Los riesgos y retos del final de la legislatura

El Congreso de la República tiene menos de tres días para resolver la suerte de varios proyectos trascendentales para el país. Desde la reforma a la Procuraduría hasta la reducción de las vacaciones legislativas, estas son las iniciativas que están en juego.

El próximo domingo 20 de junio llega a su fin la tercera legislatura del cuatrienio constitucional, último plazo para tramitar algunos actos legislativos y proyectos de ley que están en riesgo de hundirse. Después de esta fecha, el Congreso tendrá un receso de un mes, antes de afrontar la parte final de su actividad.

Desde hace varios días, las comisiones y plenarias de Cámara y Senado disputan una carrera contra reloj para discutir y aprobar varias propuestas de la agenda legislativa. Según indica la normativa del Congreso, cualquier proyecto debe tener por lo menos un debate en el primer año de su curso por el legislativo, pues de lo contrario sería archivado.

Por esta razón, los promotores de proyectos como la Ley de Comida Chatarra, la Especialidad Agraria, o la Licencia de Paternidad Compartida, mantienen en el Congreso una batalla para que senadores y representantes discutan al respecto.

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En todo este proceso, los presidentes de cada plenaria o comisión jugarán un papel importante, pues serán quienes finalmente decidan el orden del día de cada sesión. Uno de los más destacados es Arturo Char, presidente del Congreso y responsable de agendar debates como el de la Ley de Comida Chatarra, la reforma a la justicia, entre otros.

Cualquier decisión que tome el legislativo será polémica, como ya lo ha demostrado cada debate entre la coalición de gobierno y los partidos de oposición. Aunque no exista certeza sobre la suerte de varios proyectos, lo más probable es que muchos se queden en el camino, mientras otros se convierten en ley a pesar de las críticas.

Reforma a la Procuraduría

El proyecto de ley 423, que busca reformar el código disciplinario y fue aprobado hace pocas horas, es promovido por la procuradora Margarita Cabello y cuenta con el respaldo del Gobierno. La propuesta atribuye funciones jurisdiccionales a la entidad para permitirle investigar y sancionar a funcionarios públicos, incluso los elegidos por voto popular.

Según la procuradora Cabello, la medida se adapta a los requerimientos de la Corte IDH por el caso Petro-Ordóñez; sin embargo, la oposición asegura que se trata de todo lo contrario, pues el tribunal internacional asegura que los funcionarios electos por voto popular solo pueden ser destituidos o inhabilitados por un juez penal.

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Los críticos del proyecto aseguran que darle funciones de juez a los procuradores es un peligro para la democracia, pues a diferencia de los jueces, ninguno de estos es autónomo e independiente, ya que es subordinado de la procuradora. Para muchos, la aprobación de esta norma le da superpoderes a la Procuraduría para perseguir a la oposición.

Mientras instituciones como el Consejo de Estado han manifestado su preocupación, la Procuraduría asegura que era necesario aprobar la norma, para cumplir con los mandatos de la Corte IDH y evitar el archivo de cientos de procesos disciplinarios.

A la polémica se ha sumado la supuesta creación de 500 nuevos cargos en la entidad, en medio de la crisis que atraviesa el país. La suerte de esta iniciativa se definió en la plenaria de la Cámara de Representantes donde, a pesar de las críticas, contó con el apoyo de 102 congresistas.

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Especialidad Agraria

Se trata del único proyecto relacionado con la implementación del acuerdo de paz que aún sobrevive en la legislatura. La propuesta contempla la creación de unos jueces agrarios que mejorarán el acceso a la justicia de los territorios más afectados por conflictividad del país.

Paradójicamente, aunque el presidente Duque y su Gobierno respaldaron el proyecto, hoy las bancadas oficiales se muestran reticentes a discutirlo y parece poco probable que el presidente del Senado, Arturo Char, lo incluya en la agenda de estos días.

Cabe resaltar que esta propuesta ha contado con una fuerte opositora, la senadora María Fernanda Cabal, quien asegura que se trata de una trampa burocrática para afectar la propiedad privada de los campesinos. Congresistas como Angélica Lozano y Juanita Goebertus aseguran que Cabal miente, pues la iniciativa busca resolver los problemas de los campesinos por el uso de la tierra.

Ley de Comida Chatarra

Quienes respaldan esta propuesta buscan que los alimentos con exceso de azúcar, grasas saturadas y otros componentes nocivos, sean etiquetados frontalmente con advertencias para su consumo. Senadores como Alberto Castilla, del Polo Democrático, dicen que la ley debe aprobarse, tal y como pasó en México, Perú, Chile y Uruguay.

