Hacinamiento en centros de detención de Cartagena, muestra de un problema nacional

El hacinamiento promedio en esta ciudad es del 233 por ciento, pero en algunos centros supera el 400 por ciento. La Defensoría del Pueblo evidenció que carecen de servicios públicos y que no se cumplen las medidas para evitar la propagación del covid-19.

Para el 24 de junio, en los ocho Centros de Reclusión Transitoria (CRT) del área metropolitana de Cartagena había 300 detenidos, según cifras de la Policía. Lo alarmante es que estos solo tienen capacidad para 90 personas.

“Los presos pierden la libertad, pero no la dignidad”, dijo el defensor del Pueblo Carlos Camargo tras recorrer los centros y evidenciar las precarias condiciones en las que se encuentran los detenidos.

La situación más preocupante se evidencia en el centro Bellavista, con un hacinamiento del 480 por ciento. Allí se encuentran detenidas 116 personas, aunque la capacidad es de 20. Un panorama similar se vive en Caribe Norte, que reporta 113 detenidos con un hacinamiento del 465 por ciento.

Según la Defensoría, en estos dos centros y en el de Los Caracoles las personas viven “en condiciones que van en contra de todo lo demarcado por la Corte Constitucional”.

Falta de servicios y peligro de contagios

Foto: Defensoría del Pueblo
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Además, hay deficiencia en la prestación de servicios médicos, en la entrega de medicamentos y en los servicios odontológicos. Asimismo, Camargo advirtió que ¨no se garantiza de manera adecuada el servicio de alimentación, incluso, los mismos familiares se ven en la obligación de proveer los alimentos”.

Los centros transitorios carecen de agua, energía eléctrica, baterías sanitarias, lavamanos y duchas. La infraestructura tampoco es la adecuada. De hecho, el defensor denunció que los centros no cumplen las condiciones mínimas para vivir en reclusión y mucho menos con las medidas para evitar la propagación del coronavirus.

En las cárceles tampoco hay cupos

Hernando Sierra, director Seccional de Administración Judicial Cartagena, le explicó a Diario Criterio que la Policía o el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía tienen la custodia del detenido hasta que este se presenta ante un juez de control de garantías.

Una vez se dicta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, “la persona se convierte en indiciada y pasa a ser responsabilidad de la Alcaldía, quien tiene la obligación de facilitar un centro de reclusión hasta que sean sentenciados. Después de eso, la obligación recae sobre el Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), precisó Sierra.

Sin embargo, el director asegura que el Inpec “no está recibiendo a todas las personas que tienen medida de cárcel porque tampoco cuentan con la capacidad de recibirlos”. Al no ser trasladados, deben permanecer en estaciones de Policía que —como dice Sierra— no están diseñadas para tener tantas personas por tanto tiempo, de ahí que no se garantice alimentación y haya una crisis sanitaria.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades para que brinden una solución “real y de fondo”. El hacinamiento carcelario es un problema que se presenta en todo el país.

El hacinamiento más allá del caso de Cartagena

El Ministerio de Justicia celebró que el año pasado el hacinamiento en las cárceles bajara del 55 por ciento al 19 por ciento, en gran medida por las disposiciones adoptadas para contener la propagación de contagios.

Aún así, según la última actualización del Inpec (12 de julio), hay una sobrepoblación de más de 15.000 personas en las cárceles del país, lo que representa un hacinamiento que supera el 19 por ciento. Las cifras más críticas se presentan en el noroeste del país (Chocó y Antioquia) con un hacinamiento del 43,5 por ciento y en el oriente (Arauca, Cesar, Norte de Santander y Santander) con un hacinamiento del 22,7 por ciento.

En 2019, el Instituto de Investigación de Políticas sobre Crimen y Justicia expuso que países de América Latina y el Caribe tenían las cifras más alarmantes de hacinamiento carcelario. Haití (con una ocupación del 454 por ciento), El Salvador (333 por ciento) y Guatemala (333 por ciento) eran los países con tasas más altas. Colombia se encontraba de últimas en esa lista con una ocupación del 149 por ciento.

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