Renuncia de Duque, peligrosa petición que nada resuelve del paro

Una de las metas que han ido apareciendo cada vez más en carteles y consignas en el paro, en los últimos días, es la de pedir la renuncia del presidente Iván Duque, o la de crear unas condiciones que hagan imposible su permanencia en la Casa de Nariño.

La caída de la reforma tributaria, del ministro Carrasquilla o de la reforma a la salud, esta última ocurrida el miércoles 19 de mayo, han envalentonado a los manifestantes en las calles y algunos han puesto la permanencia del presidente como la diana principal de las largas protestas. Contrario a lo que se piensa, de acuerdo con los expertos consultados, esta es una salida poco probable, que ni siquiera ha pasado por la cabeza del presidente y que terminaría por causar un enorme desajuste institucional.

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Ahora bien, a partir de la Constitución Política de 1991, Colombia cuenta con un sistema robusto y sólido frente a la contingencia que pueda ocurrir por la ausencia total del presidente de la república y que evita cualquier riesgo de toma ilegítima del poder.

¿Qué pasa si renuncia el presidente?

El artículo 194 de la Constitución establece que el cargo de presidente queda totalmente vacante por muerte, renuncia aceptada, destitución decretada por sentencia, incapacidad física permanente o abandono del cargo, estos dos últimos declarados por el Senado.

Si el presidente de la república renuncia, la Constitución Política establece que lo reemplaza el vicepresidente hasta el final del período para el que fueron elegidos popularmente. Se requiere que la renuncia sea aceptada por el Senado de la República y que el vicepresidente, en este caso Marta Lucía Ramírez, tome posesión del cargo como presidente.

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Cuando esto ocurre, no se convoca a nuevas elecciones ni se encarga o designa a otro funcionario o persona diferente al vicepresidente de la república.

Conforme a la Constitución, el vicepresidente de la república tendrá las mismas atribuciones del presidente. En Colombia, no se ha dado está situación. Los presidentes de Colombia, elegidos popularmente, han terminado sus períodos constitucionales de cuatro años, o de ocho años, en los casos de reelección presidencial.

Después de la Constitución de 1991, las ausencias del presidente de la república han sido temporales. Por enfermedad, como se dio cuando Carlos Lemmos Simmonds reemplazó en la presidencia a Ernesto Samper, por siete días. O por salidas del presidente al extranjero, caso en el que no se separa del cargo y lo reemplaza un ministro delegatario, de la misma filiación política del presidente, por el período en que se encuentre fuera y en aquellas funciones que se le asignen. En ningún caso, podrá entenderse que es el presidente de la república.

La Corte Constitucional, en sentencia C-428 de 1993, señaló: “que ni dentro del sistema constitucional permanente ni tampoco en el transitorio hay cabida para un eventual reemplazo del Presidente de la República por el Presidente del Congreso. Los casos de vacancia están previstos por la Constitución y establecidas con certeza las reglas aplicables a la sucesión presidencial”.

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Para la constitucionalista Diana Bernal, “La renuncia del presidente de la república, más allá de las avenencias políticas o no, significa una desestabilidad para el país enorme, lo cual es preocupante”.

Proponer la renuncia puede llevar a un golpe de Estado, que sería macabro para las instituciones democráticas y para el país en general”, dice Bernal.

¿Y si el vicepresidente de la república falta?

Si el vicepresidente falta, será reemplazado por un ministro del mismo partido o movimiento y ejercerá el cargo hasta que el Congreso convoque, dentro de los 30 días después de la vacancia, la elección del vicepresidente, quien tomará posesión de la presidencia.

En la sentencia C-428 de 1993, la Corte Constitucional también señaló:

“En cuanto a la hipótesis de falta del Vicepresidente de la República y también de los ministros del Despacho, no era el Reglamento del Congreso el llamado a prever el sistema de reemplazo. Esta es una competencia propia del Constituyente y, en tanto no se ejerza, la única norma aplicable es la del propio artículo 203 de la Constitución que impone al Congreso la obligación de reunirse por derecho propio para elegir al Vicepresidente, quien tomará posesión de la Presidencia hasta el final del período respectivo”.

Desde la Constitución de 1991, no se han presentado cambios en el presidente de la república, pero sí en el caso de algunos vicepresidentes por renuncia. Todos los períodos presidenciales han terminado sin ninguna novedad.

Anticipar elecciones o golpe de Estado

Dentro de las hipótesis y teorías conspirativas, algunos han planteado anticipar las elecciones o insinuar incluso un golpe de Estado. El pasado 10 de mayo, en Twitter Álvaro Leyva Durán señaló: “… Insisto en la fórmula de anticipar las elecciones. La nación está en juego”. O en un tuit del 28 de abril, en el que se refiere al Congreso para que anuncie el anticipo de las elecciones presidenciales.

En otro sentido se ha referido Gustavo Petro sobre la posibilidad de un golpe de Estado.

Sobre la propuesta de anticipar elecciones, este procedimiento no está contemplado en la Constitución, como lo señala el profesor en derecho constitucional Fernando Tovar. Y sobre la posibilidad de un golpe de Estado, Tovar enfatiza que “los golpes de Estado representan una ruptura con el ordenamiento y normalmente están aupados por las Fuerzas Armadas. Sin eso, es imposible que se dé. No creo que ocurra porque la fuerza pública hoy en día está defendiendo la institucionalidad, tristemente con exceso y violaciones de derechos humanos por parte de sus miembros. Lo cierto es que las consecuencias de un golpe de Estado son imprevisibles”.

Los mayores riesgos de desestabilización estarían en la posibilidad de un golpe de Estado, de una convocatoria de Asamblea Constituyente o de reforma constitucional. A diferencia de Chile, donde las protestas llevaron a aprobar el cambio de la constitución de Augusto Pinochet, la carta magna de Colombia es garantista y muchos de los reclamos de los manifestantes se pueden atender con su aplicación.

Sobre la salida a esta crisis, la constitucionalista Diana Bernal agrega:

Se debe buscar un diálogo. Al presidente de la república le corresponde representar la unidad nacional, buscar consensos. Allí es donde debemos hacer más presión, para defender los principios constitucionales”.

Por el momento, más allá de conjeturas o de supuestas conspiraciones de sucesión del poder, el llamado es a respetar las instituciones democráticas y apegarse a la seguridad jurídica que dan la Constitución o la Corte Constitucional, que alejan los fantasmas de usurpación del poder presidencial por vías de hecho.

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