Gobierno no solo quiere 23.4 billones con la reforma: va por la Regla Fiscal para poder gastar más

En medio de un panorama económico difícil y ad portas de las elecciones de 2022, el Gobierno de Iván Duque presentó su tercera Reforma Tributaria. Mucho se habla de la iniciativa, de la necesidad de financiar los programas sociales o darle mayor estabilidad al Gobierno. Y mientras que el expresidente Álvaro Uribe hizo el miércoles un llamado angustioso para ajustar el texto presentado al Congreso de la República y salvarlo, su futuro sigue siendo incierto frente a la negativa de varios partidos de votarla.

Entre todo lo que se ha dicho de la reforma, hay varios elementos fundamentales y poco conocidos, que sin dudas también serán temas de debate y discusión. Como el hecho de que además de recursos, lo que se busca es romperle el espinazo a la Regla Fiscal, norma que limita el gasto desmedido con el fin de controlar el déficit fiscal a mediano y largo plazo.

Panorama económico general

El país se encuentra sumergido en una crisis fiscal sin precedentes. Mientras que el déficit fiscal fue del 7,8 por ciento en 2020, se estima que en 2021 llegará al 8,6 por ciento, lo que implica una brecha entre el ingreso y el gasto de más del 22 por ciento. Esto obliga al Gobierno a elevar el recaudo en 1,5 por ciento y a reducir la evasión y elusión en por lo menos un 1,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Todo esto se presenta en un ambiente macroeconómico adverso, debido la pandemia de Covid-19. A lo que se suma una deuda bruta del 64,8 por ciento del PIB, una caja que, de acuerdo con el propio Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, no va más allá de un par de meses, un desempleo que según el DANE alcanza el 16 por ciento, pero que en realidad es fácilmente del doble, y “una pobreza extrema que alcanza niveles alarmantes” y que crece a ritmos impresionantes, tal y como lo advierte la CEPAL en su último documento de marzo pasado.

Gastar más, la prioridad del Gobierno

De acuerdo con el doctor en economía y profesor de la Universidad Nacional, Jairo Bautista, es claro que “estamos en un año pre-electoral, algo que moldea el proceder de un Gobierno que es parte de un partido político que no quiere perder el poder y que hará lo necesario para mantenerse. Y para lograrlo, la fórmula más usada es gastar recursos, tal y como lo ha hecho hasta ahora”. Solo durante la pandemia, el gobierno usó 117 billones de pesos, un gasto que, de acuerdo con varios senadores de diferentes bancadas, no ha sido justificado plenamente. Para gastar más, el Gobierno necesita tener más recursos disponibles.

Opciones del Gobierno para conseguir recursos

El Gobierno básicamente tiene tres maneras para obtener recursos. Uno, reformando el Estado, es decir, vendiendo los grandes activos que le quedan o reduciendo su tamaño. Dos, aumentando los impuestos. Y tres, adquiriendo deuda, ya sea en los mercados internacionales o internamente.

1. Venta de bienes

La primera opción, salir de los bienes que aún tiene el Estado, ya es una tarea que viene haciendo el Gobierno, particularmente con el traspaso que hizo de sus acciones en ISA a Ecopetrol en febrero pasado.

La jugada, que aparentemente no tiene impacto económico real pues consiste en traspasar dinero de un bolsillo al otro, en la práctica equivale a una transacción que le genera caja al erario público. La pregunta es si esta fórmula no está viciada y es ineficiente. Viciada porque traspasa un activo público rentable y estable de la Nación a una empresa de régimen mixto y sin permitir el derecho prioritario que tienen los trabajadores a participar en la OPA. E ineficiente porque impide a la Nación subastar la empresa directamente en el mercado, en donde podría obtener mucho más dinero, tal y como lo demuestra la privatización de empresas similares en varios países de Latinoamérica.

2. Subir impuestos

La segunda opción que tiene el Gobierno es subir impuestos, la especialidad de Carrasquilla que con esta ya ha presentado tres reformas durante este Gobierno. Las dos anteriores fueron en 2018, con la Ley de Financiamiento y la otra, en 2019, con la Ley de Crecimiento que subió impuestos para el grueso de los colombianos, pero dejó intactas muchas de las exenciones tributarias, estimadas en más de 11 billones de pesos. De hecho, esta reforma suscitó el paro nacional del 21 de noviembre de 2019, en el que hubo 10 muertos, siete de ellos en Bogotá y tres en Soacha, así como 209 civiles y 194 policías lesionados, según el balance del ministerio de Defensa.

