Los líos que enredan aún más el futuro político del alcalde de Cali

Jorge Iván Ospina fue llamado a juicio por interés indebido en contratación, sumado al interrogatorio por el manejo de los bloqueos y su caída en las encuestas. Todo esto lo tiene contra las cuerdas.

Desde que arrancó su carrera política por la primera alcaldía de Cali, en el periodo 2008–2011, Jorge Iván Ospina fue considerado un fenómeno político que llegaba como un salvavidas ante la desastrosa administración de Apolinar Salcedo, su antecesor.

Para entonces, Salcedo era considerado como el peor mandatario del país, cuya gestión estuvo envuelta por escándalos de corrupción mientras su popularidad sucumbía en las encuestas. Los caleños calificaron su desempeño con una desaprobación del 79 por ciento y una aprobación de apenas un 14 por ciento.

Por eso, las credenciales de Jorge Iván Ospina como buen gestor mientras estuvo en la gerencia del Hospital Universitario del Valle lo catapultaron como el candidato perfecto para dirigir las riendas de una ciudad golpeada por escándalos y desidia administrativa.

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Caída en picada

La imagen arrasadora de Ospina se reflejó en las encuestas de su primera alcaldía, donde alcanzó el pico de aprobación más alto (79 por ciento) y el de desaprobación más bajo (19 por ciento). Irónicamente, hoy tiene casi los mismos porcentajes, pero al revés, 19 de aceptación y 79 por ciento de desaprobación.

Pero ahí no paran sus desgracias. A esa paliza en su imagen se acaban de sumar acciones judiciales que podrían oscurecer su futuro político. El pasado 29 de junio, la Fiscalía lo llamó a un interrogatorio que aún no termina, para que rinda explicaciones sobre su actuar durante el paro nacional.

Y este jueves 8 de julio se conoció que el mismo ente investigador lo llamó a juicio para que responda por los presuntos delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos e interés indebido en calidad de determinador.

A esos líos jurídicos se agregan el proceso de revocatoria de mandato que adelantan sus contradictores políticos, especialmente aquellos líderes atrincherados dentro del uribismo.

Todo ello ocurre en medio de una ciudad golpeada por la inseguridad: los homicidios aumentaron un 35 por ciento durante el primer semestre de este año, al sumar 640.

Por otro lado, el pésimo momento que atraviesan las empresas afectadas por la pandemia y los bloqueos dentro del paro nacional motivaron el cierre de cientos de puestos de trabajo, lo que convierte a Cali en la ciudad con mayor número de desocupados en todo el país: 337.000 desempleados, que equivalen al 24,3 por ciento.

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Sus detractores políticos no le perdonan el manejo que le dio a los bloqueos dentro del paro y lo culpan de todas las desgracias que esto ocasionó al sector productivo de la región.

“El alcalde Ospina ha sido permisivo con el vandalismo y la violencia. Hoy los caleños sufrimos las consecuencias. Aseguradoras levantan las pólizas en Cali para casos de vandalismo por el aumento de casos y el riesgo creciente. Muy mala noticia para Cali”, trinó el senador uribista Gabriel Velasco.

¿Fiscalía política?

Pese a que Jorge Iván Ospina ha cometido serios errores dentro de su actual administración, desde algunos sectores observan con dudas las actuaciones del ente investigador.

Aunque los caleños todavía no le perdonan que, en medio de la pandemia, Ospina gastara más de 20.000 millones de pesos de dineros públicos en los polémicos contratos para la Feria de Cali Virtual y el Alumbrado Navideño Móvil, esos errores aún no motivan decisiones judiciales, pero sí fueron el punto de quiebre de su popularidad.

Lo curioso es que, de las dos acciones que adelanta la Fiscalía, una sucedió en 2008 y la otra es por su gestión como alcalde dentro del paro nacional. Esta última actuación judicial ha sido tan polémica y curiosa, que el diario El Espectador, le dedicó a ese caso un editorial que tituló La Fiscalía muestra dientes políticos.

