La disputa legal, el luto y la verdad de los muertos nutabe en Hidroituango

Para el pueblo indígena nutabe, el cementerio es un lugar sagrado. A los muertos los entierran con la cabeza hacia la comunidad “porque si no se pierden, no van a la vereda sino a otro lugar”, explica a Diario Criterio Abelardo Antonio David Chancí, guardia mayor del cabildo indígena nutabe de Orobajo. Su territorio, hoy inundado por Hidroituango, quedaba a 12 horas del casco urbano de Sabanalarga, Antioquia.

Los nutabe están en una disputa por los restos que la Universidad de Antioquia sacó de su cementerio ancestral, en el marco de un traslado administrativo contratado con Integral, contratista de EPM. De acuerdo con la información que le entregó a este medio Timisay Monsalve Vargas, coordinadora del Laboratorio de Antropología Osteológica y Forense de esa universidad, fueron exhumados en total 349 restos: 180 del cementerio de Orobajo, 151 del de Barbacoas y 18 de La Fortuna.

La comunidad le pidió a la universidad guardar los restos hasta que pudieran construir su cementerio. Sin embargo, ahora son objeto de investigación. En 2019 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras dos inspecciones al Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia, ordenó proteger los cuerpos porque podrían haber restos de desaparecidos o víctimas del conflicto armado.

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Orobajo. Foto: Comunidad indígena nutabe

Más allá de la ley, el dolor

La JEP avanza en el estudio de medidas cautelares en el área de influencia de Hidroituango. Durante la audiencia del pasado martes, la autoridad escuchó a la profesora Monsalve y al líder de los nutabe. Otros dos testimonios de representantes de la comunidad de Barbacoas se presentarán el 19 de julio. La pelea por los restos esconde los dolores de la muerte, la desaparición forzada y la búsqueda de la verdad de cientos de familias que todos los días esperan noticias de ese pariente que salió de casa y no regresó.

Por un lado, el desconcierto de los nutabe que están en medio de una discusión que no se esperaban y no buscaron, pues solo querían trasladar a sus ancestros del territorio que tenían que dejar. “No es a EPM a quién le están haciendo daño, no es a la universidad, no es Integral, es el pueblo nutabe el afectado (…) Son nuestros muertos que con tanto esfuerzo sacamos de allá”, dice el líder. Por ahora, solo esperan que la situación se aclare.

Excavación cementerio de Orobajo. Foto: Universidad de Antioquia

Del otro están las víctimas del conflicto armado. Diario Criterio también habló con Isabel Cristina Zuleta, socióloga y lideresa del Movimiento Ríos Vivos. Ella sostiene que allí se enterraban cuerpos de otras veredas e incluso de personas encontradas en el río Cauca.

Asimismo, acusan a la universidad de no haber hecho “un proceso riguroso porque el traslado administrativo requiere de una identificación cuerpo a cuerpo y ni en Orobajo ni en Barbacoas todos los cuerpos fueron identificados”.

Cuerpos de víctimas del conflicto armado y desaparecidos

El líder indígena dice que, en sus 45 años de vida, en los 70 de su papá y los más de 80 de su madrastra, no hay indicio de personas asesinadas y sepultadas en el cementerio de Orobajo y que allí solo enterraban los muertos de la comunidad. Aquellos cuerpos encontrados en el río Cauca, eran enterrados en zonas como Remolinos, Chorrón y Botija. Información que le entregaron a la Fiscalía.

“Cuando uno encontraba un cuerpo, le daba sepultura, uno siente descanso, así no sepa de dónde es, sino se entierra, los animales lo acaban”, explicó. 

Timisay Monsalve niega que hayan exhumado restos de víctimas del conflicto. La profesora asegura que le preguntaron varias veces a la comunidad que negó haber sepultado en Orobajo a víctimas del conflicto o desaparecidos. Destaca que previamente EPM indagó en la Fiscalía si tenían archivos abiertos sobre los cementerios. Además, argumenta que entregaron toda la información adicional a las autoridades.

Cementerio de Orobajo. Foto: Universidad de Antioquia

El líder indígena entiende el dolor de los desaparecidos y dice que eso “no se lo desea a nadie”. En julio de 1998, paramilitares del Bloque Noroccidente Antioqueño asesinaron a once personas en la vereda La Aurora y Orobajo, años después la Fiscalía exhumó los cuerpos. El líder Abelardo David cuenta que en su comunidad asesinaron a cinco personas, una de las víctimas era su hermano. Ese día también se ahogaron otras dos personas que nunca encontraron.

