Qué se puede esperar de lo que dijo Santos sobre los falsos positivos

Juan Manuel Santos, quien fue ministro de Defensa entre 2006 y 2009, durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, habló este viernes en la Comisión de la Verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales.

Santos, en su intervención, expuso las medidas que, según él, se tomaron después de que llegó al Ministerio de Defensa para detener los llamados falsos positivos, como la directriz 300-28 de 2007, con la que se cambiaba la política de incentivos por bajas en combate.

“Más de la mitad de las directivas ministeriales que produjimos ese año estaban dirigidas a atacar ese horripilante fenómeno, cosa que prácticamente no había ocurrido en el pasado”, dijo Santos.

Además, el expresidente pidió perdón a las víctimas.

Esta declaración de Santos ante la Comisión de la Verdad no tiene carácter judicial. Es un testimonio o relato sobre las causas e impactos ocasionados por el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, y es diferente a lo que pasa en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el caso 003 Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por los agentes del Estado.

Si bien la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz son dos mecanismos establecidos por el Acuerdo Final de La Habana para garantizar el sistema de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, sus objetivos son diferentes y el impacto en el esclarecimiento de la verdad, también.

La información que recibe la Comisión de la Verdad se refiere a los hechos que afectaron a víctimas de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, mientras que la JEP tiene en cuenta la información de los delitos relacionados con el conflicto armado, directa o indirectamente, cometidos antes del 1 de diciembre de 2016.

En esta oportunidad, los falsos positivos contienen información útil para el objetivo de ambas instituciones: para el esclarecimiento de la verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales para la Comisión de la Verdad y y para el expediente 003 de la JEP, que ha documentado 6.402 casos de falsos positivos.

Sin embargo, ambos mecanismos tienen varias diferencias. En cuanto a la participación, ante la Comisión de la Verdad puede acudir cualquier persona que contribuya al esclarecimiento de la verdad, a través de la presentación de casos, testimonios individuales o colectivos, presentación de informes, entrevistas a profundidad, historias de vida, entre otros. En la JEP, los casos se inician por presentación de informes de la Fiscalía, la Procuraduría, Contraloría, la Justicia Penal Militar, la Comisión de Acusación e investigación de la Cámara de Representantes o cualquier jurisdicción que haya proferido sanciones sobre conductas relacionadas con el conflicto y las organizaciones sociales.

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Otra de las notables diferencias entre ambos mecanismos es su carácter judicial. La Comisión de la Verdad no tiene funciones judiciales y la información que conozca, como la que Santos revela hoy, “servirá para identificar y/o documentar patrones relacionados con las causas, dinámicas, responsables colectivos, impactos, patrones de violencia y formas de afrontamiento del conflicto armado, los cuales serán consignados el Informe Final de la Comisión“, como lo aclara la misma Comisión de la Verdad. No investiga o juzga casos particulares, ni establece responsabilidades individuales.

La JEP, por ser una jurisdicción, tiene carácter judicial, es decir, la información que conozca y analice tendrá valor probatorio y puede ser tenida en cuenta para determinar o atribuir responsabilidad individual en los procesos penales.

Lo que el expresidente Santos relate este viernes sobre los falsos positivos servirá para el esclarecimiento de la verdad sobre este fenómeno, pero deberá remitirse a la JEP para que pueda tener valor probatorio.

El testimonio del expresidente Santos es clave por su rol de máxima cabeza dentro de las fuerzas militares, como ministro de Defensa, particularmente, frente a la sistematicidad de esta conducta y la presunta existencia de una política definida desde las fuerzas militares.

¿Qué son los falsos positivos?

El Consejo de Estado (Exp. 21380) estableció: “Los hechos de este caso coinciden con el fenómeno de los llamados falsos positivos, los cuales consisten en homicidios perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado contra civiles indefensos que luego son presentados ante las autoridades y ante los medios de comunicación como guerrilleros o delincuentes muertos en combate para obtener privilegios económicos o institucionales. Este fenómeno ha sido caracterizado por el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, legales o arbitrarias”.

Algunas de las dudas aún no resueltas de esta práctica se refieren a su sistematicidad, a la posibilidad de una política interna en las fuerzas militares, conocida por la cúpula militar, por el ministro de Defensa y por el presidente de turno, particularmente los dos gobiernos de Uribe.

Después de dos décadas, desde que se incrementó de forma significativa el fenómeno de los falsos positivos en 2002, los casos fallados son muy pocos. Los que han llegado a segunda instancia en el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia desde 2002 a la fecha no llegan a 300. Muchos de estos casos continúan en investigación en la jurisdicción ordinaria o en la justicia penal militar. Falta mucho por conocer de esta práctica.

