Atentado a Duque evidencia que orden público está fuera de control en Cúcuta

Cúcuta y Catatumbo se salieron de control. No es una situación nueva y se remite varios años atrás cuando los grupos armados ilegales se tomaron el control de la región, epicentro del tráfico de drogas y otras economías ilícitas. De nada han valido los anuncios de millonarias inversiones y donaciones para obras en la región, ni el fortalecimiento de los batallones que allí operan para poner en cintura a estas agrupaciones.

Dos hechos recientes dan cuenta de la grave situación de orden público que atraviesa Catatumbo y Cúcuta: el carrobomba en la Brigada 30 de Cúcuta del 15 de junio y los disparos al helicóptero en que se transportaba el presidente Duque cuando sobrevolaba la ciudad. Irónicamente, el mandatario visitaba Sardinata para anunciar nuevas inversiones en Catatumbo. Todo esto sin contar las masacres y asesinatos que han ocurrido en los último dos años.

Ambos hechos ponen otra vez sobre la mesa la grave situación de orden público que atraviesa la capital del Norte de Santander. Narcotráfico, guerrillas, bandas armadas ilegales, disidencias de las Farc, carteles mexicanos, asesinatos, desapariciones y ajustes de cuentas hacen parte del coctel que tiene a esta capital en jaque. Lo grave del asunto: no hay soluciones a la vista.

Para los nortesantandereanos, los dos hechos muestran la situación que viven por cuenta de los grupos armados ilegales y que hace parte de su cotidianidad desde hace cinco años.

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No es una percepción. Las masacres en la zona rural de Cúcuta y los asesinatos en el casco urbano han aumentado exponencialmente. Según Medicina Legal, entre enero y abril de 2017 y el mismo periodo de 2018 hubo un aumento del 437 por ciento, al pasar de 16 a 70 casos. Cifra que se ha mantenido en los siguientes años. En los primeros meses ocurrieron 88 muertes violentas en 2019, en 2020 se registraron 74 y en lo corrido de este año ya son 71. Autoridades y ONG coinciden en que ese incremento se debe al conflicto entre bandas armadas ilegales por el control de Cúcuta y de la frontera colombo-venezolana.

Cultivos ilícitos

En los últimos años, el Catatumbo se ha convertido en una de las regiones con mayor extensión de cultivos de coca. En la actualidad, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hay más de 40.000 hectáreas sembradas con esta planta. Eso ha hecho que los distintos grupos armados ilegales, incluidos los cárteles mexicanos, hayan incrementado sus enfrentamientos por controlar la región y las rutas para sacar la cocaína tanto por el Magdalena Medio (Ocaña), como por la frontera venezolana.

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El problema radica en que, por su cercanía a la frontera y la posibilidad de ser enviados a Centroamérica a través de Venezuela, ha hecho que los cultivos se hayan expandido hacia la zona rural de Cúcuta y a su municipio vecino de Puerto Santander.

“Hace cinco o siete años los cultivos se encontraba de Sardinata a Catatumbo. Ahora se encuentran a pocos kilómetros del casco urbano de Cúcuta. Y las razones de la expansión son lógicas. Producir base de coca o cocaína cada vez mas cerca de la frontera es más rentable”, explica Edwar Álvarez, dirigente social y defensor de derechos humanos.

Así, la guerra en el Catatumbo por el control de los cultivos y las rutas de tráfico de coca y de armas se trasladó a Cúcuta y Puerto Santander.

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Control territorial

“El ELN adaptó sus estructuras para hacer presencia en Cúcuta y ahora tenemos una guerrilla urbana muy fuerte que controla tanto en el casco urbano como las zonas rurales y que entra en confrontaciones con otras bandas como Los Rastrojos y el Clan del Golfo. Esa pelea territorial es la que nos tiene jodidos”.

Las palabras dichas por un periodista de la región a Diario Criterio resumen lo que está sucediendo en Cúcuta. La situación de zozobra en la capital del Norte de Santander inició hace unos 5 años cuando el ELN empezó su expansión a raíz del reacomodo territorial de los grupos armados ilegales, luego de la desmovilización de las Farc y de su frente 33 que operaba en el Catatumbo. Su objetivo: volverse amos y señores de la frontera.

Poco a poco, el frente de guerra nororiental arrancó una lucha por copar los territorios dejados por el frente 33 de las Farc. Su principal enemigo eran os Pelusos, que años después lograron replegarse a sus zonas históricas del Catatumbo y a una presencia mínima en Cúcuta y Puerto Santander. Al mismo tiempo enfrentó a Los Rastrojos, quienes también buscan dominar la región.

El ELN logró neutralizar a los Pelusos’ en Cúcuta y Puerto Santander. Y desde 2019 se unió con la disidencia del frente 33 para dominar esta región. En una entrevista dada a Radio Nacional de Colombia, Javier Tarazona, director de la ONG FundaRedes, afirmó que esta guerrilla y “las disidencias de las Farc controlan los más de 500 pasos fronterizos ilegales que comunican a Zulia, Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas con Colombia“.

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Ahora la guerra del ELN en Cúcuta, en especial en su zona rural, y Puerto Santander, es contra Los Rastrojos, la cual se ha intensificado en los últimos dos años. Estos últimos han buscado alianzas con el Clan del Golfo para enfrentar el poderío militar de la guerrilla. Según las denuncias de la población, las Autodefensas Gaitanistas hacen presencia en los corregimientos de Palmarito y Banco de Arena (Cúcuta). La alianza busca expulsar al ELN de la capital del Norte de Santander y de Tibú, la puerta de entrada al Catatumbo.

Difícil situación humanitaria

Esta lucha territorial ha dejado como saldo varias masacres y desplazamientos forzados. El año pasado, Los Rastrojos cometieron dos asesinatos colectivos. En uno de ellos descuartizaron y echaron en costales los cuerpos de dos jóvenes.

Según las ‘Alertas tempranas’ de la Defensoría del Pueblo para Cúcuta y Puerto Santander, los habitantes de las zonas rurales han sufrido de extorciones, secuestros extorsivos, amenazas en panfletos o cadenas de WhatsApp, torturas, trata de personas y violencia sexual.

Según los habitantes de la región, todas esas violaciones suceden prácticamente frente a los ojos de la fuerza pública que, además de no poder tomar el control territorial, ha sido víctima de estos grupos ilegales, como sucedió en el reciente atentado a la Brigada 30.

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