El duro golpe que recibió el programa de restitución de tierras con la masacre en Mesetas

El asesinato de dos reclamantes de tierras, una joven contratista de la Unidad de Restitución y un conductor, en zona rural de Mesetas (Meta), es un fuerte golpe a un proceso que en 10 años ha aportado a la paz y la reconciliación.

Las hermanas Yamilf y Sandra Cortés Uribe salieron desde Villavicencio, el jueves 27 de mayo, con rumbo al municipio de Mesetas. Su objetivo era llegar hasta la vereda San Isidro, donde se encuentra la finca La Ilusión, un predio en el que crecieron junto a su familia, pero del que fueron despojadas en 1999, presuntamente por integrantes del Frente 40 de las antiguas Farc.

Una vez en Mesetas, las hermanas se encontraron con Karen Sulay Garay, contratista de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y experta en cartografía, quien debía levantar los planos del predio. Para ir hasta el predio, abordaron a primera hora del día la camioneta que conducía Jhon Steven Cogua, de la empresa Servitransportes Andina.

Lea también: La importancia de que JEP precise que falsos positivos son crímenes de lesa humanidad

Horas después, las familias de los cuatro integrantes de la comisión perdieron el contacto con sus seres queridos y empezó un angustioso proceso para conocer su paradero. Por varias semanas, la URT y la fuerza pública trataron de encontrar a las cuatro personas mediante el mecanismo de búsqueda urgente.

La única pista que manejaban las autoridades era la camioneta de placas TCW-973, que transportaba a la comisión y que apareció abandonada en San Juan de Lozada, un pueblo cerca de San Vicente del Caguán (Caquetá), a más de ocho horas de camino de la finca en San Isidro.

Sandra y Yamilf Cortés, reclamantes de tierras asesinadas en Mesetas Meta
Sandra y Yamilf Cortés, reclamantes de tierras asesinadas en Mesetas Meta

Tuvieron que pasar 40 días, en medio de la incertidumbre y el poco cubrimiento mediático, para que el caso empezara a aclararse. El pasado 6 de julio, un grupo de soldados encontró, cerca de Mesetas, una fosa común con los cuerpos de tres mujeres y un hombre en alto grado de descomposición.

Las penosas coincidencias presagiaban lo peor. Finalmente, el pasado viernes 9 de julio, Medicina Legal confirmó, por ADN, que los cuerpos correspondían a los de Yamilf, Sandra, Karen y Steven.

Restitución amenazada

Esta terrible masacre es un duro golpe, y posible advertencia, para las cientos de familias que están a la espera de que les regresen las propiedades que les fueron arrebatadas en las últimas décadas de violencia en el Meta. Según la URT, solo en Mesetas hay 523 solicitudes de restitución y otras 526 en La Uribe. La mayoría de estos procesos tuvieron un fuerte impacto en el avance, pues con la desaparición de la Comisión, la URT decidió suspender por un mes los trámites administrativos de restitución.

Aunque la medida se tomó como una estrategia para facilitar la búsqueda de la comisión, toda esta tragedia dejó serias dudas sobre los sus autores, los motivos para asesinarlos y si se va a afectar el avance de los procesos de restitución.

A corte a 2020, en el Meta se habían entregado cerca de 50.000 hectáreas de tierra a las víctimas del despojo y abandono forzado. Desde la entrada en vigencia de la ley 1448 de 2011, la URT ha tomado una decisión de fondo en 4.645 reclamaciones, lo que representa un 64 por ciento de casos resueltos en este departamento.

Mesetas es uno de los 170 municipios PDET, pues es considerado uno de los más golpeados por el conflicto armado. Según el fallecido sociólogo y escritor Alfredo Molano, este municipio nació con la llegada de varios colonos que huyeron de la violencia bipartidista de los años 40 y 50 que se vivió en el centro del país.

No se pierda: Cuestionan a Jennifer Arias, nueva presidenta de la Cámara, por escándalo de los narcopilotos

Durante varias décadas sus pobladores estuvieron bajo el control de la guerrilla de las Farc, especialmente en el periodo de la zona de distensión, entre 1998 y 2002. Tras el fin de este periodo la región vivió otra escalada de violencia con la llegada de grupos paramilitares que arribaron, no solo para enfrentar a esa guerrilla, sino para tomar el control del narcotráfico y la propiedad de ricas tierras.

Finalmente, con el Acuerdo de Paz de La Habana, el municipio vio con buenos ojos la salida de las Farc, pero terminó, como muchas otras zonas del país, a la merced de disidencias y bandas criminales que aprovecharon el despeje de la guerrilla.

Hoy en día, Mesetas alberga dos espacios de reincorporación para firmantes de paz: el espacio territorial Simón Trinidad y el Mariana Páez. En 2019, en este lugar fue asesinado Alexander Parra, uno de los líderes de la reincorporación, quien realizaba su labor en medio de aparentes presiones de las disidencias para reclutar excombatientes.

En 2020 Mesetas fue testigo del asesinato de Eduardo Parra Ovalle, quien denunciaba la deforestación, el tráfico de madera ilegal y el despojo de tierras.

A pesar de esto, antes de la masacre de los cuatro miembros de la comisión de restitución, en lo corrido de 2021 el municipio no había registrado ningún hecho violento.