Otro hermano del guardia mayor de los nutabe está desaparecido: “No sabemos dónde está y cuánto daríamos por encontrarlo. Cuánto tiempo queriendo saber de los desaparecidos ¿creen ustedes que nos prestaríamos para eso si supiéramos? No le haríamos ese daño a otras familias”.

La discusión tiene muchas aristas. Los cuestionamos -que también señaló en la audiencia la antropóloga de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP- giran en torno a la exhumación, la manipulación posterior de los restos y las prendas y la recolección de información. En medio de conceptos técnicos de un lado y del otro, en las diez horas de audiencia del martes la profesora Monsalve trató de convencer a la JEP de que no hubo malos manejos. 

La comunidad reconoce que hallaron restos “dispersos”, en referencia a que en un mismo punto podía haber enterrada más de una persona.

Entre tanto, un informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP reveló que 14 de los restos que reposan en la universidad tenían heridas perimortem. Es decir, pertenecían a personas que habrían perdido la vida de manera violenta, posiblemente heridos con arma de fuego. Frente a eso, el guardia mayor señaló que sus antepasados les contaron que hubo una época de violencia entre liberales y conservadores, pero de esas muertes no pueden dar cuenta. También dijo que desconocen de información sobre personas asesinadas sepultadas en el cementerio.

¿Quedaron cuerpos en Orobajo?

Abelardo David dice que vio cómo la presa inundaba su territorio. Su único consuelo era saber que logró sacar a sus ancestros. “Tuve una preocupación muy grande porque había una conocida mía que se llama Esperanza, ella murió de parto. Yo les dije que dos habían muerto de parto, ya habíamos encontrado una, pero a la otra no. Yo llamaba a EPM y decía ´de aquí no nos podemos ir hasta que no saquemos ese cuerpo’”, recuerda el líder.

El traslado de los restos de Orobajo se realizó en cuatro tandas, entre diciembre de 2017 y marzo de 2018. En una de las últimas visitas encontraron el cuerpo de Esperanza. “Cuando la encontré lloré de alegría y abracé a la profesora que estaba ahí y le dije que muchas gracias”, recuerda. El líder expresa que nadie puede garantizar que en un cementerio de tantos años no se haya quedado ningún cuerpo. Lo que sí asegura es que buscó con sus compañeros y la universidad, pero no encontró nada más.

La profesora Monsalve lo considera poco probable, ya que usaron varios métodos de prospección. Mientras que Zuleta dice que el movimiento está convencido de que sí quedaron restos en la zona. 

Foto: Universidad de Antioquia

El derecho al duelo

La lideresa menciona otro tema que la JEP no ha discutido, pero que esperan llevar ante la justicia. “A las personas desplazadas por la violencia de Orobajo y Barbacoas no les preguntaron por sus muertos. La preocupación es por el derecho al duelo, cada una de las familias, según sus creencias, tiene derecho a enterrarlos, a saber dónde están, para sentir tranquilidad con su muerte”.

Ríos Vivos tiene el caso de dos familias que enterraron a sus allegados mientras vivían en Barbacoas. Tiempo después, ellas se fueron de la comunidad. Cuando trasladaron los cuerpos del cementerio a la universidad nadie les avisó y tampoco se enteraron de que estos restos los habían vuelto a enterrar en el nuevo emplazamiento del poblado. Ahora las dos familias desconocen si sus parientes están en el actual cementerio o se quedaron bajo el agua de la represa.

Antes de la exhumación cementerio de Barbacoas. Foto: Universidad de Antioquia

El líder indígena indica que le avisaron a las familias de las veredas para que bajaran a identificar los cuerpos, pero que otras comunidades, que se oponían al traslado, nunca llegaron a las reuniones. La profesora e investigadora le dijo a Diario Criterio que la universidad hizo una rigurosa socialización, por lo que en el proceso llegaron personas de las veredas Nohavá, Remartín y La Aurora a identificar a sus familiares. El contrato con Integral incluía prospección, exhumación y traslado, aun así -asegura la profesora- hicieron un proceso más amplio.

¿Qué pide Ríos Vivos?

En el marco de las medidas cautelares, Ríos Vivos exige proteger los cementerios en los que podría haber desaparecidos y las riveras del río Cauca cercanas al embalse en las que se presume hay fosas comunes y que podrían desaparecer por la erosión. Además, consideran que se deben explorar las zonas inundadas con tecnologías usadas en otras partes del mundo para encontrar restos. Los comparecientes a la JEP han dado coordenadas de más de 2.000 desaparecidos en la zona de influencia del megaproyecto.

“Tenemos testimonios por montones y certezas también, hemos hablado directamente con los enterradores. Pedimos que se acelere el proceso porque algunos están muy adultos, un líder del cañón murió y sabía de muchos sitios”, expresa Zuleta.

