Es oficial, el Gobierno no negociará en el paro

Le ruego al lector que me perdone esta obviedad: el Gobierno nacional no negociará con los líderes del paro, al menos no con los actores claves, los jóvenes de las «líneas». Es probable que llegue a acuerdos con Fecode y las centrales obreras, cuyos representantes han sido históricamente proclives a negociar los paros a cambio de algunas prebendas gremiales, lo que es normal y justo, o de prebendas personales.

No hay que ser politólogo para saber que el Centro Democrático es refractario al diálogo, pero no está demás resumir aquí lo que ha sucedido con los diálogos en tres ciudades del Valle: Buenaventura, Cali y Yumbo.

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El Gobierno es tan intransigente que no avala ni siquiera los acuerdos que logran sus propios funcionarios. En Buenaventura, una comisión del Gobierno nacional acordó con las «líneas» la apertura de un corredor humanitario que permitiera pasar las miles de toneladas de importaciones represadas en el puerto, pero de inmediato Álvaro Uribe y Germán Vargas tergiversaron los acuerdos y desempolvaron una retórica de sargento para afirmar que «la comisión está entregando la soberanía del país a los sediciosos». Esta versión fue descalificada por el jefe de la comisión, el ministro del Interior, Daniel Palacios, que le dijo a Portafolio el 28 de mayo: «Hay un entendimiento para sacar la carga con apoyo y acompañamiento de las Fuerzas Militares, pero en ningún momento pasamos por encima de la soberanía. No hemos autorizado que haya inspección civil o del Comité Nacional del Paro (CNP) a la carga que sale del puerto», dijo el ministro, que milagrosamente sigue vivo y en funciones, aunque no ha vuelto a musitar palabra sobre el asunto.

Como Buenaventura, el municipio de Yumbo también es estratégico porque allí se almacenan las reservas de gasolina de Ecopetrol para todo el suroccidente del país, y el paro tenía bloqueada su distribución. Para desatar este nudo, el alcalde programó mesas de diálogo para el 18 de mayo con líderes de las «líneas» y dirigentes del CNP.

Coincidencialmente, «fuerzas oscuras» realizaron actos de vandalismo a la medianoche del 17 y el Esmad arremetió en la madrugada del 18 con armas de largo alcance contra los puntos de resistencia. La refriega se prolongó durante todo el día y dejó un saldo final de cinco manifestantes muertos y más de cien heridos y, obviamente, las mesas de diálogo no pudieron realizarse.

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El acuerdo de la ministra de Transporte con los transportadores realizado la semana pasada también fue rechazado por líderes del Centro Democrático y por German Vargas en su columna del domingo en El Tiempo, donde afirmó, de manera tendenciosa, que «el acuerdo compromete la política nacional de concesiones viales al aceptar que los transportadores puedan determinar la existencia de peajes actuales o futuros y participar en la redacción de las tarifas».

Destaco las declaraciones de Vargas porque Cambio Radical hace parte de la bancada gobiernista y por su insistencia en que el Gobierno declare el estado de conmoción interior, como si ya no estuviéramos suficientemente conmocionados: la Policía cuenta hoy con atribuciones ilimitadas para atacar, detener y desaparecer a la población y ha usurpado en varios territorios la autoridad de los alcaldes y los gobernadores.

El caso de Cali es importante por ser el epicentro del paro. La semana pasada la alcaldía llegó a un acuerdo con la Unión de Resistencias de Cali (URC). Es una lista de puntos elementales y humanitarios: reconocimiento de los derechos constitucionales de los manifestantes y diseño de garantías para sus puntos de concentración (el acuerdo no dice en ninguna parte «puntos de bloqueo», la famosa «línea roja») y sugiere varias medidas para paliar los problemas de empleo y alimentación de los «líneas». De inmediato varios miembros del Gobierno y líderes del Centro Democrático, con María Fernanda Cabal a la cabeza, trinaron que el alcalde Jorge Iván Ospina estaba cohonestando con el terrorismo y saltando por encima de las directrices del Gobierno nacional.

Resulta también muy diciente que la Procuraduría emprenda investigaciones disciplinarias contra los alcaldes y los gobernadores que han incurrido en las subversivas actividades de adelantar diálogos y salvar vidas, y contra los representantes Wilson Arias, Alexánder López y María José Pizarro, que osaron defender los derechos de algunos manifestantes y evitaron que la Policía los desapareciera.

                El fiscal general solo supo este 7 de junio que hay paramilitarismo urbano operando en los choques entre manifestantes y la Policía.

Queda claro que las garantías para los manifestantes no existen y que la política del Gobierno es dilatar los diálogos y frenar las negociaciones para que los bloqueos se extiendan en el tiempo, hacer impopular el paro y aprovechar el vandalismo espontáneo (u organizar el vandalismo encubierto) para que el Esmad tenga el pretexto perfecto para entrar a sangre y fuego en los puntos de resistencia.

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Nota. La gente separa de manera clara el paro y los bloqueos: el 79 por ciento de la población rechaza los bloqueos, pero el 76 por ciento, una cifra histórica, apoya el paro. Cifras de junio 1, del Centro Nacional de Consultoría.

Cierre. Un paro tan fuerte y tan extendido en el tiempo, con actores tan diversos y reclamos justos y complejos, es un desafío enorme para cualquier gobierno. Podría ser también una gran oportunidad para que la sociedad y el Gobierno hicieran una reflexión profunda e iniciaran las viejas y aplazadas tareas de la justicia social. Por desgracia, el paro le estalló en la cara a un Gobierno autoritario y al partido liderado por un señor que sufre de una atracción irresistible por la sangre y las «soluciones» de fuerza.

El escenario no puede ser más sombrío para el futuro del país.   

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