Derechos humanos y protesta social: un preocupante panorama

Tras más de 40 días de paro, y a raíz de la visita de la CIDH al país, diferentes instituciones del Estado y ONG han elaborado informes sobre la situación de derechos humanos en el marco de las protestas. Si bien hay disparidad en las cifras, todos estos documentos dibujan un complicado panorama caracterizado por violaciones al derecho internacional humanitario (DIH).

Diario Criterio contrastó varios de estos documentos. Pese a los diferentes enfoques, perspectivas o posiciones ideológicas, las investigaciones reportan significativos abusos de autoridad y vulneraciones a los derechos humanos.

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Las 110 páginas de la Defensoría

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, en una entrevista con la CIDH le entregó un documento de más de 100 páginas sobre la situación de derechos humanos durante las jornadas de protestas.

En primera instancia, informa al organismo internacional que, entre el 28 de abril y el 3 de junio, se han presentado 12.288 actividades relacionadas con el paro. Y afirma que la Defensoría ha recibido 417 quejas por “presuntas vulneraciones a los derechos humanos”. De esas, 306 responsabilizan a la fuerza pública.

El documento también presenta unas cifras que seguramente van a ser motivo de especial atención por parte de la CIDH. Entre estas se encuentran los 58 casos de presuntos homicidios reportados a la Defensoría del Pueblo, 45 ocurridos en el Valle del Cauca.

En cuanto a las desapariciones o personas sin ubicar, la entidad le reporta a la CIDH 783 presuntos casos. Sin embargo, explica que, tras un proceso de depuración, se eliminaron 317. Es decir, 465 casos han ido a la Mesa Interinstitucional de Coordinación, conformada junto a la Fiscalía, para activar el mecanismo de búsqueda urgente.

Frente a la labor de la Fiscalía en el esclarecimiento de las desapariciones, el documento reza:

“A la fecha, según la información que nos fue reportada desde la mesa interinstitucional, luego del proceso de verificación, la Fiscalía ha inadmitido 153 casos tras darse con la ubicación de la persona o por insuficiente información, se han localizado a 196 personas y siguen activos 91 mecanismos de búsqueda”.

La Defensoría afirma que la Fiscalía ha encontrado pruebas suficientes en 20 de los presuntos homicidios y reportó “avances en la determinación de responsabilidades en cuatro de los casos”.

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En cuanto a violencia de género, el organismo dice que “ha identificado, entre el 28 de abril y el 4 de junio de 2021, un total de 113 hechos”. Y basado en los datos de la Fundación para la Libertad de Prensa, da cuenta de 201 periodistas y medios de comunicación agredidos. El 53,73 por ciento de estos casos se atribuyen a la fuerza pública.

Este documento también compila las afectaciones a la fuerza pública. En él se lee que las acciones violentas “dejan un saldo de 2 policías muertos, 1.240 agentes lesionados y 141 instalaciones de la Policía afectadas”.

Temblores ONG, Indepaz y Paiis

Este informe presentado por las ONG Temblores, Indepaz y Paiis (TIP) a la CIDH cubre el periodo comprendido entre el 28 de abril y el 31 de mayo. Además de entregar las cifras de las presuntas violaciones a los derechos humanos, hace un análisis teórico y legal de por qué el Estado colombiano ha incumplido sistemáticamente las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Según estas organizaciones, el Gobierno no tomó en cuenta los estándares internacionales en cuanto regulación, control y seguimiento del uso de la fuerza pública en contextos de protesta social.

De acuerdo con la plataforma GRITA de Temblores, y “tras un trabajo de triangulación y verificación de denuncias, fue posible identificar 3.789 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública (sin incluir casos de desapariciones)”.

De la sistematización hecha por las tres ONG se desprenden:

  • 1248 víctimas de violencia física.
  • 45 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública.
  • 1649 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes.
  • 705 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas.
  • 65 víctimas de agresiones oculares.
  • 180 casos de disparos de arma de fuego.
  • 25 víctimas de violencia sexual.
  • 6 víctimas de violencia basada en género.

El documento deja constancia de la sistematicidad de nueve prácticas de violencia llevadas a cabo por la fuerza pública.

Estas prácticas ponen en evidencia que existe una intención de violentar y castigar a las personas que, en el legítimo ejercicio de su derecho a la protesta pacífica, han salido a las calles a manifestarse. Adicionalmente, estas demuestran que las actuaciones de los miembros de la fuerza pública violan sistemáticamente los protocolos internos de uso de la fuerza, así como los estándares internacionales de protección de los derechos humanos”.

De este informe llama la atención el acápite dedicado al arma venom, utilizada por la fuerza pública en las protestas. Al respecto, las tres ONG concluyen que en al menos cinco casos este artefacto ha sido dirigido “directamente en contra del cuerpo de las personas manifestantes, aumentando así su riesgo de letalidad”. Sin contar que de los homicidios verificados por estas organizaciones, “hay tres en los que está por determinarse si el arma agresora fue la venom”.

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¿Qué dice Human Rights Watch?

Este 9 de junio también se conoció el informe hecho por Human Rights Watch (HRW) sobre la violación a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en el país. De entrada, el organismo internacional afirma que “miembros de la Policía Nacional de Colombia han cometido abusos gravísimos en contra de manifestantes”. Por eso, HRW conmina al Gobierno a:

“tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos e iniciar una reforma policial profunda para garantizar que los agentes respeten el derecho de reunión pacífica y los responsables de abusos sean llevados ante la justicia”

Para hacer su informe, HRW entrevistó más de 150 personas (víctimas, testigos, funcionarios judiciales, defensores de derechos humanos…). Se reunió con Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller de Colombia, con el director de la Policía, con el fiscal general y con el director de la Justicia Penal Militar.

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Fuente: Human Rights Watch

Así mismo, consultó registros policiales y médicos, necropsias e informes de prensa. Corroboró “más de 50 videos publicados en redes sociales” y obtuvo información de la Defensoría, la Procuraduría, la Fiscalía y los ministerios de Defensa y del Interior.

Esta investigación arroja los siguientes datos:

  • 68 denuncias creíbles sobre muertes ocurridas desde el comienzo de las manifestaciones, de las cuales al menos 20 parecen haber sido perpetradas por la policía.
  • Más de 1.100 manifestantes y transeúntes han sufrido lesiones.
  • 17 golpizas violentas cometidas por la policía, en muchos casos con bastones.
  • Al menos 419 personas desaparecidas (aunque HRW también afirma que “la Fiscalía indicó que había localizado a 304 de esas personas”).
  • 1.200 policías lesionados, al menos 192 de gravedad y dos agentes muertos.
  • Abuso sexual en contra de una policía.

Frente a los bloqueos de vías, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dijo:

La violencia contra policías y los bloqueos que impidan el acceso a alimentos o servicios de salud son absolutamente injustificables, pero no pueden ser un pretexto para la brutalidad policial”.

De la información recolectada, HRW corroboró que hay evidencia de:

  • Policías disparando armas de fuego cuando, al parecer, no hay “un riesgo para la vida o la integridad física” del agente.
  • La fuerza pública utilizando, presuntamente, de manera imprudente los gases lacrimógenos, así como el arma venom.
  • Participación de civiles armados en acciones contra los manifestantes y ausencia de reacción de la policía frente a estos hechos.
  • Presunta infiltración de grupos armados ilegales, de acuerdo con la información entregada por el gobierno colombiano.
  • Limitada rendición de cuentas por abusos policiales.

Si bien los informes no coinciden en muchas cifras y en las perspectivas de análisis, todos concluyen en un tema: la necesidad de hacer una reforma profunda de la policía.

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