Oposición da una nueva batalla para revivir el Acuerdo de Escazú

Por medio de una acción de cumplimiento, los congresistas Iván Cepeda, Feliciano Valencia, Antonio Sanguino y Abel Jaramillo intentarán presionar al gobierno para que radique el Acuerdo de Escazú. Este proyecto fue hundido en la pasada legislatura por las mayorías del Congreso, a pesar de contar con un mensaje de urgencia.

El Acuerdo de Escazú es vital para Colombia porque vela por la vida de los defensores ambientales e incorpora mecanismos más adecuados para protegerlos. No podemos permitir que Colombia siga siendo el primer país del mundo con más líderes y defensores ambientales asesinados sin hacer nada para remediarlo; aprobar Escazú es un paso en esa dirección”, aseguraron los congresistas mencionados.

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El anuncio se produce luego de que el gobierno lanzara una estrategia de “socialización” de la iniciativa por todo el país. Si bien el argumento del ejecutivo es la generación de consensos antes de presentar el proyecto, las bancadas de oposición dicen que se trata de una ‘jugadita’ para enredar su trámite, pues teniendo en cuenta el contexto de las elecciones, la legislatura podría quedarse corta para ratificar el acuerdo.

El Acuerdo de Escazú regresó en los últimos días a la agenda política y mediática por cuenta del informe de la organización Global Witness sobre el asesinato líderes ambientales en el país. Según el reporte, durante 2020 fueron asesinadas 65 personas que defendían el medioambiente.

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Para algunos, la negativa a ratificar Escazú deja en el aire una pregunta sobre las muertes de ambientalistas que se podrían evitar con este instrumento. Cabe resaltar que el acuerdo establece que para proteger el medioambiente también se debe proteger la vida de sus defensores, por lo que es necesario que el Estado asegure un entorno propicio para los líderes, cree procedimientos específicos para su protección y sancione a quienes atenten contra su vida.

Los congresistas presentaron la acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Para ellos, la Constitución establece que se debe privilegiar los tratados internacionales que tienen que ver con derechos humanos. Asimismo, argumentan que la Convención de Viena obliga al Estado a no sabotear este tipo de iniciativas.

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Foto: AFP

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