Los ‘tres mosqueteros’ que defienden gratis a los detenidos en el paro

Un grupo de abogados liderado por Miguel Ángel del Río, Augusto Ocampo y Élmer Montaña defenderá gratuitamente a los capturados en el paro. Se denominan Primera Línea Jurídica y Diario Criterio habló con uno de ellos.

Después de 35 días de manifestaciones, bloqueos y actos vandálicos, que ya dejan medio centenar de muertos, cientos de heridos y un número mayor de desaparecidos, no hay un panorama claro sobre la forma como se puede judicializar a quienes se manifiestan de forma legal, así como a quienes pasan a la defensa o al ataque, o de los delincuentes que se infiltran en la legítima protesta para hacer de las suyas.

El más reciente balance de la Fiscalía habla de 160 imputaciones, 49 de ellas con medida de aseguramiento, por diversos delitos relacionados con los disturbios dentro del paro.

Pero esa tarea no ha sido fácil y, por el contrario, sigue en medio de una polémica por presuntos abusos e irregularidades jurídicas. El más reciente revés sucedió la semana pasada, cuando la Fiscalía recibió un duro golpe de los jueces de control de garantías que dejaron en libertad a 25 de los 26 jóvenes capturados masivamente en Pereira y Cartago, señalados de delitos como violencia contra servidor público, obstrucción de vías y atentados contra el servicio de transporte público. Básicamente, esos casos se cayeron por falta de pruebas o errores en las capturas.

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Desde entonces quedó en el ambiente que los casos contra los jóvenes manifestantes no están sustentados jurídicamente y violan derechos fundamentales como el debido proceso, o que los detenidos previamente son sometidos a maltrato físico, hasta que confiesan o admiten delitos que nunca cometieron. Algo que también debe ser corroborado y verificado.

Ante esas presuntas irregularidades surgió la idea de crear un pool de abogados que defienda gratuitamente a los jóvenes procesados ante la justicia. El proyecto, que ya está en marcha, es liderado por los reconocidos y polémicos penalistas Miguel Ángel del Río, Augusto Ocampo y Élmer Montaña.

Estos tres juristas, que ya han recibido la postulación de más de 2.000 profesionales para sumarse a la primera línea jurídica, conforman, junto a otros, una nueva generación de penalistas que han sido parte de grandes casos, varios de ellos de alta audiencia y titulares de prensa nacional. Miguel Ángel del Río fue quien denunció la ñeñepolítica y es abogado de Juan Guillermo Monsalve, testigo en contra del caso del expresidente Álvaro Uribe. Ocampo ha defendido, por ejemplo, al agente Ángel Zúñiga, quien se negó a adelantar un desalojo en Cali. Y Montaño ha trabajado entre otros asuntos, como defensor de Sigifredo López y de las víctimas de abusos sexuales de la Iglesia.

Diario Criterio habló con Montaña, un exfiscal que vive en Cali, afamado activista defensor de derechos humanos y veedor ciudadano que continuamente denuncia presuntos hechos de corrupción dentro del sector público. Dijo que no le preocupa que los encasillen como un colectivo mamerto, hizo fuertes señalamientos contra la Fiscalía y se quejó de la manera en la que algunos abogados se aprovechan de la situación de las familias de los jóvenes capturados para cobrarles sumas exorbitantes por la defensa.

Diario Criterio: ¿Temen ser vistos como un grupo de abogados mamertos que defienden a presuntos vándalos?

Élmer Montaña: No me preocupa en lo más mínimo que me ubiquen ideológicamente, porque las defensas que vamos a hacer son jurídicas y están orientadas a servirles a jóvenes que, hemos detectado, están siendo objeto de falsos positivos, de imputaciones mendaces. Esto está demostrado por el mismo hecho de que, en la gran mayoría de los casos, los jueces de control de garantías han decretado bien como ilegales una buena parte de los capturados en el paro o los han dejado en libertad, porque ni siquiera la Fiscalía ha sido capaz de formular de manera adecuada la inferencia razonable, es decir, establecer de manera lógica que esas personas puedan tener relación con los hechos que se les imputan.

