El peligroso rearme del paramilitarismo en Córdoba

“Haga silencio todo el mundo. El que hable se muere”, fue la orden que un grupo de hombres armados, presuntamente del Clan del Golfo -también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)-, les dieron a las más de 50 personas que departían en una la fiesta clandestina en la vereda El Vidrial, zona rural de Montería (Córdoba)

Un video, de unos ocho minutos de duración, puso sobre la mesa la difícil situación de orden público en este departamento. José David Ortega, vocero de la Asociación Campesina del sur de Córdoba y miembro de la mesa territorial de garantías para líderes y defensores de derechos humanos, aseguró que esto es “común” en Córdoba. Lo extraño es que este grupo armado intimide a la población, a tan solo 15 minutos de Montería.

“Ese día, básicamente, estuvo la gente secuestrada, las mujeres eran registradas por los hombres al margen de la ley, las manoseaban”, dice Ortega.

Frente al caso, el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, aseguró que no permitirá que grupos armados siembren temor en la ciudadanía y advirtió que la Policía, el Ejército y la Fiscalía trabajan para identificar a los responsables. 

Sin embargo, para Ortega los hechos prueban que la situación de orden público no está controlada: “El paramilitarismo en Córdoba viene en ascenso y ha ocupado todos los territorios”. Además, asegura que las organizaciones de la sociedad civil ya han denunciado que la institucionalidad no tiene un plan para hacerle seguimiento a las alertas tempranas que ha emitido la Defensoría del Pueblo.

De hecho, en enero de de 2020, por medio de la alerta de inminencia 005, que se enfocó en las zonas rurales de San Carlos, Montería, Planeta Rica y Pueblo Nuevo, la Defensoría advirtió el escenario de riesgo en el que se encuentran sus habitantes y la necesidad de que las autoridades hagan un despliegue “excepcional y prioritario”. Esto, frente a la “elevada probabilidad de vulneración a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad” de la población civil. 

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AGC contra Caparros

Lo anterior, debido a los actos de violencia extrema y uso de métodos de intimidación que, desde octubre de 2019, han desatado parte de los integrantes de las AGC, específicamente de los frentes Rubén Darío Ávila, Juan de Dios Úsuga y Bajo Sinú para frenar la expansión “del Bloque Virgilio Peralta Arenas, más conocidos como Caparrapos y denominados por las autoridades Caparros”. Ambos se estarían disputando el control poblacional, territorial y de las economías ilícitas. 

Esteban Salazar, coordinador de la línea de democracia e investigador de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), señala que en el centro del departamento, donde está Montería, particularmente en la zona urbana, no se había presentado ningún movimiento más allá del microtráfico y el lavado de activos controlados por la delincuencia común. “En esa zona los grupos armados no hacían presencia hace más de tres años”, asegura. 

Fuentes directas le dijeron a Salazar que desde hace tres meses el Clan del Golfo extorsiona a la población con cobros de ‘vacunas’ a los comerciantes y a los conductores del corregimiento, y que ya no hay garantías de seguridad en Montería.

“Lo registrado en Montería es atípico. La situación revela un fracaso de la política de seguridad de la Gobernación y la Alcaldía, ya que es un fenómeno que no se presentaba desde la peor época del paramilitarismo en Córdoba y revela el regreso en pleno de este fenómeno”. 

Salazar advierte que en Montería y sus alrededores no hay cultivos ilícitos, “la teoría señala que  cuando empiezan las extorsiones donde no hay narcotráfico, se están diversificando las rentas criminales”. 

Mientras tanto, Ortega alerta que desde el inicio de la pandemia los grupos armados buscaron imponer reglas de convivencia y prohibir la entrada al departamento. A finales de 2020 varios municipios de Córdoba amanecieron con las siglas de las AGC pintadas en fachadas de casas y tiendas, en especial en el sur del departamento.