En el caso de Orobajo, solicitan identificar lo máximo posible a las familias que reclaman a sus parientes “y hacer procesos de duelo colectivo, hay experiencias y procesos de memoria en el mundo, si no se pueden identificar se hace una sanación por este medio”.

La organización asegura que desde 2010 advirtieron sobre los calvarios, íconos religiosos asociados a los asesinatos y desapariciones forzadas, “destruidos con las maquinarias usadas por EPM para el proyecto”. En los lugares donde las familias vieron por última vez a sus seres queridos se puso una cruz, una virgen, algún ícono religioso o un elemento relacionado con la persona desaparecida; también había íconos asociados a los asesinatos y masacres, en especial en el puente Pescadero y en el puente La Garrucha de Sabanalarga. Hay varios casos -cuenta Zuleta- en los que las familias saben que hubo asesinato, pero no tienen los cuerpos porque estos fueron arrojados al río.

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Antes de que fueran destruidos, el movimiento hizo la caracterización de 160 íconos asociados desaparición y asesinato. “Hablamos de los íconos y de la existencia de fosas comunes. La exigencia de protegerlas quedó consignada en reuniones con la Gobernación de Sergio Fajardo y con la Fiscalía, pero nunca tuvimos respuesta”, asegura la lideresa.

Zuleta concluye que las medidas cautelares en Hidroituango son necesarias porque está en juego la verdad sobre crímenes de lesa humanidad. En Ríos Vivos están articulados familiares de desaparecidos y también enterradores, barequeros.

Las dificultades del traslado y el abandono estatal

Orobajo se ubicaba en un lugar lejano, donde no llegaba el Estado, el guardia mayor lo sitúa entre los límites de Sabanalarga, Liborino, donde ahora está la presa. El abandono se evidencia en los restos -explica el líder Abelardo David- pues la mayoría eran niños que murieron por desnutrición o por no poder llegar a tiempo al hospital que estaba a más de doce horas de camino.

Foto: comunidad indígena nutabe

La primera información sobre el traslado le llegó al líder en 2006. Reconoce que no quería irse de su territorio, pero tampoco había alternativas. “Todavía me corren las lágrimas cuando paso, el único consuelo que me queda es que estoy enfrente de mi territorio”, relata. En 2014 los nutabe exigieron consulta previa, pero aún no tenían reconocimiento. Lo solicitaron y el Ministerio del Interior los inscribió en el registro de comunidades indígenas mediante la resolución 0071 del 19 de mayo de 2017. En los registros del Gobierno, las 37 familias (más de 170 personas) están ubicadas en el área rural de los municipios de Sabanalarga, Peque e Ituango.

La JEP indicó que inicialmente los nutabe fueron censados como cañoneros, habitantes de las tierras a la orilla del río Cauca. Entre otras cosas se caracterizan por su habilidad para navegar el río que también les ayudaba a subsistir siendo la pesca y el barequeo sus actividades principales. Ya no pueden hacer la segunda y para la primera hay muchas limitaciones. “Se nos vienen a la mente, los caminos, las playas, los puntos donde barequeábamos, donde pescábamos”, recuerda David.

Agrega que cambiar sus formas de vida ha sido complicado. Ahora tienen que dedicarse a otras labores a las que no están acostumbrados y transportar cultivos es difícil por las distancias. Pedro Adán Torres, miembro de la comunidad de Barbacoas que estará en la JEP el 19 de julio, le dijo a este medio que cambiar sus costumbres fue lo más difícil porque solo se dedicaban a dos trabajos y no conocían “nada de agricultura”. Aunque sus viviendas estaban hechas en bahareque y sin piso de cemento, todavía las extrañan.

Zuleta asegura que hay mucha tristeza en el territorio, “por no poder pescar, por no poder barequear, por ver el río en esas condiciones”. Desde 2014 solicitaron que la actividad sea reconocida como patrimonio cultural inmaterial. Consideran fundamental comprender desde otra lógica “la labor ancestral del barequeo que no es minería” y entender las relaciones espirituales. (Aquí puede leer la solicitud)

Después de la consulta previa en abril de 2018 se identificaron los impactos en la comunidad. En la reubicación, algunos se quedaron en Sabanalarga, pero la mayoría está en Ituango.

En el predio que la empresa les entregó en 2019 ejecutarán varias obras acordadas en la consulta. Son 553 hectáreas en un territorio llamado Patio Bonito, conocido como Los Galgos, a 15 minutos del casco urbano de Ituango, dedicado a proyectos cafeteros, ganaderos y de agricultura. Desde Ríos Vivos recuerdan que hay en camino tres solicitudes de reconocimiento de cabildos nutabe en Barbacoas, Remartin y otros territorios.

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