¿Temor o error? la negativa del Gobierno a recibir a la CIDH

Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller, dijo no, por ahora, a la solicitud de la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de enviar una delegación que verifique la situación de Colombia en medio de las manifestaciones, que ya están por cumplir un mes. La decisión fue objeto de críticas, entre otras cosas, por las repercusiones que pueden tener en la imagen del país.

Desde el 14 de mayo la CIDH le hizo una solicitud al Gobierno colombiano para realizar una visita de trabajo y “verificar la situación de derechos humanos en el marco de hechos de violencia sucedidos durante las protestas iniciadas el 28 de abril”.

Varias organizaciones han pedido la presencia de este organismo para que investigue las denuncias por abuso de la fuerza por parte de la Policía.

Después de varios días de expectativa, Ramírez dijo, a la salida del encuentro con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en Washington, que “tenemos la solicitud de la CIDH y del propio secretario Almagro. Hemos dicho que todas las visitas son bienvenidas, pero en este momento consideramos que hay que esperar que los propios organismos de control, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría, terminen de hacer su tarea de investigar cada uno de los casos”

Ante la negativa, ciudadanos colombianos interpelaron a la vicepresidenta, quien viajó a Estados Unidos para adelantar varias reuniones políticas y diplomáticas, quienes incluso compararon la situación del país con la de Venezuela. Ramírez respondió que no están impidiendo la visita, pero también argumentó que estas deberían realizarse únicamente cuando los organismos internos no están cumpliendo con su deber y ese -según ella- no es el caso de Colombia.

“Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, todos han establecido un equipo de trabajo para asegurar que no haya un solo caso de violación de derechos”, recalcó. 

La vicepresidente y canciller le hizo un llamado a la sensatez a la mesa de negociación con el Comité de Paro “pues dos bebés han perdido la vida en los bloqueos insensatos. Debemos todos llamar a la cordura sin prejuicio de lo que pueda suceder”.

El papel de la CIDH

Mireya Camacho, PhD en Derecho, explicó que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuenta con órganos encargados de exigir que en los Estados de la OEA se garanticen los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de grupos de trabajo y relatores especiales, revisa periódicamente que los Estados cumplan con sus obligaciones en la materia. Además, recibe peticiones individuales cuando se consideran que estos son amenazados o vulnerados y la responsabilidad recae sobre los Estados. 

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La Comisión hace vigilancia especial a los países en los que considera que los derechos humanos están amenazados. Dada la situación histórica del conflicto armado y los asesinatos de líderes sociales, anualmente se refiere a la situación de Colombia. 

En el desarrollo de sus funciones también puede hacer visitas in loco (de observación) cuando conoce de situaciones de amenaza. Recientemente, se realizó una a Chile, con ocasión de las protestas. 

“Una visita in loco implica que hay circunstancias que están amenazando o vulnerando los derechos humanos, de ahí que los países se nieguen. Este fue el caso de Venezuela, en la visita programada para febrero de 2020, cuando la CIDH llegó a Cúcuta porque no se les permitió ingresar”, señala la abogada Camacho. 

La Comisión rechazó la negativa de ese Gobierno, “recordando que es propio de regímenes autoritarios denegar el escrutinio internacional y la observancia de la situación de los derechos humanos”. 

El Centro de Estudios de Derechos, Justicia y Sociedad (Dejusticia) recordó otros casos, como el de Estados Unidos y la solicitud de la CIDH para visitar los centros de detención en Guantánamo, particularmente en 2007, 2011, 2013 y 2015. 

“La CIDH pidió el cierre del complejo y denunció el repetido incumplimiento del derecho internacional, repetidas violaciones del privilegio abogado-cliente de los acusados y otros defectos graves en el debido proceso”, destacó Dejusticia. 

También llamó la atención el caso de Nicaragua, cuando en abril de 2018 la CIDH solicitó ingresar para monitorear las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas por la reforma a la seguridad social que dejaba 46 personas muertas. Aún así, el Gobierno rechazó la visita, hasta que la presión internacional lo obligó a ceder. 

Hasta ahora, Colombia no se había negado a ninguna misión de este tipo. “Esperemos que este no sea el primer caso en que nos comparen con Venezuela y apliquen el calificativo de régimen autoritario”, dice Camacho. 

La imagen del país a nivel internacional se puede ver perjudicada por la decisión del Gobierno y las dudas que esta suscita. 

“El precedente que sienta es gravísimo porque limita la posibilidad de verificación de DDHH en un contexto en el que los organismos de control no están funcionando”, dijo la ONG Temblores que denuncia 43 homicidios durante las protestas. 

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En conversación con Diario Criterio, Jomary Ortegón Osorio, abogada del área internacional del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y de la Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas, aseguró que en los pronunciamientos de la canciller se evidencia una mala interpretación de los procedimientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos:

“Marta Lucía Ramírez dijo que primero se deje actuar a los órganos nacionales como Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, desconociendo que para este tipo de visitas -a diferencia de la presentación de denuncias de casos particulares- no es una exigencia agotar previamente los recursos internos”, afirmó Ortegón.  

Para la abogada, el Gobierno “no ha entendido la finalidad de la visita”, al decir que esta puede desarrollarse después, ya que la violación de derechos humanos estaría presentándose ahora, durante las manifestaciones. Además, Cajar considera que las recomendaciones de la Comisión, en cuanto a las garantías de la protesta pacífica, podrían ser útiles para el país.

A esta crítica se han sumado políticos, periodistas y organizaciones que consideran que la decisión del Gobierno Duque es un error gravísimo. 

En cuanto a las implicaciones, Camacho dice que, por el momento, no habría lugar a una sanción, pues el caso no está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, explica que “en desarrollo del principio del Pacta Sunt Servanda (lo pactado obliga), los estados están obligados a cumplir lo contenido en los tratados internacionales, en este caso, el reconocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la presentación de casos individuales frente a violaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos”. 

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