Unos datos escalofriantes

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe sobre Colombia de 2019, publicado en febrero de 2020, destacó los avances en materia de investigación de los casos de ejecuciones arbitrarias en la JEP, que ellos llaman privaciones arbitrarias de la vida. Sin embargo, cuestionó algunos casos que se llevan en la justicia penal militar y no en la jurisdicción ordinaria. Se refirió puntualmente a la documentación de 15 casos de los que tuvo conocimiento en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca y Bogotá.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de derechos humanos de 2019, en especial en el capítulo de Colombia, se refiere al seguimiento a las recomendaciones sobre investigación y juzgamiento de los casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de la jurisdicción ordinaria, de forma expedita. Señala que, frente a los 1.268 casos relacionados con muertes ilegalmente presentadas como bajas en combate, establecidas en el denominado caso No 3 de la JEP, si bien hay avance por la posibilidad de presentar casos por las víctimas o por organizaciones, la recomendación está parcialmente cumplida, por lo que mantendrá el seguimiento de los esfuerzos en la lucha contra la impunidad en los casos de ejecuciones extrajudiciales en la jurisdicción ordinaria y en la JEP.

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El Informe sobre las actividades de examen preliminar (2019) de la Corte Penal Internacional (CPI) -que analiza la admisibilidad de los diferentes casos que ha conocido la CPI y que ha llevado a Colombia desde el 2004- explícitamente expresa que, de esas conductas que constituyen crímenes en el marco de la CPI, se encuentran los casos de falsos positivos, por lo que a partir de la información entregada por el gobierno colombiano, analiza los procedimientos relativos a los mismo y se refiere a cinco potenciales casos identificados por la Fiscalía de la CPI, entre 2002 y 2019. Así, el informe establece:

121. A octubre de 2019, la Fiscalía General de la Nación había informado un total de 2.268 casos activos que involucraban 3.876 víctimas de homicidios de falsos positivos, incluyendo casos iniciados en períodos sobre los que se informó anteriormente. Estos casos se refieren a conductas presuntamente cometidas por miembros de 25 brigadas dentro de las siete divisiones del Ejército colombiano, que resultaron en un total de 10.742 personas investigadas y 1.740 personas condenadas8. Según la Fiscalía General de la Nación, durante el período sobre el que se informa, 31 personas fueron condenadas por homicidios de “falsos positivos”. De ellas, 11 individuos eran miembros de las unidades militares identificadas por la Fiscalía de la CPI como parte de los casos potenciales que probablemente fuesen a surgir de una investigación sobre la situación.

A su vez, existen informes de ONG como Human Rights Watch que califican los falsos positivos como una práctica habitual en Colombia entre 2002 y 2008, entendida como ejecución de civiles por brigadas del Ejercito, tal como lo dijo en su informe del 23 de julio 2015, El rol de los altos mandos en falsos positivos, en el que indica que la Fiscalía General investiga cerca de 3.000 presuntos casos de falsos positivos.

Lo que dijo Santos

Santos aseguró que desde 2007 empezaron a enterarse de los casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles para hacerlos pasar como muertos en combate.

“Pero no nos limitamos a expedir directivas. En enero de 2007, cuando tuvimos de graves denuncias sobre la conducta de un oficial, el coronel Hernán Mejía, comandante del batallón La Popa, con sede en Valledupar, lo relevamos de su cargo y dejamos las denuncias en las manos de las autoridades competentes”, agregó.

“Luego nos enteramos de que los paramilitares colaboraban con miembros de las fuerzas militares para producir estos falsos positivos. Las denuncias sobre irregularidades en algunas de las muertes presentadas como bajas en combate comenzaron crecer. Venían de diferentes fuentes, con una magnitud e intensidad que también variaba mucho”.

Según Santos, junto al entonces viceministro de Defensa Sergio Jaramillo y Carlos Franco, director del programa de derechos humanos de la Vicepresidencia, empezaron a “investigar a fondo” lo que estaba pasando. Para tal fin crearon en 2008 una comisión “de investigación de carácter administrativo, encabezada por el mayor general Carlos Arturo Suárez, que estaba al mando de la jefatura de operaciones especiales conjuntas“.

La idea no era suplantar las investigaciones penales de la Fiscalía (…), sino hacer una inspección rápida y eficaz en terreno para establecer de primera mano todas las irregularidades“.

De acuerdo con Santos, Álvaro Uribe, presidente de ese momento, “no se opuso al cambio de esa nefasta doctrina que él mismo había estimulado”.

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