Diario Criterio: Pero hay que reconocer que durante las protestas se han cometido delitos desde ambos bandos…

E.M.: Nosotros no estamos abogando por impunidad de ninguna naturaleza, simplemente estamos ofreciendo nuestros servicios para que esos muchachos tengan una defensa adecuada, idónea, porque también hemos visto que, lamentablemente, cuando se están presentando estas capturas masivas, un abogado termina asumiendo la defensa de hasta cinco o seis personas y esto nos parece contraproducente. No entendemos cómo se hace una defensa colectiva en casos de esta naturaleza, cuando son tan diversos. De manera que esto también es una forma de garantizar el debido ejercicio al derecho a la defensa de estos muchachos.

Diario Criterio: ¿Cuántos abogados hay en esta causa?

E.M.: El doctor Ocampo (Augusto) dijo que se registraron alrededor de 2.000 personas; en lo que a mí respecta, yo registré como cinco abogados, tres de Cali y dos de Bogotá. Ya nos están llegando casos de jóvenes que pasaron por las primeras audiencias y que muy seguramente serán llamados a juicio. La idea no es solamente asumir la defensa en estos primeros momentos, sino acompañarlos durante todo el proceso. Eso es lo más importante y sobre todo cuando existe la amenaza, por parte de la Fiscalía General de la Nación, de imputarles delitos más graves.

Diario Criterio: ¿A qué delitos graves se refiere?

E.M.: Hoy denunciamos públicamente una directriz emitida por el director seccional de Fiscalías de Cali, donde le está ordenando a los fiscales seccionales que tengan en cuenta para estas imputaciones los delitos de terrorismo y concierto para delinquir.

Diario Criterio: ¿Qué hay de malo en ello?

E.M.: Es una orden clara y directa para que les formulen esta clase de delincuencia a los muchachos y hacerles más grave la situación, obviamente con el propósito de que queden privados de la libertad. Esto también lo vamos a denunciar penal y disciplinariamente porque el director de fiscalías es un funcionario administrativo, no es funcionario judicial, no tiene jerarquía sobre los fiscales, no puede emitir ese tipo de órdenes; sin embargo, se extralimitó en la función dándoles órdenes a los fiscales sobre cómo interpretar la ley penal, cuando esa no es la función que a él le corresponde.

Diario Criterio: ¿Cuáles son los absurdos jurídicos que ustedes han notado en esos casos?

E.M.: Creo que hay muchísimos. Por ejemplo, lo que pasó el fin de semana con este joven músico Álvaro Herrera, quien fue privado de la libertad después de que salieron del concierto que estaban dando en la Universidad del Valle. Lo capturaron unos civiles, lo pusieron en manos de la Policía, que lo trasladó a la estación La María, donde lo torturaron y le hicieron confesar que él hacía parte de un grupo de vándalos. Ese hecho lo vamos a poner en conocimiento de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Esa confesión bajo tortura es realmente horripilante y es una de las cosas más espantosas que hemos visto con relación a este mal proceder de la Policía y de estos grupos paramilitares que los están apoyando.

Diario Criterio: Otros casos aberrantes…

E.M.: Tenemos jóvenes que están siendo detenidos porque llevan en sus manos algún objeto que consideran altísimamente peligroso, como por ejemplo que lleven puntillas, tachuelas. Les están formulando cargos por terrorismo, por el delito de porte ilegal de tachuelas; eso es de las cosas más ridículas que yo he visto. También estamos conociendo casos de muchachos a los que les están imputando delitos mucho más graves, pero que ellos señalan que les plantan evidencia para comprometerlos en delitos de porte de explosivos, etc.

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Diario Criterio: Esta idea podría ser interpretada como una manera de fomentar a los vándalos…

E.M.: No. Esto no se trata de estimular actos vandálicos, ni más faltaba, porque ninguno de nosotros está promoviendo el vandalismo. Ni les estamos dando patente de corso a los muchachos para que cometan delitos. En las declaraciones que hemos dado, en lo que a mí respecta, he sido muy claro en condenar la violencia, venga de donde venga. Yo no puedo aceptar la violencia que viene de los manifestantes y condenar la de la policía, eso es incoherente. Lo que estamos haciendo es una defensa jurídica a jóvenes que muy valientemente han salido a las calles a protestar, a exigir sus derechos y que, entendemos, están siendo víctimas de una ofensiva, no solamente policial brutal, sino de una ofensiva jurídica.

