Colombia, en la mira de la comunidad internacional por el abuso de la fuerza

Esta semana, después de seis días de paro, por primera vez en la historia de Twitter un hashtag nacional fue tendencia mundial:  #SOSColombia.

De inmediato, personalidades, medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y hasta entidades internacionales le pidieron al Gobierno de Colombia respetar los derechos humanos. 

“Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali la pasada noche, cuando la Policía abrió fuego contra los manifestantes”, afirmó a principios de esta semana Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

También le recordó a las autoridades “su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida“.

Peter Stano, portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, afirmó que la Unión Europea “condena los actos de violencia, que apuntan contra los derechos legítimos a manifestarse, a la libertad de reunión y de expresión”.

Mientras tanto, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA por su siglas en inglés), solicitó a la administración de Joe Biden y al Congreso de Estados Unidos “condenar los excesos policiales”, instar al Gobierno colombiano a reformar el Escuadrón Móvil Antidisturbios e incluso manifestó que “el Esmad no debe recibir ayuda de Estados Unidos, ya que tiene un historial de cometer graves violaciones de los derechos humanos con impunidad”.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Right Watch, ha hecho un llamado a que la protesta sea pacífica y a que “las fuerzas de seguridad respeten los DDHH”.

Desde la organización han condenado todo tipo de actos violentos y llevan un registro de 36 muertes durante las protestas.

Amnistía Internacional, el 4 de mayo, denunció la respuesta militarizada y represión policial, además, le solicitó a las autoridades ponerle fin tras publicar evidencia audiovisual “del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la fuerza pública en el control de las manifestaciones”. Esta fue verificada por su Cuerpo de Verificación Digital. 

“El descontento de la población por medidas económicas que no percibe como justas y que pueden poner en riesgo sus derechos humanos no debe ser calificado como vandalismo y terrorismo, como lo ha hecho el presidente Iván Duque, y ser utilizado como excusa para reprimir violentamente”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. 

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, legisladores y organizaciones civiles le pidieron al presidente moderar la respuesta al paro. Jalina Porter, portavoz adjunta del Departamento de Estado, dijo que el país está “sumamente entristecido por la pérdida de vidas durante las protestas en toda Colombia (…) en todo el mundo, los ciudadanos en países democráticos tienen el incuestionable derecho a protestar pacíficamente. La violencia y el vandalismo son un abuso de ese derecho”.

Le puede interesar: Las razones de la ruptura entre el Gobierno y la calle

Porter instó a la “máxima moderación por parte de la fuerza pública para evitar más pérdidas de vidas”, además dijo que reconocen el compromiso del Gobierno de Colombia de investigar las denuncias de excesos judiciales y abordar cualquier violación de los derechos humanos. Y pidió apoyar esfuerzos para un diálogo político.

Asimismo, el representante demócrata Jim McGovern manifestó preocupación por “la brutal respuesta de la Policía”. Además señaló que “esto es parte de un patrón perturbador de uso excesivo de la fuerza, asesinatos y violaciones de derechos humanos contra manifestantes en noviembre de 2019, septiembre de 2020 y abril-mayo de 2021″.

Por su parte, Gregory Meeks, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, le pidió al presidente Duque reducir la violencia y dejar claro que el uso excesivo de la fuerza es imperdonable. 

Los medios internacionales también están siguiendo la situación del país. “Una mezcla combustible en Colombia”, tituló The New York Times su edición impresa de este 6 de mayo. Y en el portal web en español se lee el titular: “La policía de Colombia responde a las protestas con balas y hay más muertos”.

El texto reconstruye con testimonios el estallido social. Asimismo, el diario británico The Guardian abrió una línea de WhatsApp y un formulario en línea para enviar fotos, videos, audios, textos donde se evidencie la violencia vivida durante el paro nacional.

De hecho, ciudadanos en países como Chile, Alemania, España se han solidarizado con Colombia y han realizado manifestaciones.

