Regreso a clases presenciales: la batalla entre Fecode y el Gobierno

Mientras que el Gobierno asegura que “ya no habrá excusa” para no volver a las aulas, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación se mantiene en que todavía no hay condiciones.

El Ministerio de Salud, por medio de la resolución 777 de 2021, anunció una serie de medidas de reactivación social y económica, entre las que se encuentra el retorno a la presencialidad de jardines, colegios y universidades. A partir del próximo 15 de julio, casi el 100 por ciento de las instituciones educativas del país regresarían a clase, fecha en la cual ya se habría completado la vacunación de todos los docentes.

El Ministerio de Educación manifestó que el retorno es una prioridad de salud pública para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país. “No hay excusa para no asegurar la presencialidad a partir del 15 de julio en las escuelas y colegios de Colombia”, dijo por su parte el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

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Las palabras de Ruiz tienen un ingrediente adicional. Van cargadas de crítica contra los maestros que se niegan a volver a clases y que, durante los últimos días, han sido pieza clave en el Comité Nacional del Paro: la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

Esta organización, que reúne a cerca de 270.000 afiliados, ha repetido que el regreso a clases presenciales representa un riesgo para alumnos y profesores, por cuenta de la pandemia y las malas condiciones de infraestructura y servicios que sufren varios centros educativos. Incluso, han asegurado que tampoco están de acuerdo con la alternancia.

Tras el anuncio del Gobierno, Fecode presentó su respuesta: “exigimos condiciones mínimas para salvaguardar la vida y la salud de jóvenes, niños, administrativos, docentes y directivos. No es solamente con la vacuna, hay que generar las adecuaciones en cada una de las instituciones educativas para así avanzar”.

Sin embargo, Fecode no cerró totalmente las puertas para volver a las aulas. Martha Alfonso, vicepresidenta del magisterio, dijo en entrevista con El Tiempo: “Nosotros no nos negamos a la presencialidad. Lo que esperamos es que efectivamente se cumpla con la vacunación, que se garantice y verifique que las sedes cumplan con los protocolos”.

Entre tanto, en redes sociales, varios usuarios critican la postura de esta organización y adelantan campañas para apoyar el regreso a clases. Con etiquetas como #LaEducacionPresencialEsVital, piden no vulnerar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes.

Los riesgos de no volver a la presencialidad

La pandemia obligó a millones de niños y adolescentes a dejar las aulas de clases para permanecer la mayor parte del día en casa. En este contexto, las instituciones educativas plantearon nuevas estrategias para continuar con los planes de formación.

Aunque se habló de virtualidad, según investigaciones del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE), menos de la mitad de la población en primaria, secundaria y media de colegios públicos tiene acceso a herramientas como un computador o conexión a internet.

Si bien el acceso a internet mejoró durante la pandemia, en zonas rurales y urbanas del país los estudiantes tuvieron como única opción las guías que les entregaban cada semana o cada quince días, según lo estableciera la institución educativa. Los profesores en zonas como Guaviare trataron de hacer acompañamiento por medio de WhatsApp, pero hay estudiantes que ni siquiera tenían este recurso.

Por esta razón, muchos tuvieron que dejar definitivamente sus estudios. De acuerdo con el Ministerio de Educación, en el año 2020, 243.801 estudiantes desertaron del sector oficial y no oficial, lo que corresponde al 2,7 por ciento.

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Para los investigadores, con la pandemia y la crisis económica, muchos niños, niñas y adolescentes terminaron saliendo a las calles para ayudar a generar ingresos en sus hogares. Este fenómeno, aunque no es viejo, se incrementó con la contingencia. Solo en el cuarto trimestre del 2019, hubo un total de 586 niños y adolescentes entre 5 y 17 años que trabajaban.

Para el LEE, eso no es todo, ya que muchos menores también deben cumplir labores de cuidado. “Los niños, niñas y adolescentes no trabajan y como tal no realizan actividades remuneradas, sino que, en cambio, dedican gran cantidad de tiempo a labores domésticas”, asegura el laboratorio.

A todo esto, se suma la problemática del reclutamiento forzoso, el cual se presenta con mayor intensidad en zonas rurales. Según la Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (COALICO), en el primer semestre de 2020 se registraron por lo menos 190 casos de menores víctimas de vinculación por reclutamiento a grupos armados.

“Además de garantizar el retorno a clases bajo las medidas de bioseguridad, el gobierno central y los gobiernos locales deben analizar las problemáticas relacionadas con el trabajo infantil y, especialmente en las zonas rurales, con la vinculación a grupos armados por reclutamiento forzado”, concluye el LEE.

Las cifras que deja la alternancia

Un informe de la Defensoría del Pueblo reveló que, con corte al 21 de mayo de 2021, el 36,4 por ciento (6.622) de las instituciones educativas y el 26,7 por ciento (13.746) de las sedes educativas iniciaron clases presenciales con alternancia.

Según datos del Ministerio de Educación, estas cifras se traducen en cerca de 1,4 millones de niños y jóvenes en proceso de alternancia. Sin embargo, la matrícula total de escuelas y colegios para el año 2021 está estimada en cerca de 9,7 millones de estudiantes.

“Solo el 14,4 por ciento de los estudiantes matriculados en el país se encuentran en alternancia y el 38,9 por ciento de los recursos asignados por el FOME a las secretarías de educación han sido ejecutados; esta situación produce una grave afectación en el derecho al desarrollo integral y educación de niños y niñas”, declara el informe de la Defensoría.

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Los departamentos que reportan el menor avance en el número de colegios en alternancia son: Magdalena (1,2 por ciento), Sucre (2,6 por ciento), Tolima (2,6 por ciento), Norte de Santander (3,3 por ciento), Atlántico (3,4 por ciento) y Córdoba (3,5 por ciento).

La última Encuesta Pulso Social del Dane revela que, en el mes de mayo, el 16,3 por ciento (84.772) de los jefes de hogar aseguró que los niños, niñas y jóvenes de su hogar, entre 10 y 24 años, no asistían ni realizaban actividades educativas desde que cerraron las escuelas y colegios. El 5 por ciento (209.876) dijo que no continuaron con las actividades de aprendizaje.

Tras la publicación de este informe, la Defensoría recomendó la definición de un cronograma para la reapertura de instituciones educativas, “de manera urgente para que todos los niños y niñas puedan regresar a clases con prontitud, pues el cierre de los colegios y escuelas aumenta las desigualdades sociales y afecta el desarrollo de los niños y niñas”.

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