La camioneta de la comisión fue abandonada cerca a San Vicente del Caguán
La camioneta de la comisión fue abandonada cerca a San Vicente del Caguán

“El orden público está tranquilo. En Mesetas no se ha presentado ningún homicidio desde el pasado 25 de diciembre de 2020. En el despacho de la Alcaldía no tenemos ninguna denuncia contra grupos armados. Lo que acaba de ocurrir es muy lamentable, por varios meses intentamos recuperarlos con vida, pero no lo logramos”, le dijo a Diario Criterio Deisy Melo, personera municipal.

Hasta el momento, la responsabilidad del crimen ha recaído sobre las disidencias de las Farc. Según inteligencia militar, esta región es una de las zonas de disputa entre las disidencias de la Segunda Marquetalia contra las de Gentil Duarte e Iván Mordisco.

El territorio de Uribe y Mesetas enfrenta un nuevo ciclo de disputa por el territorio y su población, esta vez a cargo de las Facciones Disidentes de las FARC frentes 1, 7 y 40 que pretenden restablecer el orden social que las extintas FARC EP sostuvieron hasta el 2016”, indica una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo emitida en 2020.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo advirtió que en la zona también intentan ingresar otro tipo de grupos armados, “sucesores del paramilitarismo, conocidos como AGC y Bloque Meta, que provenientes desde la subregión del Ariari realizan incursiones esporádicas a las veredas aledañas a los límites municipales con Lejanías, San Juan de Arama, Vistahermosa y las cabeceras municipales”.

No se pierda: La Segunda Marquetalia, una disidencia que el Gobierno agranda a conveniencia

Dolor e indignación

Andrés Castro Forero, director de la URT, aseguró que este caso es el primero de su tipo en la historia de la entidad, desde que se viene implementado la Ley 1448, hace más de 10 años. “Este hecho atroz rompe el alma del equipo de la Unidad de Restitución, un equipo que cree en la Justicia y está haciendo todo por reparar a las miles de víctimas de despojo en Colombia. Hoy este acto de violencia nos enluta”, dijo.

Desde diversos sectores políticos se dio un rechazo contundente al crimen. El presidente Iván Duque aseguró que no ahorrarán esfuerzos para encontrar a los culpables y proteger la restitución. Otras figuras como Humberto de la Calle, Iván Cepeda y Juan Fernando Cristo se pronunciaron para criticar la poca importancia que se le está dando al hecho.

La comunidad internacional también repudió los asesinatos. “Atentado a vidas humanas, al orden público, al Estado, a la restitución, a la reconciliación. Asqueroso todo esto”, dijo Peter Ptassek, embajador de Alemania en Colombia. Lo mismo hizo la Embajada de Suecia en Colombia.

Según la URT,  Karen Garay tenía 26 años de edad y era oriunda de Silvania (Cundinamarca). “Era hija de una familia humilde y trabajadora que, con esfuerzo y sacrificio, logró costear los estudios profesionales en la Universidad de Cundinamarca, de donde se graduó como tecnóloga en cartografía”.

Era amante y defensora de los animales, desde niña, se destacó por apoyar y liderar proyectos ambientales que redundan en el cuidado del planeta y con su ejemplo se dedicó a enseñar a sus compañeros, familiares y amigos las formas sencillas de contribuir al cuidado de los recursos naturales y fuentes hídricas”, anota la URT

Sobre la familia Cortés Uribe se sabe que ya habían recibido amenazas por la lucha que habían emprendido para recuperar sus tierras. Según informó El Espectador, La Unidad Nacional de Protección (UNP) conocía el peligro que enfrentaba Sandra, por lo que en 2019 le asignó un chaleco antibalas y un celular.

Le puede interesar: Los fantasmas de la violencia que azotan a Algeciras (Huila)

Incluso, familiares de las víctimas denuncian que la comisión viajó sin acompañamiento de la fuerza pública, aun cuando era claro el riesgo que corrían los integrantes. El Ejército por su parte asegura que la URT nunca informó sobre la diligencia en zona rural del departamento.

En un principio, la Unidad no respondió los cuestionamientos al respecto. Sin embargo, este lunes, el director de la URT en una ronda de medios aseguró a Blu Radio que: “este proceso de restitución de tierras hace parte de la justicia transicional y requiere del acompañamiento de la fuerza pública, en este caso se acompañamiento por monitoreo”.

Hasta el día de hoy no es claro quiénes son los asesinos de la comisión ni tampoco quiénes son los ocupantes del predio de la familia Cortés Uribe. Mientras las autoridades insisten en que los procesos de restitución continuarán, algunos activistas denuncian que no hay garantías por parte de la Policía y el Gobierno. 

Puede leer: “Tenemos una vacuna contra el coronavirus y nos la vamos a poner”: Patarroyo

2 Comentarios

  1. Otra masacre y otra advertencia contra el proceso de paz. Nunca se sabra nada, investigaciones de estas muertes quedaran sepultadas en el olvido y la indiferencia de la justicia, fiscalia, defensor drl puebñi y un pueblo indolente ante las masacres perpetuadas contra las victimas desplazadas, violentadas y doblemente revictimizadas. Asi es, y esta es una Colombia violenta.