Los nudos que enredan la negociación entre gobierno y los líderes del paro

De manera sorpresiva, en la noche del domingo, el Comité Nacional del Paro se levantó de la mesa de negociación. Según ellos, el Gobierno, al negarse a firmar el preacuerdo y a mantener vigente el decreto 575, no tiene verdadera voluntad de dialogar.

Las reacciones del Gobierno no se hicieron esperar. Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización, dijo esa misma noche: “El Comité Nacional del Paro ha dejado al país en mora de soluciones y sin haber condenado los bloqueos. Estamos esperando que lo que se convoque por ellos se haga con responsabilidad, para que no impacte más las cifras de contagio por covid-19

Por su parte. el comité ratificó, en medio de la visita de la CIDH, la toma de Bogotá para este miércoles. Jornada que tiene disgustada a la alcaldesa de Bogotá, al considerarla una irresponsabilidad en medio del tercer pico de la pandemia de coronavirus.

Es absolutamente irresponsable que se sigan planeando tomas de la capital. Bogotá y Colombia han tenido suficiente con las tomas guerrilleras, con las tomas paramilitares, para que ahora haya tomas de aglomeraciones. Hago un llamado a la mínima responsabilidad“, declaró en la mañana de este martes Claudia López.

Una responsabilidad que los miembros del comité no consideran suya. Han dicho reiteradamente que todavía no hay evidencia científica sólida que relacione a las movilizaciones con el tercer pico y que este, por el contrario, podría deberse más a la virulencia de las cepas o a otro tipo de aglomeraciones como las de Transmilenio.

Además criticaron fuertemente a la alcaldesa por comparar las marchas pacíficas legales, con el accionar criminal de los paramilitares y las guerrillas.

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¿Por qué no se ha llegado a un acuerdo?

En medio de su discurso, la alcaldesa López también dijo que “durante 40 días, ni Gobierno ni el Comité de Paro han querido concertar, no tienen ni un acuerdo después de este tiempo y no pueden seguir dilatando las soluciones que necesita el país”.

Y quizás esta es la pregunta que se hacen muchos colombianos: ¿por qué después de casi mes y medio de protestas y de tres semanas de conversaciones no se ha podido ni siquiera firmar un preacuerdo y dar comienzo a la mesa de negociación del pliego de emergencia?

Se podría decir que, en estas negociaciones, iniciadas el 16 de mayo, ambas partes tienen unos inamovibles que no están dispuestos a negociar. De hecho, el gobierno del presidente Duque ha señalado que los manifestantes deben levantar todos los bloqueos, a los que considera ilegales.

El Comité Nacional del Paro le exige al Gobierno la firma de un preacuerdo que ellos aseguran haber alcanzado el 24 de mayo. Además, piden derogar el decreto 575 sobre asistencia militar en varias capitales y departamentos para controlar los bloqueos y el orden público.    

El preacuerdo: versiones encontradas

En el mencionado preacuerdo del 24 de mayo, el entonces jefe de la mesa de negación del Gobierno, Miguel Ceballos, informó sobre la elaboración de un documento que contenía unos puntos para ser refrendados tanto por el presidente Iván Duque como por el comité. Inclusive, por redes circuló un comunicado del Gobierno sobre la noticia. Pero, pasaron los días y no se supo nada de la ratificación de esos puntos.

El Comité del Paro acusó públicamente al Gobierno de incumplir lo pactado.

Emilio Archila, quien reemplazó a Ceballos en la mesa, afirmó que nunca se había llegado a un preacuerdo sino a un borrador y que eso lo tenían claro todos los negociadores. Esta discordancia fue una de las principales causas por las que, el fin de semana anterior, el comité se levantó de la mesa de negociaciones de manera unilateral.

Sobre este cruce de versiones Diario Criterio consultó a Archila y a Fabio Arias, fiscal de la CUT.

Habíamos entendido que este documento del 24 era un borrador, el cual ambas partes iban a revisar. Nosotros le hicimos algunas observaciones y modificaciones. Ellos revisaron esas sugerencias y presentaron una nueva propuesta. Luego seguimos trabajando y después de muchas discusiones sobre la redacción de varios puntos vimos que ya teníamos consenso en 16 puntos. Desafortunadamente, a finales de la semana pasada, el Comité del Paro llegó con la idea de que el documento que se debía firmar era el del 24 cuando, vuelvo y digo, ambas partes teníamos claro que ese documento era un borrador y necesitaba ajustes”, dijo Archila.

Además, el consejero presidencial afirmó a Diario Criterio que el comité nunca quiso pronunciarse en contra de los bloqueos y que exigió derogar el decreto 575 sobre orden público emitido el 28 de mayo.

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Por su parte, Arias señala que Archila miente.