En el escrito, el periódico hizo un llamado para que la Fiscalía no sirva de instrumento de presión política y cuestionó el uso de esa entidad para obligar a los mandatarios electos a rendir cuentas ante ese despacho por sus actuaciones dentro del paro nacional y especialmente por tender puentes de diálogos con los jóvenes de la primera línea.

“La Fiscalía General no puede actuar como un agente de presión política. Pese a las promesas del fiscal Francisco Barbosa sobre la independencia y autonomía de la entidad que dirige, algunas de sus decisiones han levantado justas sospechas y no se leen bien en medio del contexto complicado que vive el país”, argumenta el editorial.

El contrato que nunca se ejecutó

En efecto, el reciente llamado a juicio contra el alcalde Ospina es una de esas investigaciones de la Fiscalía que pareciera “desengavetar”.

La primera vez que el país supo de esa investigación ocurrió en mayo de 2019, en plena campaña política y justamente cuando Ospina lideraba las encuestas como aspirante a la alcaldía de Cali. En su momento, el candidato fue imputado por los presuntos delitos de celebración indebida de contratos e interés indebido en calidad de determinador.

Hoy, la Fiscalía acaba de presentar el escrito de acusación por esa misma investigación, lo que convierte a Ospina oficialmente en acusado. Tendrá que defenderse en juicio y de paso poniendo en entredicho su futuro político. Mientras que la ciudad podría verse abocada a una interinidad por los líos jurídicos que enredan al alcalde.

De la minucia del proceso, Diario Criterio pudo conocer que se trata del polémico contrato de publicidad y socialización que se firmó en abril de 2008 por 460 millones de pesos con la empresa Vission Digital Comunicación Estratégica, cuyo dueño es Guillermo Lombana.

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Las autoridades hallaron que esa empresa se constituyó dos días antes de la firma del contrato y que el dueño es la misma persona que aportó cerca de 16 millones de pesos a la campaña de Ospina en 2007.

Pedro Luis Barco, firmante del polémico contrato y que para la época de los hechos era secretario privado de la alcaldía de Ospina, aclaró que ante esa duda lo primero que hicieron fue no ejecutar el contrato y disolverlo. “No obstante, la Procuraduría me sancionó con una suspensión de un mes por falta de inobservancia y del cuidado necesario”, explicó el exfuncionario a Diario Criterio.

Al respecto, Hernando Morales, abogado de Barco en el proceso penal, dijo estar tranquilo con la actuación de su cliente, por cuanto la Fiscalía intenta endilgarle conductas ilícitas a ese contrato porque se intentó celebrar con una persona que fue aportante de campaña. “Olvidan que, para la fecha de los hechos, esa restricción no existía en el ordenamiento jurídico colombiano, y así existiera, la misma ley permite hacerlo con algunas condiciones”, argumentó el abogado.

Similar postura tiene Raimundo Tello, defensor del alcalde Ospina dentro del proceso penal, al considerar como un exabrupto jurídico llevar a juicio a un alcalde como determinador de un delito que nunca ocurrió. “Para que exista esa conducta típica, deben aportarse las pruebas de que yo, como determinador, orienté a otra persona para acciones delictivas y nada de lo aportado en el proceso demuestra que ello ocurrió”, explicó a este medio.

El proceso penal del alcalde quedó unificado por los mismos hechos con los casos de Barco (contratante) y Lombana (contratista) en el juzgado 13 penal del circuito de Cali. La investigación es desarrollada por una fiscal de Bogotá, adscrita a la unidad de delitos contra la administración pública. En los próximos días se conocerá la fecha para la audiencia preparatoria, que es la etapa procesal en que las partes destapan todas las pruebas para ir a juicio.

Mientras eso ocurre, el alcalde Jorge Iván Ospina tendrá que lidiar con las tormentas políticas y de gestión que hoy empañan su segundo mandato en una de las ciudades que en otrora lo tuvo en los picos más altos de imagen y popularidad.

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