En Córdoba se presentan diferentes escenarios. Al sur del departamento, en los municipios priorizados para el posconflicto, se registra, sobre todo,  presencia de las disidencias de las Farc, -específicamente del frente 18 Cacique Coyará- el Clan del Golfo y Los Caparrapos (una disidencia del Clan del Golfo, aliada con grupos armados organizados) los enfrentamientos más frecuentes se dan entre los dos últimos. 

Esta disidencia de las Farc, como lo destaca Juana Valentina Cabezas, investigadora del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), tiene injerencia de la segunda Marquetalia, incluso se habla de una posible alianza entre este grupo y el Clan del Golfo. 

La Defensoría del Pueblo señaló en la alerta temprana 054, de diciembre de 2019 -enfocada especialmente en Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta- la presencia de los grupos antes mencionados por Salazar y también del ELN.

Esta es una zona estratégica para los actores armados ilegales, entre otras cosas, por su ubicación geográfica al interior de dos corredores de movilidad (pues une la frontera de Venezuela con las costas de Córdoba, Urabá y Chocó y por otro lado, conduce del Bajo Cauca antioqueño hasta las costas de Córdoba, Sucre y Urabá, empleados para el tránsito de armas y drogas) por la minería ilegal y la abundancia de recursos minerales como carbón, hierro, níquel, aluminio, oro y cobre. 

La población que habita la zona -como lo señala la Defensoría-  ha experimentado todo tipo de violencia sociopolítica, volátiles treguas, la reconfiguración de estructuras armadas ilegales luego de fallidos procesos de paz y las “expectativas no cumplidas” tras la firma del acuerdo con las extintas Farc. 

El investigador señala que en la zona costanera también hay presencia hegemónica del Clan del Golfo. Este grupo predomina en Córdoba, además, como lo explica Cabezas, actualmente, tiene el control de los corredores de narcotráfico y “busca tener control social sobre la población, hacerse ver y sentir por medio del miedo, aún más en medio del estallido social que arrancó el 28 de abril”.  

Asimismo, recuerda que la historia de Córdoba ha estado marcada por los grupos paramilitares, especialmente por el paso de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Los hechos del fin de semana del 19 de mayo en Montería, recuerdan una época de terror de finales de los 90 y principios de los 2000, cuando las masacres, asesinatos y amenazas dominaban el departamento y el control se ejercía por medio de las armas. 

“Buscan recuperar el control que han perdido, que los reconozcan, generar temor, imponer la ley. Amenazan a quienes consumen drogas y son microtraficantes porque además pretenden tener el control de todas las economías ilícitas”, concluye Cabezas. 

El Clan del Golfo 

Este grupo armado estuvo inicialmente al mando de Daniel Rendón Herrera, alias don Mario, quien fue lugarteniente de Vicente Castaño y encargado de reagrupar a quienes no se desmovilizaron después del desmonte de las AUC en 2006. De acuerdo con Indepaz, el reagrupamiento se inició en Urabá, también se unieron exmiembros del EPL. En 2008 ya tenían 1.600 efectivos armados en 16 frentes, y ya para 2017, tenían presencia en 22 departamentos. 

Se autodenominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia, pero también han sido llamados Los Urabeños y Clan Úsuga. Las AGC no se reconocen como un grupo criminal, se definen como una organización “político-militar de resistencia civil en armas” que se defiende del Estado después de un supuesto incumplimiento del Gobierno los compromisos establecidos con las AUC.  

Desde la captura de Rendón en 2009, quedó a la cabeza Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Indepaz los define como una organización narcoparamilitar. Se dice que tienen alianzas con disidencias de las Farc, en Córdoba, y con el ELN en otros departamentos. 

Las autoridades le han dado golpes al Clan del Golfo en el marco de la operación Agamenón II. Este sábado, 22 de mayo, fue capturado Juan José Valencia, alias Falcón, quien sería el cabecilla narcotraficante de las AGC, encargado de coordinar el envío de cocaína a Estados Unidos y Europa,  actividad que según la Fiscalía le dejaba cerca de 60.000 millones de pesos mensuales. Aún así, este grupo sigue atemorizando a la población civil en zonas como Córdoba. 

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