Si usted lee todas las declaraciones del Gobierno, especialmente las de Ceballos, en todo momento se habla de un preacuerdo. Entonces, usted no pude decir que fue un borrador. Fue un preacuerdo que quedó para la firma del presidente al día siguiente. Le digo otra cosa: no se le quiso llamar acuerdo sino preacuerdo porque faltaba la firma del presidente. Pero eso no sucedió. El uribismo ganó un pulso e hizo echar para atrás el acuerdo”.

Frente a las modificaciones del acuerdo introducidas luego del 24 de mayo, Arias afirma que el 30 de ese mes sí se reunieron para estudiarlas. Eran unos cambios que el Gobierno había pedido “pero nos dimos cuenta de que eran sustanciales. A eso súmele que ya habían promulgado el decreto 575 que ordenó la militarización de algunos departamentos. Por supuesto nosotros nos opusimos”, dijo Arias.

Los bloqueos y el decreto 575

El tema de los bloques a carreteras es uno de los inamovibles más importantes del gobierno de Iván Duque. Desde que se comenzaron a dar, él y otros miembros de su gabinete y de otros sectores políticos los han rechazado de manera tajante. “Los bloqueos no son un tema de negociación, no son un tema de trueque ni mucho menos de transacción. Tienen que ser rechazados por todos”, afirmó Duque en el acto de clausura del 14 Congreso Internacional FIAP-Asofondos.

Posición que no comparten los miembros del comité. Para Arias, los convenios internacionales de la ONU y de la OIT aceptan que en medio de la protesta social se recurra a lo que ellos llaman “cortes de vías”. De hecho, el sindicalista de la CUT señala que los bloqueos son inherentes a la protesta social pacífica. “Es una estrategia similar a la de la huelga, que tiene el propósito de interrumpir una actividad productiva normal y de allí llamar la atención para la negociación, eso no tiene nada de ilegal y por supuesto no deben afectar la salud ni la vida de los ciudadanos”, dijo Arias a Diario Criterio.

Pero este tema se suma otro inamovible que tiene paralizada la mesa de negociación. Se trata del decreto 575 “por el cual se imparten instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público”. El gobierno defiende esta media como una forma de garantizar el derecho a la vida y a la movilidad de los colombianos. Pero otros sectores del país consideran que es una flagrante violación a la Constitución y a los convenios internacionales firmados por el Estado.

Este decreto también fue una de las razones por la que el Comité se paro de manera unilateral de la mesa de conversación y exige que para volverse a sentar se debe derogar.

Los diálogos regiones: una luz al final del túnel

En medio de las posiciones divergentes, hay algo en lo que coinciden el Gobierno y el Comité del Paro: la importancia de los diálogos regionales. Quizás, esta sea la manera para destrabar la mesa nacional de negociación, ya que ambas partes ven con optimismo esas conversaciones.

Al respecto, Archila afirmó que hasta el momento hay 42 mesas en las que “estamos hablando con jóvenes y otros representantes de la sociedad civil. Y tenemos buenas noticias. Hemos logrado acuerdos con grupos de víctimas y las conversaciones en las mesas regionales donde hay representantes del Gobierno nacional están produciendo resultados como en Norte de Santander”.

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Arias coincide en que hay buenas noticias en torno a las negociaciones regionales como en Huila. Allí se llegó a unos acuerdos que esperan sean cumplidos por las partes. Pero al tiempo enfatiza en que el Gobierno no puede echarse para atrás en eso pactos regionales. “Frente a la arbitrariedad, al engaño y a la falta de transparencia nosotros consideramos que las comunidades tienen todo el derecho a hablar con las autoridades locales pero que no pase como con el acuerdo en Buenaventura y en Cali desautorizados por el Gobierno nacional”.

¿Y ahora qué?

Los inamovibles de ambas partes tienen las conversaciones en un punto muerto, más cuando cada una de ellas responsabiliza a la otra del letargo en que entró la mesa. Mientras eso sucede, el paro, con el paso de los días, se convierte en uno de los más grandes y prolongados de los últimos 50 años.

Y, en medio de las pérdidas económicas, las protestas pueden entrar en un agotamiento que le podría quitar la gasolina al paro. De eso están conscientes los miembros del comité y en estos momentos se encuentran evaluando lo que van a hacer a futuro, y pendientes de las acciones que tome el Gobierno a raíz de la visita de la CIDH.

Por su parte, el Gobierno sigue reiterando su voluntad de diálogo. Como están las cosas, hasta el jueves, día en que el comité hablará sobre su rumbo, no habrá humo blanco sobre el futuro de las negociaciones. Entretanto, este miércoles, la toma de Bogotá y otras marchas a lo largo y ancho del país serán el indicador de qué tan vivo está el paro y qué tanta fuerza y representatividad mantiene el comité.

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