Ahora Vargas Lleras se suma al pedido de la oposición de acabar con la Procuraduría

En su columna del domingo en El Tiempo, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras enfiló baterías para atacar dos de las nuevas leyes que acaba de aprobar el Congreso de la República: la reforma a la Justicia y la que da nuevas atribuciones a la Procuraduría General.

Además de advertir que posiblemente la Corte Constitucional tumbará las atribuciones que le dieron para sancionar a los funcionarios elegidos popularmente (alcalde, gobernadores, concejales, diputados), Vargas Lleras le tiró un misil de gran profundidad a la Procuraduría y al Gobierno.

“La pregunta de fondo es para qué sirve la Procuraduría. Hay consenso en que desde la adopción del sistema acusatorio, en materia penal no se justifica la presencia de la PGN y sus agentes en los procesos, pues, entre otras razones, sus conceptos no obligan y sí violan el principio de igualdad”, dijo Vargas Lleras.

También advirtió que “además, todas las conductas graves y gravísimas hoy son investigadas por la Fiscalía, por estar tipificadas en el Código Penal. La PGN y sus 4.300 funcionarios le cuestan al país anualmente 910.000 millones, que sumados a los gastos de Fiscalía, Contraloría y Defensoría llegan a 7,3 billones para atender a más de 40.000 empleados al año”.

“Mi conclusión es que podríamos cerrar la Procuraduría sin que nada ocurriese, distinto a que el país se ahorraría más de 1 billón de pesos al año, que bien podrían destinarse al propio sector de la justicia. Con excepción de México, ningún país en el mundo tiene semejante engendro”.

Finalmente, Vargas Lleras, quien cada vez suena o lo han puesto a sonar como posible candidato presidencial, le hizo una dura crítica a la procuradora, Margarita Cabello:  “Eliminar la PGN ha debido ser el proyecto con el que pasaría a la historia la doctora Cabello y le hubiera prestado gran servicio a la nación. Mientras tanto, bien haría el Gobierno en objetar ambas leyes, primero por inconvenientes, también por inconstitucionales y porque son una burla a la política de austeridad, tan cacareada por el Gobierno. Hagan sus apuestas”.

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¿Por qué tumbar (o no) la Procuraduría?

Durante la aprobación de la nueva ley, varios congresistas también plantearon la posibilidad de acabar la Procuraduría, como la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano.

Varios analistas aseguran que el debate sobre la funcionalidad de esta institución se viene desarrollando hace un buen tiempo. Sin embargo, el caso Petro-Ordóñez parece ser uno de los mayores detonantes en los últimos años.

Para muchos, esa decisión evidenció algunos efectos negativos de la concentración del poder disciplinario. Desde ese momento, se habló de reformar o moderar los poderes de la Procuraduría, algo que varios sectores consideran necesario, independientemente de la pelea por el proyecto de ley que hoy se tramita en el Congreso.

Otro de los argumentos más importantes para pedir la desaparición de la Procuraduría es la similitud de sus funciones con las de otras entidades. Rodrigo Uprimny, exdirector de Dejusticia, aseguró al respecto que la institución “es redundante en el ordenamiento jurídico, porque replica funciones de otros órganos, genera fricciones, es excesivamente costosa, y habría que evaluar su contribución real en el control de la corrupción”.

En la misma línea se encuentra la justificación de la senadora Angélica Lozano, quien afirma que la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía podrían asumir varias de las responsabilidades del Ministerio Público.

Cabe aclarar que, constitucionalmente, la Procuraduría tiene tres funciones principales: velar por el cumplimento de los derechos humanos, realizar control disciplinario e intervenir discrecionalmente en procesos judiciales.

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Para Lozano, con la desaparición de la entidad, la Defensoría podría encargarse de vigilar lo relacionado con derechos humanos, así como la Fiscalía estaría al frente de las intervenciones judiciales. En cuanto a la función disciplinaria, la senadora asegura que todas las instituciones públicas cuentan con órganos de control interno o comisiones de ética, como es el caso del Congreso, que pueden asumir ese rol.

Ella afirma que los empleos hoy generados por la Procuraduría no serían un problema, pues los funcionarios entrarían a otras instituciones para reforzarlas. “Tenemos dos discusiones, la de fondo y más gruesa es eliminar esa entidad y que todos esos funcionarios no queden en la calle, que se vayan a la Defensoría del Pueblo o a la Fiscalía”, dice.

Por otro lado, existen numerosas voces que defienden el papel de la Procuraduría y aseguran que sin esta habría sido imposible sancionar a cientos de alcaldes, gobernadores y funcionarios corruptos. “Una situación de coyuntura no puede llevar a revisar toda la estructura de la Procuraduría”, dijo el constitucionalista Juan Manuel Charry a Ámbito Jurídico, en el contexto de la destitución de Petro.

Los críticos también han salido al paso de estos argumentos, pues aseguran que las faltas de corrupción y delitos contra el erario pueden ser fácilmente investigados desde las contralorías.

Expertos consultados por Diario Criterio también tienen posiciones divididas frente al tema. Alfredo Pertuz, abogado constitucionalista, asegura que: “Intentar suprimir la Procuraduría no es un hecho sano, al menos no en materia constitucional, porque eso haría que padeciéramos de un hueco institucional en el que algunos derechos, sobre todos los sometidos en procesos administrativos o penales, quedarán sin garantía”.

Para Mireya Camacho, PhD en derecho, esta entidad es una de las más importantes del Estado porque defiende y representa los intereses de la sociedad. Sin embargo, asegura que es necesario diferenciar el papel de la entidad y de quien la dirige.

“Obviamente, no son cosas separadas, pero quien dirige la entidad sí puede cambiar la estrategia, por lo menos dedicarse a otras agendas o impulsar determinados procesos que van alejados de las demandas sociales. Hay que revisar su operación y los cambios estratégicos de quien la dirige, pero no considero viable acabarla.”, dice Camacho.

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