Leer: La portada de ‘The New York Times’ que denuncia los abusos policiales en Colombia y le da la vuelta al mundo

La respuesta del Gobierno

Frente a las críticas internacionales, el Gobierno adelantó acciones. La Cancillería realizó el 5 de mayo, de manera conjunta con el Ministerio de Defensa, una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el país. Allí la canciller Claudia Blum aseguró que la “comunidad internacional sabe que Colombia es un Estado de Derecho”

Ante la presión internacional, el presidente Iván Duque propuso una mesa nacional con los líderes del Comité del Paro, el próximo 10 de mayo.

El 5 de mayo, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, dijo que los cargos por tres de las once muertes que ya se relacionaron con la protesta les serán imputados a miembros de la Policía Nacional.

“Seguimos trabajando como una sola institucionalidad, avanzando por preservar el Estado de Derecho en Colombia y, por supuesto, en defensa de los derechos humanos y de los derechos de toda la ciudadanía”, aseguró. 

Asimismo, las altas cortes se reunieron con Duque y expidieron un comunicado conjunto en el que reafirmaron su compromiso con el orden constitucional. Entre otras cosas, rechazaron los “actos criminales, de violencia, terrorismo, vandalismo y vías de hecho que afectan el derechos fundamental a la protesta (…)”.

A la vez, respaldaron el diálogo nacional y, finalmente, señalaron que “los delitos que en el marco de la protesta se han presentado contra los ciudadanos o servidores públicos deben ser investigados, priorizados y sancionados por las autoridades competentes”. 

En la mañana de este jueves, el ministro del Interior, Daniel Palacios, expresó que la acción de las autoridades se ha limitado a responder a las acciones vandálicas, que no es bueno que se ponga en duda la autoridad y, frente a  las críticas a la Fiscalía, dijo que esta ha actuado con eficacia. 

Luego, defendió a Duque afirmando que el presidente ha dicho “una y otra vez” que “este gobierno no tolera el abuso policial, este gobierno no tolera la extralimitación del uso de la fuerza”.

Según el ministro Palacios, han colaborado con las autoridades para las investigaciones, además,  rechazó que se estén “sembrando dudas” sobre la Policía y que pretendan “socavar la autoridad”

El Congreso también puso manos a la obra. Las comisiones primeras conjuntas destinaron la sesión del pasado 5 de mayo para dialogar sobre el escenario actual, pidieron adelantar el diálogo con líderes y aprobaron una propuesta del senador Alexander López, del Polo Democrático, que sugiere la creación de una comisión especial que sería la mediadora entre el Gobierno y los manifestantes.

También aprobaron una propuesta del senador Roy Barreras para buscar acercamientos para lograr que entren y salgan los alimentos, el oxígeno y las misiones médicas en donde existan bloqueos. Este jueves, en audiencia pública, la plenaria del Senado convocó a diferentes sectores que apoyan el paro para abordar la situación.  

En todo caso, la situación sigue siendo tensa. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 24 personas han muerto en las manifestaciones, incluido un capitán de la Policía, y otras 89 desaparecieron, de las cuales 38 ya fueron encontradas en articulación con la Fiscalía.

Las cifras de las organizaciones defensoras de derechos humanos son distintas. Según la ONG Temblores, 37 personas fueron asesinadas, hay 11 denuncias de violencia sexual y más de 1.700 casos de violencia policial.

Lo que está en juego

Que la imagen del Gobierno de Iván Duque se relacione con la violación a los derechos humanos puede tener varias implicaciones en materia internacional.

Principalmente, pone en riesgo la buena relación que ha sostenido Estados Unidos con Colombia en el último tiempo, expresada en su apoyo y financiamiento en temas armamentísticos como la lucha contra las drogas y el conflicto interno.

Sobre todo porque, desde su llegada a la Casa Blanca, el presidente Joe Biden ha manifestado su compromiso con la defensa de los derechos humanos.