En el Congreso, algunos críticos de la medida aseguran que esta puede quebrar la industria de los alimentos o intervenir en la libre elección de los ciudadanos para comprar los productos señalados. Los promotores del proyecto desmienten ambos argumentos y afirman que se trata de una reinvención para esa industria.

En redes sociales, la propuesta cuenta con una gran respaldo, liderado por la organización Red PaPaz, quienes junto a congresistas de la oposición han promovido la etiqueta #CharAgendeLeyComidaChatarra.

Finalmente, el proyecto entró en una sexta posición al orden del día para este miércoles 16, sin embargo, algunos congresistas como Mauricio Toro presentaron una proposición para que la plenaria del Senado le dé el primer lugar.

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Menos vacaciones para el Congreso

La propuesta es liderada por el representante del Centro Democrático Gabriel Santos, quien propuso la reducción de las vacaciones para los congresistas. Actualmente, los legisladores tienen un receso de cuatro meses. Para Santos este periodo se debe reducir a un mes, para que representantes y senadores empiecen a sesionar desde enero y no desde marzo.

El proyecto superó el tercero de ocho debates, pero se encuentra en riesgo de hundirse si no es debatido antes del 20 de junio. “No dejemos pasar la oportunidad de demostrar que estamos dispuestos a abandonar nuestros privilegios y a hacer más con menos”, dijo el representante, quien denuncia que en el Congreso le ponen acelerador a proyectos que favorecen a unos cuantos.

Licencia compartida

Este proyecto también se encuentra a la espera de un último debate en la plenaria del Senado, pues de lo contrario sería archivado. Para la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, la iniciativa “busca distribuir los roles de cuidado y reducir la discriminación laboral contra las mujeres”.

La medida contempla que los hombres pasen de tener diez días de licencia de paternidad a ocho semanas, progresivamente, durante los próximos años hasta 2027. Esta ley, propuesta por la representante Juanita Goebertus, contó con apoyo total en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, pero hoy sufre a falta de un debate en plenaria del Senado.

“La licencia solo para las mujeres al tener hijos perjudica el mercado laboral de todas aquellas en edades fértiles. Ese tiempo es clave para los niños: ¿por qué no dejamos que los hombre también puedan cuidar?”, dice al respecto Ana María Tribín, investigadora y PhD en economía.

Las trabas más fuertes al proyecto han llegado desde el Ministerio de Hacienda, cartera que debe respaldar la propuesta con la viabilidad fiscal. La propuesta, además de pasar por la plenaria del Senado, debe ser conciliada por la Cámara y el Senado antes del próximo domingo. Sin duda, será un camino difícil y espinoso.

Reforma a la justicia

En las últimas horas, varios proyectos superaron con éxito su último debate en la plenaria del Senado, aunque muchos lo hicieron en medio de las polémicas y cuestionamientos. Uno de los más importantes fue la reforma a la justicia, la cual ha sido criticada por reducir los requisitos para aspirar a altos cargos.

La nueva ley establece que cualquier persona con estudios en derecho, sin experiencia en la rama judicial, puede ser elegida fiscal general, procurador, defensor o registrador nacional. Los críticos del proyecto aseguran que, con esta modificación, personas con experiencia en ciencias políticas o en cargos de gobierno pueden ocupar los altos cargos.

Para muchos se trata de una reforma hecha a la medida de muchos funcionarios del actual Gobierno. Entre los puntos positivos de la nueva ley se encuentra la mayor autonomía presupuestal que tendrá la rama judicial, la llegada de recursos tecnológicos para la administración de justicia y las listas de candidatos a magistrados de las altas cortes compuestas en un 50 por ciento por mujeres.

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Otros proyectos

En el limbo y con pocas oportunidades han quedado iniciativas como la adhesión al Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que establece numerosos protocolos para la protección del medioambiente. Congresistas como Iván Cepeda han asegurado que este acuerdo sería una herramienta para proteger a cientos de líderes y defensores ambientales amenazados.

El proyecto será discutido este miércoles en una sesión conjunta de las comisiones segundas de Cámara y Senado. Un panorama más oscuro enfrenta la iniciativa de renta básica, pues este martes se llevó a cabo la última sesión ordinaria de la Comisión Tercera del Senado, sin un acuerdo claro al respecto.

En la plenaria del Senado también se aprobó, de manera rápida, la reglamentación de la cadena perpetua para violadores de niños. El proyecto que irá directamente a sanción presidencial tuvo 67 votos a favor y 14 en contra. Los opositores del proyecto insisten en que se trata de una medida populista.

En la noche del martes, también fue aprobado el proyecto que permite a los padres elegir el orden en los apellidos de sus hijos.

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