“Los investigan por porte ilegal de tachuelas”, abogado de jóvenes capturados

Litigantes que defienden a los jóvenes aprehendidos lograron la libertad de casi todos ellos y denuncian falsos positivos judiciales. En otros casos la Fiscalía admite que los delitos no se relacionan con el paro ¿Qué pasó?

Desde la semana pasada las redes sociales están inundadas de imágenes de operativos en barrios de ciudades como Cali, Cartago y Pereira, donde policías, apoyados por agentes del Esmad, capturan a jóvenes señalados de ser los promotores de bloqueos y actos vandálicos.

Las autoridades anunciaron, con orgullo, el mensaje de contundencia y mano dura contra los vándalos, tras las capturas masivas efectuadas entre el 18 y el 21 de mayo en varias ciudades del país: 25 en Cali, 11 en Pereira y 15 en Cartago, Valle.

Incluso, en uno de ellos se observa el operativo apoyado por un helicóptero en el que se aprecia claramente cuando los muchachos, esposados y en fila india, son trasladados por la policía del sector de La Romelia, entre Pereira y Dosquebradas.

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De hecho, Luisa Fernanda Obando, delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, hizo un balance en el que revela, con corte al 17 de mayo y con ocasión del paro, la imputación de 160 presuntos delincuentes, de los cuales 49 de ellos fueron cobijados con medidas de aseguramiento.

Pero la contundencia de esas acciones judiciales y la poca rigurosidad de las investigaciones que motivaron algunas de esas capturas masivas quedaron en evidencia en los estrados judiciales, pues los aprehendidos comenzaron a recuperar la libertad en el primer filtro de control de legalidad ante los jueces.

Lo primero corrió por cuenta de las capturas masivas que anunciaron el propio ministro de Defensa, Diego Molano, y el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, el pasado 18 de mayo.

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En esa ocasión, Molano reportó el arresto de 25 promotores de actos violentos en el país en los últimos días. “Estos sujetos abastecían de armas y explosivos a delincuentes y grupos armados como el ELN y disidencias de las Farc para atentar contra ciudadanos, fuerza pública e infraestructura”.

Y fue más concreto al mencionar que “se trata de un grupo de delincuencia común organizada que tienen influencia criminal en la ciudad de Cali. A modo de outsourcing, abastecía de armas de fuego y artefactos explosivos a los protagonistas de los últimos desmanes”, dijo Molano.

Lo llamativo de la tesis criminal que expuso el propio ministro de Defensa es que no coincide con el proceso que presentó el fiscal del caso ante el juez de control de garantías. Es decir, si bien a esas personas se les endilgan delitos como concierto para delinquir y tráfico de armas, sus crímenes no estarían relacionados con los actos vandálicos del paro.

Al menos así lo dejó ver el propio fiscal séptimo especializado de Cali durante la audiencia de legalización de varias capturas, en la que pidió, en una réplica, que se investigue al ministro por sus declaraciones. “Es importante que quede constancia. Yo no tengo nada que ver con lo que ha dicho el ministro Molano; eso es un problema de él y ojalá, como lo decía el defensor, no tiene nada que ver con este caso”, aclaró el fiscal en la audiencia de legalización de capturas e imposición de medida de aseguramiento.

El funcionario del ente acusador precisó que la única mención que hizo dentro de su caso con el paro, fue en el siguiente contexto, “yo nunca he dicho que ellos participaron en actos vandálicos, es decir, en la protesta social, no, yo no he dicho eso. Yo lo que digo es, y entendamos, que una cosa es la protesta social y otra cosa son las conductas delictuales que se cometen cuando se saquean almacenes, roban y la forma en la que algunos civiles utilizaban armas de fuego de largo alcance. Yo lo que dije era ¿de dónde sacan esas armas de fuego estas personas?”.

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Para rematar el asunto, el propio juez cuarto penal municipal de Cali, recogiendo las declaraciones del fiscal, se refirió al debate de moción de censura que enfrenta el ministro: “Esa es la moción de censura que se tramita y pueda ser una censura a ser lenguaraz”.

La manifestación del juez quedó en evidencia en un fragmento publicado por el abogado y exfiscal Élmer Montaña, quien lidera un colectivo ciudadano dedicado a investigar y denunciar hechos de corrupción o violaciones a los derechos humanos en la capital del Valle.

Lo cierto del asunto es que los capturados son presuntos responsables de los delitos que les imputaron y eso solo se sabrá cuando termine el juicio, pero lo que está claro por ahora es que nada tienen que ver con los actos vandálicos y criminales del paro.

“Porte ilegal de tachuelas”

Un colectivo de abogados integrado por los litigantes Uberney Marín Villada, Mario Díaz Cano, Santiago Díaz Henao, Juan David Londoño y Rolando Valencia ha estado defendiendo de manera gratuita a los jóvenes manifestantes capturados con ocasión de las protestas.

Hasta el momento, representan a 50 de ellos, y solo la semana pasada fueron capturados 26, de los cuales 25 quedaron en libertad (14 en Cartago y 11 en Pereira). Todos señalados o imputados por delitos como violencia contra servidor público, obstrucción de vías y atentados contra el servicio de transporte público.

Para los defensores judiciales, la estrategia desplegada por las autoridades en contra de los manifestantes “es una clara violación a derechos fundamentales, como el debido proceso, la protesta social y los derechos humanos”, explicó el abogado Díaz Cano.

Añadió que, dentro de esas capturas masivas, se han visto cosas tan absurdas como que al único joven cobijado con medida de aseguramiento en detención domiciliaria “se le imputó un delito que no existe dentro del código penal: porte ilegal de tachuelas, ya que lo único que le hallaron en el morral fueron 10 tachuelas que, según la Fiscalía, eran prueba suficiente para inferir que pretendía afectar el transporte público”, dijo el defensor judicial a Diario Criterio.

Su colega Uberney Marín no dudó en catalogar esas capturas como “falsos positivos judiciales”. Para el jurista experto en derecho constitucional, “no se entiende que la policía haga esas capturas masivas, indiscriminadas, sin formalismos, sin contenido de carácter jurídico, que indudablemente se caen en la primera audiencia de control de legalidad”

El abogado fue más allá al expresar que esas capturas masivas reflejan un desespero desmedido de los agentes del Esmad por cumplir exigencias y resultados ante sus superiores, “porque de otra manera no se explica y entiende que entre los capturados hallan personas humildes, habitantes de calle, con problemas mentales, trabajadores areneros, voluntarios humanitarios o que simplemente cumplen labores de aprovisionamiento de alimentos y bebidas”, argumentó a este medio.

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Y para empeorar el ambiente, líderes cívicos de Cartago denunciaron la existencia de un panfleto amenazante contra los jóvenes manifestantes que hacen parte de la llamada primera línea y sus familias. “Queremos hacer una advertencia a todos los que están destruyendo el patrimonio público y privado, el cual vamos a defender a sangre y fuego”, dice en uno de los apartes el intimidante panfleto que relaciona los nombres de 12 jóvenes.

3 Comentarios

  1. Después de haber logrado imponer los falsos positivos el matarife, ahora con sus marionetas de Duque, Molano, fiscal y entes de control imponen los falsos procesos judiciales, violentando así sistemáticamente la constitución nacional . No pierde la costumbre como puede verse, personaje toxico incitador de odios que debería estar en la cárcel