“Deberíamos poder salir a protestar sin miedo a la violencia sexual”: organizaciones de mujeres

“Me manosearon hasta el alma”, dijo Alison Salazar por redes sociales antes de morir. El 12 de mayo a las 8:57 de la noche, esta adolescente de 17 años fue detenida por el Esmad, en Popayán. En el video se observa que los uniformados la llevaron por la fuerza, sujetada de pies y brazos, sin esposar, hacia una Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía. También se escuchan los reclamos de Alison porque le estaban bajando el pantalón en el forcejeo.

La joven, por medio del mensaje publicado en su cuenta de Facebook, denunció violencia sexual. Trece días después, la Fiscalía informó que el dictamen de Medicina Legal concluyó que no fue violada. Un anuncio cuestionado porque ni la joven, ni sus padres, ni los abogados, ni los colectivos feministas denunciaron acceso carnal violento, sino acto sexual violento. “Salir a desmentir un delito que jamás se ha denunciado es una manera de manipular la investigación”, dijo la abogada Liliana Silva, del colectivo feminista Casa de la Mujer.

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Una patrullera de la Policía denunció ser torturada el 29 de abril en Cali. En conversación con El Tiempo, la mujer contó que estaba trabajando en uno de los CAI de Aguablanca, cuando una turba atacó las instalaciones. Varios hombres la arrastraron, mientras ella rogaba por su vida. La patrullera fue golpeada, insultada, amenazada y agredida sexualmente.

Estos dos casos hacen parte de los 106 reportes de violencia basada en género que la Defensoría del Pueblo recibió entre el 28 de abril y el 21 de mayo, en el marco del paro nacional; 23 son casos de violencia sexual. Los demás incluyen, entre otras cosas, tortura física, tortura psicológica, cachetadas, pellizcos y jaladas de pelo.

Las mujeres, cada vez más en las calles

Las mujeres se están tomando las calles. La movilización se ha convertido en una herramienta importante para posicionar su agenda política. Así lo destaca a Diario Criterio Viviana Rodríguez, abogada especialista en derechos humanos y coordinadora jurídica de la Corporación Humanas. Lamentablemente, crecen las denuncias de agresión sexual durante las protestas, un tema que las organizaciones de derechos humanos y de mujeres alertaron desde hace años, incluso en la Primavera Árabe, cuando las manifestantes denunciaron agresión sexual por parte de las fuerzas de orden público.

En Colombia, de acuerdo con Rodríguez, el análisis ha sido tímido: “Es más fácil denunciar en los medios que a los jóvenes los han agredido físicamente, que los detienen arbitrariamente, pero cuesta más para las víctimas y para la sociedad hablar de violencia sexual”.

Según el registro de la Corporación Humanas, en el paro nacional de 2019 cinco mujeres denunciaron agresión sexual, y en septiembre de 2020 —en medio de las movilizaciones en contra de la violencia policial— se reportaron dos casos, uno de una mujer periodista y otro de una estudiante de periodismo.

“La violencia sexual es una herramienta de control patriarcal. En este contexto lo utilizan como una forma de desincentivar la participación, de decirnos que no deberíamos estar en las calles protestando y el castigo que recibimos es la violencia sexual”, explica. Enfrentarse al Estado -dice Rodríguez- implica la muerte, la pérdida de ojos, tener un proceso judicial y para las mujeres también puede implicar este tipo de violencia.

En esto coincide María Adelaida Palacio, abogada y gerente de Sisma Mujer. Para ella, la situación evidencia roles marcados de género: a las mujeres no solo se les castiga por protestar, “sino también por desarrollar ejercicios políticos que la sociedad considera que no le corresponden”.

La abogada, consultada por Diario Criterio, recuerda que en un escenario de militarización las mujeres corren riesgos específicos, como ser víctimas de violencia sexual: “Así lo señala también en el auto 009 la Corte Constitucional”. En el marco del conflicto armado, las agresiones sexuales se conciben como una forma de imponer dominio, característica que para Rodríguez también se evidencia en las protestas:

“No es un ejercicio del placer de los hombres, sino de dominio de un cuerpo y de lo que ese cuerpo representa, en este caso, la protesta de mujeres jóvenes”.

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La Casa de la Mujer asesora algunos casos de violencia sexual reportados durante el paro nacional de 2021. Olga Amparo Sánchez, coordinadora de esta organización feminista, señala que este tipo de violencia se basa en relaciones de opresión y subordinación y está presente en la vida cotidiana de las mujeres, tanto en lo público como en lo privado; este no es un hecho aislado, pero que se genere en el escenario de protesta es aún más crítico porque manda un mensaje de terror y miedo al resto de las mujeres.

Marcha feminista 18 de mayo. Tomada de @caribenxs

“Las jóvenes narran que los policías las hacen correr por un parque mientras les gritan ‘las vamos a violar, qué bueno lamerlas’, o comentarios como ‘mechudas, ¿qué hacen por acá? La próxima vez que las veamos las vamos a violar´”, relata Sánchez. Mujeres policías también son víctimas de estas violencias. Algunas le han narrado a la Casa de la Mujer que las obligan a desnudarse. “Cuentan que las obligan a hacer cunclillas o a lavar baños desnudas; eso es violencia sexual”.