Desde WOLA incluso señalan que Estados Unidos debería sancionar al Esmad por las violaciones y abusos que han denunciado ciudadanos, medios de comunicación y organizaciones internacionales.

La oficina argumenta que el financiamiento estadounidense a la policía colombiana atenta contra la Ley Leahy, que prohíbe el apoyo de Estados Unidos a las fuerzas de seguridad implicadas en violaciones de derechos humanos.

“WOLA recomienda encarecidamente que se suspendan las ventas de materiales de control de multitudes a Colombia en espera de pruebas de un cumplimiento más estricto de los procedimientos adecuados para la reducción y el uso de fuerza letal y no letal”, dice un comunicado oficial de la organización.

En esto coincide el representante demócrata Meeks, quien dijo que es imperativo que la Ley Leahy se aplique, “para dejar claro que Estados Unidos no apoyará a las fuerzas de seguridad involucradas en graves violaciones de derechos humanos”.

En conversación con Diario Criterio, el profesor de la Universidad Externado Alejandro Bohórquez señaló que hay una relación asimétrica entre los dos países, pues Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia.

“Es muy importante -dice Bohórquez- para el Gobierno tener una buena relación con el presidente de ese país. Con Álvaro Uribe, cuando se posicionó Obama, muchos de los proyectos como el TLC quedaron bloqueados; y cuando Juan Manuel Santos logró ganarse la confianza, muchos proyectos fueron apoyados”.

Además, resalta que Duque tenía un aliado ideológico en Trump, pero ahora que “la base votante de Biden es centro-izquierda o izquierda, que apoya movimientos sociales y la defensa de los derechos humanos”.

En consecuencia, el silencio de Biden ante los procedimientos de Duque en esta crisis, puede implicar que sus votantes “le pasen factura”.

Por eso Bohórquez afirma que desde el principio Biden se ha mostrado reacio al Gobierno Duque: “Los hechos recientes podrían significar que Estados Unidos deje de apoyar militarmente a Colombia. Este país es uno de los mayores ‘contribuyentes’ en ese sentido, muchos de nuestros ‘recursos bélicos’ o material de seguridad provienen de allá. Esto pondría a Duque en aprietos”.

Finalmente, el catedrático concluye que el Gobierno Duque atraviesa una crisis de legitimidad, dentro y fuera de Colombia.

Lawrence Gumbiner, exdiplomático norteamericano y consultor internacional, afirmó que hay una gran preocupación: “Las imágenes se ven claramente como un abuso policial, especialmente para Estados Unidos y Europa”.

El exdiplomático considera que se pueden causar tensiones en las relaciones, pero todavía no ve un asunto crítico que pueda afectar el entorno de las relaciones diplomáticas.

Sin embargo, considera que “si empeora la situación policial se puede causar más daño”. También destacó -como Bohórquez- que la nueva administración de Estados Unidos tiene un enfoque fuerte en derechos humanos, el escenario sería distinto con Trump.

De ahí la importancia de que Duque reconozca la situación y pueda darle un buen manejo, principalmente, judicializando a los responsables.

Puede leer: Biden borró el fantasma de Trump en sus  primeros 100 días, pero lo más duro está por venir

Otro asunto que está en juego para el país, por cuenta de la presión internacional, es la calificación que otorgan las calificadoras de riesgo internacional y que inciden en las tasas de intereses a las cuales prestan dinero las entidades tanto nacionales como internacionales; haciendo que si, la calificación baja, los intereses suban profundizando aún más el déficit fiscal que para el caso de Colombia ya está en niveles insostenibles de cerca del 8 por ciento, fuera de cualquier rango fijado por la regla fiscal.

Regla fiscal que, en últimas, era lo que pretendía modificar el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla con su reforma tributaria fallida, y que fue la chispa que encendió la llama de la protesta nacional.

1 Comentarios