Ley antidisturbios, una propuesta innecesaria e inconveniente

El nuevo anuncio del presidente se suma a la propuesta de redefinir el concepto de protesta pacífica en el decreto que regula el uso de la fuerza en las manifestaciones. Ambos casos han sido fuertemente criticados.

El presidente Iván Duque anunció que en la legislatura que comienza el próximo 20 de julio el Gobierno presentará un proyecto de ley para castigar los disturbios y el vandalismo en las protestas.

“Invito a todos los miembros del Congreso de la República a que trabajemos en la próxima legislatura para que tengamos en Colombia una ley moderna antivandalismo y antidisturbios, para que no pretendan quienes promueven esas prácticas pasar impunemente por soslayar los derechos de los colombianos”, dijo.

El presidente fue más allá y dijo que incluso hay que investigar a quienes insulten a miembros de la fuerza pública: “Es vergonzoso, por no decir otra palabra, ver a quienes posan de tribunas morales desde posiciones públicas e insultan a quienes le sirven a la patria. Esas conductas también deben ser investigadas y sancionadas”.

Duque, además, volvió a referirse a un tema que ya había levantado polémica antes: la definición de protesta pacífica. “La protesta pacífica no puede ni busca afectar derechos colectivos”.

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“Por eso, es muy importante también diferenciar entre lo que debe ser una expresión pacífica y lo que es vandalismo, terrorismo urbano de baja intensidad, destrucción de la infraestructura o violentar los derechos de la ciudadanía”, dijo el primer mandatario.

La polémica por la ley

Al anuncio del presidente Iván Duque le han llovido críticas. Carlos Amaya, exgobernador de Boyacá y exrepresentante a la Cámara, señaló que leyes de ese tipo son peligrosas para la democracia.

“Estamos claramente en contra de bloqueos y vandalismo, pero rechazamos cualquier intento de reprimir la manifestación social como puede suceder con la llamada ley antidisturbios que propone el presidente Duque”, dijo Amaya en Twitter.

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Incluso, lo comparó con el estatuto de seguridad de Julio César Turbay Ayala, creado después del paro de 1977. El estatuto reglamentó un estado de sitio, estuvo vigente entre 1978 y 1982 y buscaba enfrentar un supuesto “enemigo interno”, en el contexto de la lucha contra la guerrilla del M-19.

El estatuto autorizó consejos verbales de guerra para juzgar civiles y permitió que se cometieran todo tipo de atropellos contra los derechos humanos, como allanamientos sin orden judicial, torturas y desapariciones.

Asimismo, la representante a la Cámara María José Pizarro criticó el anuncio de Duque y lo calificó de ilegal. Para Pizarro, también es un error del Gobierno proponer leyes de ese tipo en momentos que su favorabilidad es baja.

“Insistir en la militarización y criminalización de la protesta social solo muestra incapacidad y falta de visión”, aseguró.

Según la representante, el anuncio de la ley antidisturbios demuestra que “el diálogo y el trabajo no existe” en la agenda presidencial, y que en su lugar al Gobierno “le gusta generar titulares de prensa, hacer ruido por algunas horas”.

Ley antidisturbios, ¿otro intento para limitar la protesta?

A mediados de junio, el ministro del Interior, Daniel Palacios, informó que se haría una modificación al decreto 003 de 2021 para excluir de la definición de protesta pacífica a los bloqueos de vías e infraestructura del transporte, así como otros tipos de manifestaciones que el Gobierno considere ilegítimas. En tales casos, según Palacios, se podría aplicar el Código Penal.

“Tampoco constituye manifestación pacífica las que se convocan con fines ilegítimos, promueven la violencia, estigmatización y los demás mencionados en la sentencia C742 de 2012”, dijo el ministro.

El anuncio de Palacios, que aún no se ha hecho efectivo, generó una gran controversia. El decreto que el Gobierno pretende modificar responde a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordenó “reestructurar las directrices sobre el uso de la fuerza frente a manifestaciones sociales no violentas”.

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En ese sentido, para varios expertos, en vista de que el fallo del alto tribunal buscaba proteger el derecho a la protesta, un cambio al decreto 003 no puede limitar ese derecho.

“Condicionar la protesta social o calificarla va en contra del derecho como tal. En ese sentido, sería inconstitucional. El decreto solo puede reglamentar y su alcance es específico frente a lo operativo”, explicó a abogada Mireya Camacho, consultada por Diario Criterio.

Además, distintas organizaciones se pronunciaron advirtiendo que así como no se puede regular el derecho a la protesta pacífica a través de una ley ordinaria, según la Corte Constitucional, tampoco se puede hacer con un decreto

¿Una ley innecesaria?

Ahora, el anuncio de la ley antidisturbios revive ese debate debido a lo que el Gobierno podría definir como disturbio. Basta releer lo que dijo Duque sobre investigaciones a quienes insulten a la fuerza pública para plantearse dudas al respecto.

Una iniciativa de este tipo “implica un riesgo frente a su contenido y a la definición de vandalismo o disturbio”, advirtió la abogada Camacho a Diario Criterio.

“Esperar ahora que se adopte una ley en la que se definan las situaciones en que se considera disturbio o vandalismo, más en el marco de las protestas sociales, podría afectar el terreno ganado hasta ahora vía jurisprudencial. Lo más sensato es esperar el texto y revisar que no limite el derecho a la protesta social”, agregó la experta.

Asimismo, el anuncio plantea la discusión sobre si es necesaria una ley de ese tipo teniendo en cuenta que la legislación colombiana ya castiga los actos violentos durante las marchas.

“Una ley antidisturbios o antivandalismo no tiene mucho sentido en la práctica ya que toda conducta delictiva está prevista en el Código Penal”, explicó la abogada Camacho.

El penalista Francisco Bernate coincide en ese punto e indica que desde hace diez años Colombia tiene una ley antidisturbios: “Mejor que la apliquen y no estar vendiendo humo”.

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