Abuso policial durante protestas abre de nuevo el debate de quién los debe investigar

La Justicia Penal Militar ya ordenó la captura de tres uniformados por homicidios durante las protestas. El 10 de mayo fueron capturados dos uniformados por el caso de Santiago Andrés Murillo, asesinado el 1° de mayo en Ibagué (Tolima). Un día después, la Fiscalía General solicitó que el caso quedara en la justicia ordinaria. ¿De qué depende y qué implica que el caso salga de la Justicia Penal Militar?

Esto es importante, si se sabe que el paro nacional ha dejado 42 víctimas mortales (incluido un oficial de la Policía) según los registros de la Defensoría del Pueblo, pero aún son muchas las denuncias de ciudadanos y organizaciones civiles por violación de derechos humanos y abuso de la fuerza.

Frente al caso de Murillo, la Fiscalía argumentó que para defender los derechos humanos, pedirá tener la competencia y no la Justicia Militar, “con el fin de de esclarecer e investigar las circunstancias relacionadas con la muerte de este joven”. Además, agregó que cuentan con elementos materiales probatorios y que velarán por el esclarecimiento de todos los casos en los que la competencia sea de la justicia penal ordinaria.

La abogada Mireya Camacho explica que la Justicia Penal Militar y policial está reglamentada en la Ley 1407 de 2010, que adoptó el Código Penal Militar y que fue modificada por la Ley 1765 de 2015. Según la norma, dicha justicia se aplica cuando miembros de la fuerza pública (Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional) cometen delitos en servicio activo y en relación con el mismo, es decir, actos que se deriven directamente de la función militar o policial asignados por la Constitución, la ley y los reglamentos.

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De esta jurisdicción están excluidos los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, de lesa humanidad o aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario, es decir, los definidos en convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia. También están excluidas las conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la fuerza pública y que, por su sola comisión, rompan el nexo funcional del agente con el servicio. En esta excepción se ubican los excesos y abusos de la fuerza pública durante las protestas.

En ese sentido, Camacho recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “la función legítima de los cuerpos de seguridad es proteger a los manifestantes pacíficos y garantizar la seguridad pública actuando con completa imparcialidad con relación a todos los ciudadanos (…), sin importar su filiación política o el contenido de sus manifestaciones”.

En conversación con Diario Criterio, Cesar Raúl Guzmán, abogado penalista y docente universitario, recordó que la Policía solo puede usar la fuerza cuando está en peligro inminente su integridad. Incluso, recuerda que un reglamento de las Naciones Unidas respecto a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, establece que los miembros de la fuerza pública solo pueden usar la fuerza cuando su vida está en riesgo.

“Si están acompañando las marchas y utilizan las armas, en especial las de fuego, contra los manifestantes, esto desborda el acto del servicio y por eso ya no deberían estar cobijados por la Justicia Penal Militar”, expresó Guzmán.

De acuerdo con la abogada Camacho, en la Justicia Penal Militar y policial las condenas principales por estos delitos son prisión y multa. Las penas accesorias son: restricción domiciliaria, interdicción de derechos y funciones públicas, prohibición del ejercicio de un arte, profesión u oficio, suspensión de la patria potestad, separación absoluta de la fuerza pública, prohibición de porte y tenencia de armas de fuego y prohibición de consumir bebidas alcohólicas.

La pena de prisión en la Justicia Penal Militar y Policía es de máximo 50 años, cuando hay concurso con otros delitos pueden ser de máximo 60. Mientras que en la jurisdicción ordinaria la pena máxima es de 60 años.

“Ambas jurisdicciones tienen el procedimiento establecido para el sistema penal acusatorio. Recientemente, la Justicia Penal Militar y Policial adoptó mecanismos como la Fiscalía General Penal Militar y Policial. Esta jurisdicción especializada se ejerce por fuera de la estructura militar, es una Unidad Administrativa Especial de la Rama Ejecutiva del orden nacional”, explica Camacho.

Dentro de los delitos que establece este código, se encuentra el de abuso de autoridad especial, en el artículo 165: “El que fuera de los casos especialmente previstos como delitos, por medio de las armas o empleando la fuerza, con violencia sobre las personas o las cosas, cometa acto arbitrario o injusto, incurrirá por esta sola conducta en prisión de uno a tres años”.

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Esta es una de las razones -argumenta Camacho- por las cuales preocupa que los hechos cometidos en el marco de las protestas se imputen como abuso de autoridad especial y no como homicidio.

Las penas por homicidio van entre 208 y 450 meses de cárcel o 600 cuando se comprueban agravantes, como ocultar información sobre el hecho, o cuando se trate de defensores de derechos humanos, miembros de organizaciones reconocidas, político o religioso, periodistas, entre otros. Las penas en el caso de lesiones personales, según los días de incapacidad, van entre 16 y 108 meses de prisión.

El abogado Guzmán afirma que en la justicia ordinaria son más altas las penas y los acusados pagan las condenas en cárceles civiles y no militares.

Por otro lado, el 6 de mayo también fue capturado el mayor de la Policía Carlos Javier Arenas Niño por el caso de Brayan Fernando Niño, también asesinado el 1° de mayo, en Madrid, Cundinamarca, por ahora la Fiscalía no se ha pronunciado al respecto.

Esto se debe, según Guzmán, a que la Fiscalía en el caso de Murillo ya identificó que se presenta un conflicto de competencias, pues la justicia ordinaria considera que debe investigar los hechos que ya están en la Justicia Penal Militar. El conflicto lo dirime el Consejo Superior de la Judicatura.

El abogado concluye señalando que hay casos polémicos como el de Dilan Cruz, que en este momento está en la Justicia Penal Militar, aunque se ha argumentado que debería ser competencia de la ordinaria por los elementos de tiempo, modo y lugar. Otro caso recordado es el de Javier Ordóñez que sí pasó a la justicia ordinaria.

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