Los lunares del proyecto ‘Matrícula Cero’ para universitarios de estratos 1,2 y 3

El presidente, Iván Duque, y la ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunciaron que, por primera vez en el país, se garantizará la educación pública universitaria, técnica y tecnológica gratuita para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3. La medida beneficiaría a 693.000 jóvenes, según datos del propio Ministerio de Educación.

El presidente aseguró, justo en medio de las protestas y del diálogo con diferentes sectores para tratar de superar la crisis, que esta iniciativa es posible por una “reasignación de eficiencia presupuestalSabemos que la pandemia ha traído muchos efectos negativos en el ingreso de las familias y, por lo tanto, muchas familias expresaron la necesidad de tener un mecanismo para ayudar a cubrir los gastos de la educación”, dijo Duque.

Con la iniciativa, se asegura que el 97 por ciento de los estudiantes de instituciones públicas de educación superior tendrán cubierto el valor del segundo semestre de 2021, según el Gobierno. 

Sin embargo, varios expertos han dicho que es necesario poner en contexto esas cifras y analizar todas las dimensiones del anuncio. Para algunos, lo primero es entender si la medida es transitoria o permanecerá por varios años hasta convertirse en una política pública. Asimismo, existe la duda sobre el impacto real de la propuesta. 

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Se estima que los 693.000 estudiantes beneficiados equivalen solo al 64 por ciento del total de la matrícula de los programas de pregrado de las instituciones públicas, que de por sí ya es baja frente a la demanda, si se sabe que solo el 39 por ciento de los graduados de bachillerato ingresa inmediatamente a la educación superior. 

Los cuestionamientos

Hasta el momento, el Ejecutivo no ha dado mayores detalles sobre la forma como materializará el anuncio.

Entre tanto, las críticas están aumentando entre el sector educativo, pues hay dudas sobre su permanencia y pertinencia. La economista y profesora de la Universidad de los Andes, María del Pilar López, asegura que si bien la decisión es buena, parece ser una medida a corto plazo y diseñada para “calmar los ánimos de las protestas, sin solucionar temas estructurales en la educación superior, como el de la oferta o el del acceso”. 

Datos del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana muestran que el índice de cobertura en educación superior en Colombia es del 52,2 por ciento, una cifra muy baja si se tiene en cuenta que en Argentina y Chile llega al 90 por ciento y que el promedio de las naciones de la OCDE, a la que pertenece Colombia, es del 74,3 por ciento. 

Por esta razón, López añade que es necesario enfocar esfuerzos para acabar con las restricciones que las universidades deben poner a los aspirantes.

A su vez, Claudia Díaz Ríos, profesora del Instituto de Estudios de Educación de Ontario, expone varios ejemplos que ayudan a entender la problemática del acceso y la desigualdad regional. “En 2017, la Universidad Nacional recibió, en promedio, solo al 11 por ciento de los aspirantes. En 2015, la mitad de los bachilleres en Bogotá entraba inmediatamente a la educación superior, mientras que en Amazonas sólo el 13 por ciento y Vaupés 18 por ciento”, asegura Díaz. 

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A este problema se debe añadir que la oferta se concentra en pocas ciudades. Además, la profesora Díaz agrega que estos puntos solo reflejan lo relacionado con el acceso, pues en la educación superior hay otros temas para analizar como los índices de retención y graduación; sin contar a los jóvenes que ni siquiera terminan la educación media. 

Otro de los problemas clave que los críticos plantean en torno a la iniciativa del Gobierno es el de la metodología, pues para algunos el uso de la estratificación no permite focalizar mejor el beneficio, como podría hacerlo el Sisben. Por otra parte, también existe un cuestionamiento con respecto al verdadero impacto de la medida en los estratos bajos, ya que estos, de entrada, tienen otros limitantes para acceder a la educación pública. 

“Creo que es un buen gesto, pero no soluciona el problema estructural del acceso y calidad de la educación superior en Colombia”, concluye la profesora López.

Un cuestionamiento adicional es el que advierte un choque con otros programas que llevan a cabo las universidades públicas, pues por ejemplo, muchas de ellas ya habían aplicado la matrícula cero a los estratos bajos. En una larga lista se encuentran la Universidad de Antioquia, la UPTC, la Universidad del Valle, entre otras. 

Por ahora, la reacción de los estudiantes y la comunidad educativa es prudente. Ricardo García Duarte, rector de la Universidad Distrital, ha dicho que celebra la decisión porque afirma el Estado social de derecho, pero advierte que la propuesta “debe ser consolidada”

¿Una victoria del paro?

A las críticas técnicas se sumaron las políticas. Muchos opositores del Gobierno aprovecharon para exaltar el papel de las movilizaciones en esta decisión, así como para condenar la demora del presidente Duque en hacerla efectiva.  

Otros incluso aprovecharon para reclamarle al Gobierno por varios temas pendientes de la agenda política y legislativa, como el desmonte del Esmad, la renta básica universal, la cadena perpetua para corruptos, entre otros. 

Lo más probable es que la presión de los últimos días en las protestas haya impulsado esta decisión, pero es necesario reconocer que desde hace varios años los movimientos estudiantiles vienen reclamando esta petición. 

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