Los reclamos que siguen en pie del sector audiovisual a la reforma tributaria

En medio de la pandemia, con la mayoría de las salas cerradas y pocas abiertas con un aforo reducido, la preocupación por el futuro del cine colombiano aumentó tras conocerse la propuesta del Gobierno de reforma tributaria.

Aunque la presión del gremio logró que desde el Ministerio de Cultura se hiciera la promesa de eliminar las modificaciones a la ley 814 de 2003, que busca promover la actividad cinematográfica, y la ley 1556 de 2012, que promueve el rodaje de películas en Colombia, hay una parte del documento que se mantiene y afecta a los escritores del sector audiovisual.

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Lo que se mantiene y afecta al sector

Los escritores de la industria audiovisual colombiana (televisión, cine, plataformas digitales) denuncian la difícil situación que enfrentarían en caso de que se derogue el artículo 235-2 numeral 8 del Estatuto Tributario.

Ese señala que están exentos del incentivo tributario las creaciones literarias de la economía naranja, contenidas en el artículo 28 de la Ley 98 de 1993 que son, entre otras cosas, los ingresos por derechos de autor.

Diario Criterio habló con Idania Velásquez Luna, representante Asociación Escritores Audiovisuales, quien dijo que hay un primer triunfo que celebran -refiriéndose a la promesa del ministro de Cultura, Felipe Buitrago- pero que en la reforma este tema fue planteado directamente por el Ministerio de Hacienda y no se ha hablado de eliminarlo.

“Con esta reforma –afirma Velásquez– nos empezarían a gravar. Nosotros los escritores no tenemos un contrato laboral, ni siquiera uno de prestación de servicios. Es un contrato de cesión de derechos de autor: no contamos con prima, vacaciones, cesantías”.

Más allá de eso, la escritora cuenta que para poder vender un proyecto audiovisual tienen que trabajar meses y, cuando ya está listo, buscar la forma de venderlo.

“Esos meses enteros que pasamos sentados escribiendo, no nos lo pagan”, explica Velásquez.

Otra de las críticas es que el presidente Duque tenía como bandera la economía naranja y ahora la reforma pretende gravar las creaciones literarias que tenían el beneficio desde 1993.

Según el guionista Juan Andrés Granados, calculan preliminarmente que la derogación de los beneficios tributarios generaría un 33 por ciento de aumento en los costos.

Y destaca: “No hay una relación laboral entre los escritores y quienes los contratan, sino de venta y cesión de derechos por un tiempo muy limitado. Entre uno y otro proyecto pueden pasar meses o años”, destaca.

Idania Velázquez argumenta que los escritores del mundo audiovisual no se benefician de las ganancias del producto porque al entregar la historia pierden los derechos patrimoniales por completo.

 “Este era el único beneficio tributario para escritores audiovisuales, lo único que tenemos porque somos vulnerables por esas formas de contratación. Pedimos al Gobierno que saque de la reforma ese numeral”, concluye la representante de los escritores audiovisuales.

Las críticas a la reforma tributaria

En el sector existía temor por la derogación de algunos artículos de la Ley 814 (5, 6, 7, 8, los numerales 1 y 6 del artículo 10, los artículos 13, 14 y 15) que establecen los recursos del Fondo de Desarrollo Cinematográfico (FDC) y del artículo 9 de la 1556, que establece los beneficios tributarios en los servicios audiovisuales de exportación, porque pondría en riesgo la estimulación de rodajes internacionales en el país y la financiación del FDC.

El ministro de Cultura, Felipe Buitrago, dijo en entrevista con El Tiempo que están trabajando con miembros de la bancada del Gobierno en el Congreso “para eliminar de la ponencia esa propuesta que se hizo con la mejor de las intenciones”.

Y explicó que ni el año pasado ni este, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico recibió muchos ingresos debido a los cierres de las salas de cine.

Este fondo apoya la realización de largometrajes, cortometrajes, festivales nacionales y la participación en mercados internacionales; además, entrega becas y estímulos a cineastas.

De hecho, en una entrevista con la revista Semana, el presidente Iván Duque dijo que su objetivo era aportar más a la reactivación del sector. Sin embargo, después de recibir los reclamos del gremio, señaló que mantendrán la parafiscalidad y buscarán aportar por medio de otros fondos temporales.

También aseveró que mantendrán los Certificados de Inversión Audiovisual (CINA), un incentivo tributario que le da a las obras audiovisuales no nacionales, producidas o post producidas en Colombia, derecho a solicitar un descuento del impuesto de renta de hasta un 35 por ciento del valor de la inversión hecha en el país.

