Ley de comida chatarra está a punto de irse a la basura

Es la primera vez que el proyecto de ley pasa a último debate. Sin embargo, está en riesgo de hundirse porque no ha sido agendado para ser discutido en los últimos días de legislatura.

Varias organizaciones le están pidiendo al presidente del Senado, Arturo Char, poner en la agenda legislativa el debate del proyecto de ley de comida chatarra, que obligaría a los alimentos ultraprocesados a tener etiquetas frontales con advertencias sobre altos contenidos de azúcar, sodio, grasas saturadas, entre otros productos potencialmente perjudiciales para la salud.

La petición es de extrema urgencia puesto que el próximo 20 de junio termina el actual periodo legislativo. Si la iniciativa no se tramita antes de esa fecha, automáticamente se hunde.

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Las organizaciones que promueven la ley de comida chatarra están expectantes, además, porque al proyecto solo le falta un debate para ser aprobado, algo que no había pasado en los años anteriores en que habían promovido sin éxito regulaciones similares para los alimentos ultraprocesados.

“Necesitamos que el presidente del Senado lo agende y ojalá en los cinco primeros (puntos del día). Cuando estos proyectos se agendan, a veces quedan en número 20 y eso no se mueve”, dijo a Diario Critero Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red PaPaz, una de las organizaciones que desde hace cinco años han luchado por poner etiquetas frontales a la comida chatarra.

Senadores de distintas corrientes, como Juan Luis Castro (Alianza Verde) o Nadia Blel (Conservador), se han unido para salvar la ley de comida chatarra con el potente argumento de que, en tiempos de pandemia, se necesita una regulación fuerte para prevenir enfermedades relacionadas con la mala alimentación.

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Sin embargo, el proyecto aún no aparece en la agenda legislativa y el tiempo cada vez se agota más, sobre todo porque la próxima semana, así como esta, también tiene un festivo: “Nos han dicho es que Arturo Char no ha sido un presidente que ha citado extraordinarias (…) Lo que nos han dicho los senadores es que están muy preocupados porque hay mucho proyecto que se puede morir en este momento porque no hay tiempo para debatir”, agregó Piñeros.

Si el proyecto se hunde, podría volver a ser presentado en el Congreso, teniendo en cuenta que cada vez más legisladores lo apoyan, pero sería de un proceso desgastante.

“Empieza a ser muy duro porque otra vez es volver a recorrer todo el camino y el camino son dos años, cuatro debates: dos en Senado y dos Cámara”.

El camino para regular los alimentos

En 2016, el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos propuso gravar las bebidas azucaradas para, de esa forma, desincentivar su consumo y prevenir la obesidad. La propuesta se basaba en un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), emitido en octubre de ese año, que recomendaba aumentar al 20 por ciento los impuestos a estas bebidas para lograr “una mejor nutrición y una disminución en el número de personas que presentan sobrepeso, obesidad, diabetes y caries dental”.

Esa iniciativa tuvo como opositores al ahora presidente Iván Duque, que para ese momento era senador del Centro Democrático.

Incluso, el senador de izquierda Jorge Enrique Robledo coincidió con Duque en rechazar el impuesto a las bebidas azucaradas.

Otro de los que se opusieron a dicho gravamen fue Guillermo Botero, quien era presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) hasta agosto de 2018, cuando llegó al Gobierno de Duque inicialmente como ministro de Defensa y luego como embajador de Colombia en Chile.

Finalmente, gracias a un fuerte lobby de la industria, el impuesto a las bebidas azucaradas se cayó de la reforma fiscal tramitada por el Gobierno de Santos y que fue aprobada en diciembre de 2016.

“En Colombia, la industria azucarera y las principales empresas de medios pertenecen a los mismos conglomerados económicos. Tienen un poder intimidatorio. Y lo usaron”, dijo el entonces ministro de Salud Alejandro Gaviria en un artículo de ‘The New York Times’ publicado en noviembre de 2017.

Mientras tanto, desde 2017 fueron radicados tres proyectos de ley de etiquetado frontal que se hundieron por falta de trámite. Además, una de las iniciativas se modificó tanto que perdió los dientes y terminó siendo inviable, al punto de que las propias organizaciones que la promovían optaron por luchar para que fuera archivada.

“Hay un problema con este tipo de proyectos. Aunque tienen mucha evidencia científica de lo bueno que serían para el país, lo importantes para la salud, quienes se oponen son precisamente las industrias que producen tanto las bebidas como los comestibles industrializados. Como ha pasado históricamente con el tabaco, con el asbesto, ellos apoyan a los partidos, apoyan a los candidatos en las comisiones que son claves para la toma de estas decisiones”.

Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red PaPaz

El proyecto de ley que aún sigue vivo en el Congreso es el 347 de 2020. Aunque ha sufrido algunos cambios, todavía conserva la esencia.

Los cambios al proyecto de comida chatarra

Inicialmente, según Piñeros Ospina, el proyecto de ley planteaba no permitir publicidad dirigida a niños en productos con etiquetado frontal, así como regular el patrocinio a campañas políticas por parte de empresas de alimentos ultraprocesados.

“Todo eso lo quitaron y dijimos: entendemos que esto va a tocar hacerlo en más pasos; seguramente después tendrá que venir”, explicó la directora ejecutiva de Red PaPaz.

Ahora, para evitar que el proyecto se archive, organizaciones como la Fian Colombia (FoodFirst Information and Action Network) adelantan campañas en las que aclaran que la ley de comida chatarra no pretende prohibir ningún producto, ni ponerles etiquetas a todos los alimentos, sino dar información extra sobre lo que se consume.

Por su parte, Red PaPaz habilitó una petición online dirigida a la mesa directiva del Senado para que agenden el proyecto de comida chatarra.

“No puede ser que los intereses económicos de los senadores estén por encima de la salud y el futuro de las niñas y niños colombianos. Den el debate”, dice la Fian Colombia.

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