Defensor del Pueblo: ¿de paseo durante el paro nacional?

El defensor Carlos Camargo Assis aseguró que desde el primer día de paro nacional ha estado pendiente de las movilizaciones. Sin embargo, distintos sectores han cuestionado su ausencia en momentos cruciales.

Camargo presidió un puesto de mando unificado (PMU), el 28 de abril, junto a los defensores regionales e hizo una declaración en la que rechazó los hechos violentos y solicitó a los manifestantes protestar de manera pacífica.

“Hago un llamado al diálogo social, al respeto por la vida. Le garantizo al país que continuaremos velando por el respeto de los derechos humanos de todos los colombianos”, afirmó.

El defensor volvió a pronunciarse hasta el sábado 1 de mayo cuando presentó un resumen de los heridos y las afectaciones basándose en los informes de la Fiscalía General. El domingo se reunió con el ministro de Defensa, Diego Molano, y a través de un video explicó las acciones que han adelantado.

Entre otras cosas, dijo que instauró un comité para garantizar el derecho a la protesta social pacífica. “Ha funcionado 24 horas con reportes en tiempo real de las 42 regionales”, explicó. La Defensoría de Pueblo desplegó 343 funcionarios en las calles para acompañar las manifestaciones y 281 defensores públicos que atienden los centros de detención transitoria.

Pese a las declaraciones de Camargo, las críticas no cesan. Sobre todo después de que este lunes, W Radio reveló que camionetas oficiales asignadas al funcionario fueron detectadas en el peaje de San Pedro, en la vía Bogotá-Anapoima, en la tarde del jueves 29 de abril.

Frente a eso, Camargo aseguró en entrevista con ese medio que él no estaba en los vehículos: “No iba en esos carros. Desconozco la agenda de los vehículos. No tengo el pormenor de cómo es el desarrollo y las movilizaciones de los vehículos míos”.

El funcionario negó haber estado en Anapoima o en Miami, como también se había rumorado: “En ninguna de las anteriores (…) Estoy concentrado en el monitoreo de todas las situaciones a lo largo y ancho del territorio”.

Al principio no fue preciso al responder en qué sitio se encontraba desde el 29 de abril, día en que sus camionetas iban hacia Anapoima: “Nosotros estamos en la región, en territorio”, explicó varias veces. Incluso llegó a afirmar que ha visto las denuncias sobre presunto abuso por información que llega de internet: “A mí me llegan de manera permanente todos los videos, todas las imágenes”. Al final aseguró que el jueves y viernes estuvo en Bogotá.

Entre las personas que han criticado a Camargo se encuentra la representante a la Cámara María José Pizarro: “El Defensor del Pueblo no defiende al pueblo. ¿En dónde está el señor Carlos Camargo?”.

“Mientras el país estaba incendiado, la fuerza pública descontrolada, la Policía y el Esmad disparaban contra la gente, el defensor del Pueblo Carlos Camargo estaba de descanso en Anapoima ‘monitoreando el país’”, aseveró la senadora del Partido Comunes Sandra Ramírez.

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La activista política Catherine Juvinao dijo que la entrevista debe “costarle el puesto”. En esto coincidió el periodista Félix de Bedout: “Dice que siguió los acontecimientos de los últimos días desde un lugar que no confirma y viendo vídeos de internet. ¿Debería renunciar el “defensor del Pueblo? Sí, ¿Renunciará? No. Se perdió todo sentido del ridículo y la vergüenza”.

Las críticas no son nuevas. Desde agosto de 2020, cuando fue elegido como defensor del Pueblo, varios sectores políticos advirtieron una posible falta de independencia con el Gobierno nacional.

“Hoy es uno de esos días vergonzosos del Congreso: una elección que más parece una burla a la Constitución y a los ciudadanos. Elegir un defensor del Pueblo sin mérito, sin garantías, solo por la voluntad aplastante de los partidos tradicionales”, indicó en su momento el representante a la Cámara Mauricio Toro.

En las últimas semanas el senador Iván Cepeda envió una queja disciplinaria a la Procuraduría. Según el congresista, el defensor nombró en el cargo a defensores regionales y delegados que no contarían con la experiencia ni los conocimientos para el ejercicio de sus funciones, “pero que, por el contrario, sí tienen claras afiliaciones políticas con los partidos que lo ayudaron en su elección”.

Uno de los casos más polémico fue el nombramiento de José Augusto Rendón como defensor del Pueblo regional de Urabá. Comunidades de esta zona denunciaron al funcionario por su relación con empresarios vinculados a procesos de restitución de tierras. Además, en su momento se denunció que Rendón tenía conflictos de interés por su pasado como abogado de privados.

De hecho, en la entrevista con W Radio el defensor se refirió a las críticas sobre su supuesta cercanía con el Gobierno: “Nosotros tenemos muy claro, y en eso quiero ser contundente, que no nos vamos a dejar desconcentrar de los que piensan que nosotros estamos alineados con cualquier sector de opinión política. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo en terreno, en campo”.

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