La reforma tributaria -tal como está- implicaría un retroceso en los logros alcanzados según el gremio. Por ejemplo, Colombia pasó de estrenar tres películas nacionales, en 1997, a 48 cintas nacionales, en 2019 y del año 2004 al 2020 se entregaron 1.481 estímulos por concurso y 3.265 estímulos automáticos para proyectos cinematográficos colombianos.

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  • La ley 814 de 2003

El gremio explica que de suprimir los artículos de esta ley, el FDC pasaría de nutrirse de la cuota parafiscal a alimentarse con los recursos que el Gobierno nacional fije cada año desde 2024.

Mínimo el 70 por ciento de los recursos del FDC se destinan para la producción cinematográfica y, el porcentaje restante, para apoyar líneas de acción complementarias y encaminadas a promover el cine colombiano.

Alina Hleap, representante de los productores en el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC), reconoce que el ministro de Cultura propuso un aporte de 33.000 millones al año por parte del Gobierno, lo que recaudó el FDC en parafiscales en 2019 – el mejor año en términos de recaudo en taquilla-.

Sin embargo, Hleap sustenta que la propuesta sonaba bien, pero en la práctica se podría ver comprometida la independencia y estarían supeditados cada año a la voluntad política del Gobierno de turno.

El argumento del sector es que, de todas formas, si el Gobierno quiere hacer aportes al fondo -como los 5.000 millones que entregó este año- lo puede hacer. 

En este punto coincide la cineasta y guionista Libia Stella Gómez, quien asegura que, aunque el Gobierno promete que por ley tendría que aportar los 33.000 millones, “al dejar sin piso jurídico los parafiscales, cualquier Gobierno puede derogar el aporte.

“El apoyo al cine –agrega Gómez- no puede depender de la administración de turno”. Además, el sector perdería la autonomía de manejar sus propios recursos.

  • Artículo 9 de la ley 1556 de 2012

Esta ley estipula la contraprestación del 40% de servicios audiovisuales y del 20% de gastos en hotelería, alimentación y transporte para las productoras que produzcan en territorio colombiano. También el Certificado de Inversión Audiovisual en Colombia (CINA).

En pocas palabras, la que motiva la inversión al otorgar beneficios tributarios a películas nacionales y extranjeras que se rueden en Colombia. En el Gobierno de Duque estos se ampliaron a series de televisión, videos musicales, videojuegos y publicidad.

Sorprende que pese a que este mismo Gobierno tuvo la iniciativa -aprobada por el Congreso- en la versión inicial de la reforma se eliminan los Certificados de Inversión Audiovisual (CINA), que implican un descuento del 35 por ciento de la inversión.

La cineasta Gómez explicó que “con los CINA los productores colombianos obtienen los beneficios tributarios, eso hace que para las productoras extranjeras sea más barato rodar aquí”.

Aunque, según Gómez, en pocas ocasiones contratan directores, las producciones generan visibilidad para el país y les aportan a otros sectores de la economía. 

“No entendemos por qué lo estaban tumbando si son de este Gobierno y han dado resultado, más de 400.00 millones invertidos, 36 proyectos aprobados en cerca de siete meses”, argumenta Hleap.

Además, en una consulta realizada a la oficina de abogados Umaña y Asociados, por el Grupo de Empresas de Animación Colombiana, se resalta que los grupos de animación están construyendo los caminos para exportar servicios audiovisuales y la supresión de este artículo “representaría la eliminación del escalón del mercado que finalmente les permitiría crecer económica y artísticamente”.  

El documento también resalta que la reforma modifica el primer párrafo del artículo 408 del estatuto tributario que establece el porcentaje de pago de renta por el capital o el trabajo realizado.

Frente a eso afirman:

“Si bien la tarifa del veinte por ciento sobre la prestación de servicios o beneficios relacionados con la propiedad artística y la explotación de películas cinematográficas ya existe en el estatuto tributario, el proyecto de ley amplía su alcance para cobrar no sólo lo que se obtenga en territorio colombiano sino también lo que se obtenga en el exterior cuando contrata una empresa colombiana. Y además, se cobrará ese porcentaje a los servicios de publicidad”.

Esta es la primera vez que se reúnen todas las agremiaciones de cine del país.

De acuerdo con la representante de los productores, el ministro de Cultura ha atendido sus solicitudes, aún así la Asamblea Permanente Nacional Audiovisual sigue en pie con la participación de 43 organizaciones y cinco miembros del CENACC a la espera de que la promesa se cumpla.

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