La coordinadora de la organización feminista asevera que ningún caso es admisible y recuerda que la patrullera de la Policía que denunció públicamente fue revictimizada por redes sociales. Allí la responsabilizaron de los hechos, y cuestionaron el testimonio y que no se haya defendido. Del mismo modo, Palacio reconoce que hay un profundo machismo en las acciones, no solo de la Policía, sino también de los civiles.

Acceso a la justicia

La denuncia social produce reacciones de solidaridad, pero las víctimas corren el riesgo de ser juzgadas desde unos estereotipos y cuestionamientos que pretenden justificar, naturalizar y garantizar la impunidad de los hechos. Aun así, Rodríguez sostiene que esta es una salida legítima ya que muchas mujeres deciden no denunciar penalmente porque no ven garantías. En cambio confían en que la denuncia social sirve para algo, para generar conciencia, para que se hable del tema.

“En los casos de 2019 y 2020 no hubo una respuesta institucional respecto a qué pasó, quiénes fueron los responsables”, asegura. De ahí la necesidad de superar barreras institucionales para que las mujeres confíen en que las denuncias darán resultado.

En Colombia, según el Registro Único de Víctimas, a la fecha más de 30.086 mujeres han sido víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual. La Corte Constitucional incluyó en el auto 092 de 2008 y el auto 009 de 2015 algunos casos de violencia sexual con ocasión del conflicto armado; sin embargo, la Mesa de Seguimiento identificó un nivel de impunidad del 97 %.

De acuerdo con el análisis de datos de Sisma Mujer, las cifras de acceso a la justicia de la Fiscalía, en los datos abiertos para el año 2020, reportan 23.237 delitos sexuales (19.650 corresponden a mujeres, 3.187 a hombres y en 400 casos no se registró el sexo de la víctima). El 90,02 por ciento de los casos contra mujeres se encuentra en la primera fase del proceso, indagación; solo el 0,44 por ciento se encuentran en etapa de ejecución de penas y el 7,52 por ciento en juicio.

La gerente de Sisma Mujer agrega que, por los obstáculos que tienen las mujeres para denunciar, los estereotipos, la violencia institucional y la revictimización, hay un subregistro en las cifras. Y estos casos -dice la experta- son aún más complejos: a los estigmas que recaen sobre las mujeres se suman los que hay sobre las personas que protestan y los obstáculos de siempre se agravan ante el silencio institucional:

Nos preocupa que la Defensoría y Procuraduría —que históricamente han acompañado las demandas de las mujeres— no actúen como corresponde. Notamos que están justificando las violencias en el marco de las protestas”.

La respuesta de la Fiscalía al caso de Alison dejó más tensiones en el ambiente. Para Sánchez, es inadmisible que digan que no hubo violencia sexual porque en el examen de Medicina Legal se reporta que no hubo violación: “El Código Penal es muy claro. Hay actos sexuales abusivos que no implican violación. Manosear a una mujer, amenazarla con violarla es violencia sexual. Es muy grave que la máxima instancia de investigación haga un pronunciamiento de ese tipo”.

Las organizaciones piden investigación y garantías

Jomary Ortegón Osorio, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y de la Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas, asegura que sí existe un sistema de protección para las mujeres víctimas de violencia sexual, pero que el reto es cumplirlo a cabalidad: “En todo el proceso existen reglas que incluyen la no revictimización, el trato digno, el derecho a que las víctimas sean informadas de los procedimientos, estipuladas, entre otras, en la Ley 1257 de 2008”.

La abogada de Cajar explica que dentro del reporte de la Defensoría del Pueblo se incluyen hechos que pueden tipificarse como delitos, pero que sin excepción todos se deben investigar. Si son cometidos por funcionarios públicos, se abren investigaciones disciplinarias. Ortegón asegura que los hechos de violencia sexual y violencia basada en genero deben ir a la justicia ordinaria, pues son violaciones a los derechos humanos.

En cuanto a las sanciones, Rodríguez argumenta que no basta con sancionar a un policía: “Es necesario que la Policía se pregunte por qué esas prácticas se están perpetrando en la institución como forma de reacción a la protesta”. La coordinadora de la Casa de la Mujer agrega que otra pregunta válida es cómo la estructura militar entrena a sus miembros, teniendo en cuenta que se ha denunciado que hay cantos misóginos.

Las abogadas coinciden en que, hasta ahora, no se han adelantado los mecanismos pertinentes para garantizar los derechos de las mujeres en el marco de la protesta y que el Estado no ha dado una respuesta contundente a las denuncias de violencia sexual. Sánchez expone que, si una mujer es violentada sexualmente, todas las mujeres son susceptibles de serlo: investigar, reprochar los actos y entender en qué cuerpos se materializan las violencias es fundamental.

Para Palacio, reconocer el rol político de las mujeres, evidenciar que hay marcas de género en la violencia, el acompañamiento a las víctimas, que el Estado diga concretamente que la violencia sexual no puede ser una forma de represión y dar garantías de no repetición son pasos necesarios.

El primer paso, para la abogada Rodríguez, debe ser reforzar, fortalecer y rodear la participación de las mujeres. En esa línea, Ortegón destaca la valentía de las mujeres que siguen saliendo a las calles y los actos de solidaridad de muchas mujeres que frente a las estaciones de Policía reclaman por la vida e integridad de sus compañeras porque, “como dice la canción, si tocan a una respondemos todas”.

“Deberíamos poder salir a protestar sin miedo a que nos manoseen, a que nos hagan comentarios obscenos, a que nos toquen, a que nos violenten sexualmente”, concluye.

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