Las cifras de violencia en el paro nacional con las que la Defensoría pide la visita de la CIDH

Después de la negativa del Gobierno a recibir la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Defensoría del Pueblo le entregó al organismo el balance de la situación de derechos humanos en Colombia, en el marco del paro nacional que se inició el 28 de abril.

Hace dos días, Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller, rechazó, por ahora, la solicitud de la OEA y la CIDH de enviar una delegación para verificar la situación de Colombia. La decisión del Gobierno fue objeto de críticas, entre otras cosas porque -como dijo la organización cuando Venezuela no aceptó la visita en 2020- “es propio de regímenes autoritarios denegar el escrutinio internacional y la observancia de la situación de los derechos humanos”.

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Incluso el defensor Carlos Camargo instó al Gobierno a recibir a la CIDH, “en función del artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del artículo 18 del Estatuto de la Comisión”.

Camargo presentó las cifras en una audiencia virtual en la que participó la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, y el comisionado y relator sobre defensoras y defensores de derechos humanos y líderes sociales, Joel Hernández García.

Los datos de la Defensoría del Pueblo

Entre el 28 de abril y el 24 de mayo, durante las protestas, se recibieron 236 denuncias de presuntos abusos policiales contra los derechos humanos, que fueron enviadas a la Procuraduría, la Policía y a la Fiscalía, según informó la Procuraduría en un comunicado.

Además, se han presentado 106 casos de presuntas agresiones del Esmad a mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas en 19 departamentos, “con mayores reportes en Valle del Cauca, Antioquia, Nariño, Boyacá y Cauca”. Asimismo, se han reportado 1.040 civiles lesionados o heridos y 1.049 policías.

De los 43 casos de homicidios registrados durante estas fechas, la Fiscalía estableció que 17 corresponden a hechos sucedidos en las protestas: 16 civiles y un policía (el capitán Jesús Alberto Solano Beltrán, asesinado en Soacha)

Hasta el momento, permanece activado el Mecanismo de Búsqueda Urgente para 129 personas, porque ya la Fiscalía ha certificado la localización de 39 de ellas.

Cifras de violencia entre el 28 de abril y el 24 de mayo. Fuente: Defensoría del Pueblo

Hasta el 24 de mayo se registraban 234 quejas en el sistema de la Defensoría, en las que denuncian 315 violaciones a los derechos humanos, principalmente a la integridad personal (118), libertad de reunión (48), vida (47), libertad personal (21), libertad de expresión y opinión (15), libertad de circulación y residencia (11), entre otros.

La CIDH reitera intención de visitar Colombia

Después de la negativa del Gobierno y de recibir las cifras, la Comisión, nuevamente, expresó su preocupación “por la grave crisis que enfrenta Colombia” y condenó “las graves violaciones de derechos humanos registradas durante las protestas sociales”.

Por eso, señaló que el Estado debe respetar los más altos estándares en cuanto a la libertad de expresión, uso de la fuerza y debida diligencia y permitir que la comisión realice la visita “honrando su tradición con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos”.

La presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, señaló en entrevista con RCN Radio que la intención del organismo no es realizar la labor de los órganos de control, sino “establecer las debilidades y los obstáculos para buscar instancias de cooperación técnica”.

De hecho, en conversación con Diario Criterio, Jomary Ortegón Osorio, abogada del área internacional del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y de la Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas, aseguró que hay una mala interpretación de los procedimientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: “Marta Lucía Ramírez dijo que, primero, se deje actuar a los órganos nacionales como Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, desconociendo que para este tipo de visitas -a diferencia de la presentación de denuncias de casos particulares- no es una exigencia agotar previamente los recursos internos”.

La CIDH resaltó que si bien en las 9.623 protestas que se han adelantado en el país, según el reporte oficial, la mayoría no han presentado incidentes, en al menos 1.038 se han reportado casos de fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales “como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza”. Especialmente, en Bogotá, Cali, Pereira, Popayán y Yumbo, y con afectación particular en pueblos indígenas, mujeres y personas afrodescendientes.

Dentro de las muertes en el marco de las manifestaciones, la Comisión Interamericana destaca los casos de Lucas Villa, quien perdió la vida el 5 de mayo en Pereira después de recibir ocho disparos durante su participación en una protesta pacífica; el de Sebastián Quintero, quien falleció el pasado 15 de mayo en Popayán, tras recibir el impacto de una granada aturdidora presuntamente lanzada por integrantes de la fuerza pública, y el de Jhon Erik Larrahondo, quien murió en Cali el 23 de mayo por el accionar de un arma de fuego.

Además, la CIDH considera alarmante que algunas de las 276 personas que habrían sido reportadas como desaparecidas “aparecieron sin vida, como el líder Cristian Torres, el 14 de mayo en la ciudad de Leiva, Nariño”.

También se han identificado diversas expresiones que estigmatizan la protesta social, especialmente, a las personas manifestantes de pueblos étnicos e integrantes de la minga Indígena. También se ha observado un clima “de creciente hostilidad y violencia hacia la prensa en el contexto de las manifestaciones sociales, documentando agresiones, amenazas e intimidaciones, además de ataques a instalaciones de medios de comunicación”.

Actos de vandalismo

La Defensoría del Pueblo señaló que, aunque la mayoría de las manifestaciones se desarrollan pacíficamente, “se reportan intensos y permanentes actos vandálicos que han afectado 108 infraestructuras gubernamentales, 28 peajes, 61 semáforos, 96 CAI de policía”.

También hay reporte de nueve estaciones de Policía, tres distritos de policía, cuatro subestaciones, 359 establecimientos comerciales, 433 oficinas bancarias, 1.136 vehículos de transporte público, 206 estaciones de transporte público, 91 estaciones de servicio, 417 cajeros automáticos, 46 vehículos particulares, dos instituciones religiosas y un hotel.

Cifra de violencia entre el 28 de abril y el 24 de mayo. Fuente: Defensoría del Pueblo

El trabajo de la Defensoría y las críticas

La Defensoría notificó que ha logrado 345 mediaciones para que las movilizaciones se den de manera pacífica y 250 mesas de diálogo entre manifestantes y autoridades. Después de casi un mes, ya se han activado 262 corredores humanitarios para el paso de ayuda humanitaria, alimentos, ambulancias, gasolina, vehículos particulares. Desde el 28 de abril, diariamente, 440 funcionarios, en las 42 regionales, han acompañado la protesta social.

“Quiero ser absolutamente claro y contundente en rechazar todos y cada uno de los actos de abuso policial, así como los casos en los que personas inescrupulosas han promovido hechos violentos”, manifestó Camargo.

El defensor y su labor han sido cuestionados por diferentes sectores, incluso por el Sindicato de defensoras y defensores de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo (Sindhep), que la semana pasada exigió su renuncia con un plantón. “Este es un acto simbólico para rechazar las posturas del defensor del pueblo, su ausencia y su silencio frente a las violaciones a los derechos humanos, los homicidios de más de 50 jóvenes y los excesos por parte de la fuerza pública”, dijo a Diario Criterio William Salazar, presidente del sindicato.

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Las cifras de las organizaciones sociales

La ONG Temblores ha hecho seguimiento de los casos desde el inicio del paro nacional. Según su último reporte, entre el 28 de abril y el 24 de mayo, se han identificado 3.155 casos de violencia por parte de la fuerza pública, 43 homicidios (18 casos están en verificación), 1388 detenciones arbitrarias de manifestantes y 22 víctimas de violencia sexual. La CIDH señaló que los datos de organizaciones sociales señalan la muerte de 51 personas.

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