¿Fiscalía ordenó imputar por terrorismo a los manifestantes?

Diario Criterio tuvo acceso a un memorando con “recomendaciones vinculantes” dirigido a todos los fiscales caleños que investiguen presuntos delitos en medio de la protesta social. ¿De qué se trata?

Cuando el país apenas cumplía una semana del estallido social del paro nacional, los fiscales de Cali recibieron una llamativa orden de Jhon Freddy Encinales Lota, director seccional de la entidad en esa región del país.

Se trata del memorando 0081 del 05 de mayo de 2021, en cuyo asunto se lee claramente lo siguiente: “Recomendaciones vinculantes para el abordaje de casos de terrorismo, Art. 343 del C.P. (Código Penal) Ley 599 de 2000, dentro del marco de la conflictividad social”.

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El documento de siete páginas es una compilación de normas y jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en torno a los conceptos de terrorismo y concierto para delinquir, sus características, alcances y tipificación dentro de la legislación colombiana.

En el fondo, lo que buscaría la entidad es brindarles herramientas jurisprudenciales a sus fiscales para imputar el delito de terrorismo y concierto para delinquir a los que hayan violado la ley durante las protestas.

Las molestias por el memorando

El documento causó polémica incluso entre los propios fiscales, quienes de manera privada expresaron su molestia por lo que para ellos es un evidente desbordamiento de las competencias y una agresión a la independencia judicial con la que cuentan los funcionarios de la rama.

Este medio intentó escuchar la versión del propio director seccional de la Fiscalía en Cali sobre el polémico memorando 0081, pero a través de la oficina de prensa informaron que, por tratarse de un documento interno de la entidad, no están autorizados para dar declaraciones “y menos cuando se trata sobre directrices emanadas desde el nivel nacional”.

No obstante, desde la Fiscalía General respondieron a las inquietudes planteadas por Diario Criterio y aseguraron: “Es un memorando que tiene tan solo carácter orientativo y recomendativo y que simplemente recuerda parámetros jurisprudenciales para guiar a los fiscales y puedan contar con insumos para abordar sus casos, pero en modo alguno implica un señalamiento de cómo se debe abordar o de qué manera se deben decidir cada investigación en cuanto a los delitos que van a ser objeto de imputación”.

Indicaron que es erróneo interpretar “que de allí se desprenda instrucción o ninguna opinión o valoración con destino a los fiscales delegados porque las imputaciones se deciden de acuerdo a los elementos materiales probatorios que obren en cada caso concreto”.

En la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con el artículo 251 de la Carta Política, rige el principio de independencia y autonomía de los fiscales, quienes cuentan con libertad para imputar los cargos que se consideren que se configuran en cada caso concreto de conformidad con el resultado de su investigación y el desarrollo de su programa metodológico con los medios de prueba, evidencia física e información legalmente obtenida que hayan recaudado”.

Al respecto, Élmer Montaña, exfiscal y abogado activista defensor de derechos humanos, que denunció públicamente la existencia del memorando, no le restó importancia al asunto e insistió en catalogarlo como una clara violación a la autonomía de los fiscales: “Así como hay jueces de control de garantías sensatos y apegados a la Constitución, no falta aquellos en cargos provisionales que, por ascender o congraciarse con el Gobierno, compran esas tesis de los fiscales y resultan cometiendo exabruptos jurídicos como el de permitir la imputación de delitos como terrorismo y concierto para delinquir a los manifestantes”.

El abogado recordó que, recientemente, en una de las tantas audiencias de legalización de capturas que se han dado con ocasión de la protesta social en Cali, “escuchamos a un juez decir que, si un muchacho rompe un vidrio, también es capaz de matar a un policía. Imagínese el nivel de argumentación”.

Un cambio de enfoque en la Fiscalía

Más allá de todas esas consideraciones y opiniones, el memorando parecería contradecir, según los denunciantes, la directiva 008 del 27 de marzo de 2016, que firmó el entonces fiscal Eduardo Montealegre durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y que establecía “lineamientos generales con respecto a los delitos en los que se puede incurrir en el curso de la protesta social“.

Dicho documento, de 71 páginas, resolvió uno de los interrogantes jurídicos más recurrentes para quienes investigaban los hechos violentos cometidos por quienes participan en las protestas sociales: ¿qué delitos imputarles?

Para entonces, la Fiscalía llegó a la conclusión de que se debe realizar un juicio estricto de tipicidad sobre los delitos de asonada, obstrucción a vías y perturbación de transporte, “y verificar la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad en su judicialización”.

Y fue más allá al enfatizar que el delito de terrorismo es inaplicable en casos de protesta social: “el tipo penal de terrorismo no debe ser utilizado, bajo ninguna circunstancia, para reprimir las protestas violentas en que se incurra en una manifestación”.

Por esa razón, vale la pena preguntarse si hay un cambio de postura en la era del fiscal Francisco Barbosa.

directiva 008 del 27 de marzo de 2016

3 Comentarios

  1. Jóvenes de Primera Línea, son unos héroes!.Enfrentar a la represión indiscriminada de la Dictadura disfrazada, es sólo de valientes.
    Les propongo “negociar” con el Estado,dada la cercanía electoral para cambio de Gobierno;un ÚNICO punto: Comisión mixta con veeduria Internacional confiable al Software de Registraduría y CNE; antes de las próximas elecciones 2022 y que concluya hasta los escrutinios totales. Los jóvenes tienen aquí, garantizadas TODAS sus restantes peticiones.