídico, porque réplica funciones de otros órganos, genera fricciones, es excesivamente costosa, y habría que evaluar su contribución real en el control de la corrupción”.

En la misma línea se encuentra la justificación de la senadora Angélica Lozano, quien afirma que la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía podrían asumir varias de las responsabilidades del Ministerio Público.

Cabe aclarar que, constitucionalmente, la Procuraduría tiene tres funciones principales: velar por el cumplimento de los derechos humanos, realizar control disciplinario e intervenir discrecionalmente en procesos judiciales.

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Para Lozano, con la desaparición de la entidad, la Defensoría podría encargarse de vigilar lo relacionado con derechos humanos, así como la Fiscalía estaría al frente de las intervenciones judiciales. En cuanto a la función disciplinaria, la senadora asegura que todas las instituciones públicas cuentan con órganos de control interno o comisiones de ética, como es el caso del Congreso, que pueden asumir ese rol.

Ella afirma que los empleos hoy generados por la Procuraduría no serían un problema, pues los funcionarios entrarían a otras instituciones para reforzarlas. “Tenemos dos discusiones, la de fondo y más gruesa es eliminar esa entidad y que todos esos funcionarios no queden en la calle, que se vayan a la Defensoría del Pueblo o a la Fiscalía”, dice.

Por otro lado, existen numerosas voces que defienden el papel de la Procuraduría y aseguran que sin esta habría sido imposible sancionar a cientos de alcaldes, gobernadores y funcionarios corruptos. “Una situación de coyuntura no puede llevar a revisar toda la estructura de la Procuraduría”, dijo el constitucionalista Juan Manuel Charry a Ámbito Jurídico, en el contexto de la destitución de Petro.

Los críticos también han salido al paso de estos argumentos, pues aseguran que las faltas de corrupción y delitos contra el erario pueden ser fácilmente investigados desde las contralorías.

Expertos consultados por Diario Criterio también tienen posiciones divididas frente al tema. Alfredo Pertuz, abogado constitucionalista, asegura que: “intentar suprimir la Procuraduría no es un hecho sano, al menos no en materia constitucional, porque eso haría que padeciéramos de un hueco institucional en el que algunos derechos, sobre todos los sometidos en procesos administrativos o penales, quedarán sin garantía”.

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Para Mireya Camacho, PhD en derecho, esta entidad es una de las más importantes del Estado porque defiende y representa los intereses de la sociedad. Sin embargo, asegura que es necesario diferenciar el papel de la entidad y de quien la dirige.

“Obviamente, no son cosas separadas, pero quien dirige la entidad sí puede cambiar la estrategia, por lo menos dedicarse a otras agendas o impulsar determinados procesos que van alejados de las demandas sociales. Hay que revisar su operación y los cambios estratégicos de quien la dirige, pero no considero viable acabarla.”, dice Camacho.

El futuro de la propuesta

Con un panorama tan dividido y teniendo en cuenta la tradición que implica la Procuraduría, lo más probable es que la idea de suprimir la institución se quede en el aire por un buen tiempo. Asimismo, cabe resaltar que la coalición de Gobierno ha demostrado su dominio casi total de las comisiones constitucionales del Congreso, lugar en el cual se debería dar un debate formal del tema.

La misma Angélica Lozano reconoce que ve poco probable un avance de la iniciativa. “La clase política prefiere mantener una entidad en la que tienen poder político para perseguir, presionar y ubicar gente con salarios altísimos”, asegura la senadora.

Por ahora, habrá que esperar la suerte del proyecto de ley 423 en sus próximos tres debates. Asimismo, causa curiosidad la posición que pueda tomar la Corte IDH, que en el mes de agosto hará una audiencia de seguimiento al caso de Gustavo Petro.

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