Diario Criterio: ¿Por qué tanta crítica y mala imagen de ustedes hacia la Fiscalía?

E.M.: Porque ellos no están ejerciendo el control de legalidad en esas capturas. Ellos deben ejercer ese primer filtro para establecer si en efecto están dados los elementos necesarios para poderlos imputar y llevarlos ante jueces de control de garantías. Por ejemplo, el caso de Álvaro, pese a que era evidente que el muchacho había sido torturado, que había videos que así lo demostraban, el fiscal le imputó cargos y fue un juez de control de garantías quien finalmente lo dejó en libertad; es decir, también nos encontramos con unos fiscales que están simplemente cumpliendo órdenes, como si estuviéramos bajo un régimen militar.

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Diario Criterio: ¿Sugiere que la Fiscalía es cómplice de esas arbitrariedades?

E.M.: Yo no digo que la Fiscalía está siendo cómplice; la Fiscalía está siendo parte. Esto es una ofensiva de represión que tiene varias aristas. Una represión policial brutal, como hemos visto, donde miembros de la policía disparan a quemarropa, inclusive, contra los manifestantes, por eso el elevadísimo número de personas muertas, gravemente heridas. Una ofensiva que tiene que ver también con las personas que están siendo reportadas como desaparecidas y frente a esa situación, tenemos una Fiscalía que hace parte de esa ofensiva de represión.

Diario Criterio: Entonces, desde su punto de vista legal, ¿qué delitos sí les pueden imputar a los vándalos?

E.M.: Un muchacho que rompe un vidrio, que desde luego es un acto censurable, está señalado en el Código Penal como el delito de daño en bien ajeno, aquí lo quieren tipificar como terrorismo. Y el hecho de que el joven sea capturado en medio de una manifestación, entonces ya da para que le puedan imputar concierto para delinquir y eso es una aberración, es una instrumentalización del derecho penal, con fines ideológicos y políticos.

Diario Criterio: ¿Qué opina de las capturas masivas?

E.M.: Esa figura de la flagrancia extendida es un absurdo y no existe. Las órdenes de capturas se deben llevar a cabo con orden judicial, salvo que la persona sea sorprendida portando elementos u objetos referidos a la comisión del delito. Pero que con posterioridad se le pueda privar de la libertad con ese argumento (flagrancia extendida) es un absurdo. Eso es a lo que nos estamos viendo abocados. Ese tipo de capturas eran de mucho uso hace unos años en Colombia por cuenta de las solicitudes que permanentemente hacían los militares, cuando estábamos en la época del gobierno de Álvaro Uribe, muchos directores seccionales corrían a realizar ese tipo de procedimientos y lo único que traducen son falsos positivos.

Diario Criterio: ¿Por qué nació la idea de este pool?

E.M.: A mí me parece muy importante que haya una línea defensiva gratuita para estos muchachos. Entre otras cosas por lo siguiente: he recibido información de varias personas que ya estamos defendiendo aquí en Cali, que en un primer momento los abogados que los quisieron atender solicitaron unas cifras realmente astronómicas en materia de honorarios. Claro que los abogados tienen derecho a cobrar honorarios porque esta profesión es liberal y los abogados vivimos de los honorarios, pero lo que sí nos parecía aterrador es que a muchachos de estratos muy humildes les hicieran esos requerimientos económicos.

Diario Criterio: ¿Por ejemplo?

E.M.: Me hablaban de una muchacha que estoy defendiendo, está en estos momentos privada de la libertad, y le estaban cobrando por la defensa 30 millones de pesos. Eso, para una señora humilde, la obliga a vender la casa.

Diario Criterio: ¿De dónde salió la idea del nombre?

E.M.: La verdad no sé. Yo creo que eso fue alguna genialidad de Ocampo o de Del Río. Alguno de los dos debió plantear el asunto y me parece una idea muy provocadora, y digamos que, si bien sirve para que estigmaticen a los abogados, yo creo que eso es lo de menos, aquí no nos vamos a poner a pelear con el nombre; es simplemente una manera de honrar a los jóvenes que están en este momento en la protesta.

1 Comentarios

  1. Rosalba Arias Giraldo

    Excelente propuesta de ayudar a los chicos, los que no somos penalistas ni constitucionalistas como podemos coadyuvar?
    A nombre de la comunidad desprotegida, gracias.