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3. Adquirir deuda.

La tercera opción de financiamiento es endeudarse, algo que la administración Duque viene haciendo. Sin embargo, esa opción tiene un problema fundamental: la Regla Fiscal, que le limita el gasto del Estado y lo supedita al ingreso y a un déficit fiscal máximo. Es decir que así el Gobierno reciba fondos prestados de los organismos monetarios internacionales, no los podría gastar por la limitación constitucional de la Regla Fiscal.

En síntesis el Gobierno solo tiene dos opciones para gastar más: recaudar más dinero vía impuestos y así gastar más siempre respetando la brecha gasto-ingreso que fija la Regla Fiscal, o acabar con la Regla Fiscal, endeudarse y gastar a manos llenas. De ahí que se la haya jugado por una nueva Reforma Tributaria.

Reforma Tributaria en profundidad

La reforma se divide en tres grandes partes:

La primera —y sin duda la más importante para el Gobierno, porque rompe la Regla Fiscal— es la “redefinición de la regla fiscal” que en palabras de Carrasquilla “se fortalece para garantizar niveles prudenciales del nivel de pasivos públicos para salvaguardar la capacidad económica del Estado y permitir la adecuada y perdurable implementación de los ajustes propuestos en materia de gastos e ingresos”, pero que en plata blanca simplemente pretende habilitar al Gobierno para endeudarse más y gastar ilimitadamente.

El reconocido abogado Augusto Ocampo le dijo a Diario Criterio que “de aprobarse esta parte, seguramente surgirán voces que demanden la reforma ante la Corte Constitucional por ser esta norma, en esencia, contraria al espíritu de la carta y a la estructura de pesos y contrapesos y que pretende que una rama del poder no se convierta en hegemónica, en este caso el ejecutivo, impidiendo que el Congreso de la República controle el gasto“,

La segunda parte es aquella que el Gobierno vende como “el corazón de la reforma”, que “consiste en mantener o fortalecer el ingreso solidario y proteger a los más pobres, con el ‘fortalecimiento y focalización del gasto social mediante la adopción de mecanismos que permitan mejorar su capacidad redistributiva, así como la implementación de medidas de austeridad y eficiencia en el gasto’”.

Como lo han dicho líderes políticos como César Gaviria (Partido Liberal), Germán Vargas Lleras (Cambio Radical), o Gustavo Petro (Colombia Humana), lo que se va a hacer es asfixiar aún más a la clase media, a los empresarios y parte de los pobres. La razón es que al final es difícil determinar cuánto realmente recibirá una familia en subsidios, y cuántos de esos recursos los perderá por el aumento del IVA a la canasta familiar o a los combustibles, que de forma indirecta terminan encareciendo la mayoría de bienes y servicios.

Y la tercera parte de la reforma es la que trata de impuestos propiamente dichos, que le mete la mano al bolsillo de la clase media. El Gobierno la denomina de “redistribución de las cargas tributarias y ambientales para fortalecer los ingresos del Estado necesarios para financiar el aumento en el gasto social, promover la progresividad del sistema tributario e incentivar el desarrollo sostenible y el crecimiento limpio”.

En palabras simples, la clase media deberá alistar el bolsillo para pagar más IVA por el aumento en los productos que ya lo tenían o la inclusión nuevos. También tendrá que pagar IVA en los servicios de agua, luz, alcantarillado y gas, y habrá peajes en las ciudades capitales, más impuesto de renta, más tributos sobre la mesada pensional, y la clase media tendrá que actualizar el valor de sus predios cuando se vendan.

También pierde la economía en general porque, en palabras del profesor y doctor en economía, Gonzalo Combita, “el dinero que se iba a destinar para el consumo de los hogares se tiene que usar para el pago de los nuevos impuestos, lo que al final se traduce en una reducción considerable de la demanda. Por tanto, generará una reducción de las ventas, lo que llevará a la clase empresarial, particularmente la pequeña y mediana empresa, a percibir menores ingresos, tener que mermar la producción, disminuir el uso de la capacidad instalada y necesariamente despedir trabajadores“.

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