La reforma a la salud, el nuevo ‘florero de Llorente’ de la protesta

Desde el mes de julio de 2020 se viene discutiendo una reforma a la salud que en este momento se convierte en el florero de Llorente de varias organizaciones y personas para continuar con el paro nacional que ya le costó al Gobierno el retiro del proyecto de reforma tributaria y la dimisión del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Las asociaciones de médicos advierten que la reforma es lesiva porque concentra en pocas manos el manejo de la salud, porque no se enfoca en la prevención y porque no fue concertada con los diferentes actores del sistema, entre otras razones.

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El ponente de la reforma, el senador Fabián Castillo, de Cambio Radical, se defiende diciendo que el proyecto es “bien intencionado”, que fue discutido ampliamente y que hasta el último momento han recibido e incorporado críticas y aportes que se han tenido en cuenta en el texto de la propuesta. Pero, además, explica que el proyecto pretende limitar el poder de las EPS obligándolas a pagar a las Instituciones Prestadores de Salud (IPS), e incluso llegando a acabar con las que no cumplan sus compromisos “y no hagan bien sus trabajos”.

Los reparos

El pasado 15 de abril de 2021, 224 organizaciones firmaron una carta en la que le piden al Congreso de la República archivar el Proyecto de Ley 10 de 2020: “Por medio del cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el Derecho Fundamental a la Salud dentro del Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con la ley 1751 de 2015, y la sostenibilidad del sistema de salud

En el documento, las 224 organizaciones y los cientos de personas naturales firmantes le dicen al Gobierno que “el proyecto de ley no constituye una reforma estructural al sistema de salud, no resuelve los problemas develados por la pandemia de covid-19 y en lo relativo a la precarización laboral de los trabajadores y trabajadoras de la salud no brinda soluciones oportunas y adecuadas”.

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También se ventila fuertemente en redes sociales que el proyecto de reforma a la salud:

  • Deja en cuidados intensivos la red hospitalaria pública dado que obliga a cada una de estas entidades a ser viable financieramente, política que ya ha causado el cierre de cientos de hospitales públicos.
  • Lleva al sistema al modelo de Estados Unidos en el que la persona es atendida de acuerdo a lo que incluya su póliza de seguro de salud (pues además del pago a la EPS se tendrán que adquirir seguros adicionales).
  • Penaliza al usuario sino se “cuida” quitándole los beneficios y la cobertura, obligándolo a pagar parte del tratamiento, el problema mayor es que quien determina que el usuario se descuidó es la misma EPS. Esta crítica ha sido desmentida tajantemente por el ponente del proyecto cada vez que se le entrevista. Pero lo cierto es que el proyecto es tan confuso que en algunos apartes parece que sí lo dijera.
  • Le da a las multinacionales el control del tema de precios sin que haya autoridad que limite posibles abusos, que fomente la titulación rápida y por tanto la baja calidad del profesional médico.

Lo que se le pide a los ponentes

En el sentir de las organizaciones el proyecto, por un lado, debería tomar en cuenta el hacer cumplir la Ley Estatutaria de Salud (LES) que define el derecho fundamental a la salud, lo que significa derogar aquella normatividad que le sea contraria en el marco de la Ley 100 y sus reformas posteriores. En la práctica significa ponerle un tatequieto a los intermediarios financieros, es decir a las EPS. Y, por el otro lado, devolver al Estado la dirección y autoridad sanitaria de la política de salud, con participación de la sociedad civil, para garantizar atención integral en salud a toda la población residente en el país bajo el principio de equidad.

Por último, es importante mencionar que el proyecto es confuso dadas las múltiples actualizaciones que se han venido incorporando, pero, además, que el articulado que permanece deja un espacio muy grande para interpretaciones alternativas, por ejemplo, en el artículo 53 se crea el fondo de garantías del sector salud, pero no se encuentra aclarado si ese dinero se puede usar para cubrir gastos a cargo de usuario que no son cubiertos u otros costos no definidos como, por ejemplo, un reaseguramiento del seguro constituido, con lo que se podría incurrir en dobles pagos.

Tan inconveniente resulta el proyecto que el mismo Ministerio de Hacienda ha hecho serios reparos, entre otras cosas, porque el proyecto viola tajantemente la Constitución Nacional, particularmente los artículos 151 y 352, cuando propone crear fondos permanentes para financiar servicios, tecnología y talento humano en casos de emergencia.

Sea cual sea la suerte del proyecto impulsado por Cambio Radical, el partido de Germán Vargas Lleras, varias circunstancias ya están aseguradas: que es sumamente complejo, que lidia con un tema sensible para la población en general, que es profundamente impopular, que las partes involucradas no están dispuestas a ceder demasiado y que como está la delicada situación nacional no pudo resultar más inconveniente el momento en que se está produciendo la discusión.

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