Jalón de orejas al Gobierno: Corte Constitucional ordenó proteger la vida de los firmantes de paz

El alto número de excombatientes asesinados y las amenazas en contra de los integrantes del Partido Comunes fueron las razones principales que llevaron al alto tribunal a declarar un estado de cosas inconstitucional frente a la implementación del Acuerdo de Paz. ¿Cuáles son los alcances del fallo?

Este jueves la Sala Plena de la Corte Constitucional le dio un ultimátum a la Presidencia, al Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y otras entidades para que resuelvan el problema de la mala implementación del componente de seguridad del Acuerdo de Paz. 

Se trata de una decisión histórica, pues el tribunal decidió utilizar para este fin el mecanismo de estado de cosas inconstitucionales, una herramienta que refleja la violación masiva de los derechos fundamentales. En sus 30 años de historia, la Corte Constitucional ha hecho uso de esta herramienta en casos como el de la crisis del sistema carcelario en 1998 o el desplazamiento forzado en 2004.

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La determinación de la Corte es la respuesta a una serie de tutelas y reclamaciones presentadas por los firmantes de paz y miembros del Partido Comunes. Todas estas inquietudes quedaron plasmadas en una ponencia de la magistrada Cristina Pardo, en la que se exige al Gobierno proteger la vida de los casi 16.000 excombatientes y garantizar su reincorporación a la sociedad.

El regaño del alto tribunal está dirigido a varias entidades y viene acompañado de una lista de obligaciones que deberán cumplirse en un plazo máximo de cuatro meses. El primer jalón de orejas es para la UNP, que deberá revaluar los riesgos de los firmantes del Acuerdo de Paz y, de ser necesario, invertir en nuevos esquemas de protección colectivos.

Según datos de Indepaz, tan solo en 2021 fueron asesinados 43 signatarios del proceso y exintegrantes de las antiguas Farc. Para las directivas del Partido Comunes, la cifra es peor cuando se rastrean los casos que vienen ocurriendo desde 2016, pues se estima que desde la firma del proceso más de 270 excombatientes han sido asesinados. 

Por esta razón, la Corte también le ordenó al Gobierno disponer de un presupuesto que permita cumplir las garantías de seguridad que faciliten la reinserción. Todo esto si se tienen en cuenta los enfoques diferenciales que protegen con especial cuidado a mujeres, comunidades campesinas, étnicas, entre otras.

Así mismo, el alto tribunal ordenó al Ministerio del Interior, la Agencia para la Reincorporación y la Consejería Presidencial para la Estabilización, adoptar, en un plazo de dos meses, medidas concretas que impulsen el desarrollo de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los planes de sustitución de cultivos.

Otra de las entidades que tendrá que intervenir es la Defensoría del Pueblo, pues deberá entregar a la Fiscalía y la JEP un informe actualizado de las alertas tempranas relacionadas con los firmantes de paz. El plazo para la presentación será de un mes, con la cual se busca que las autoridades avancen en la investigación y judicialización de varios asesinatos.

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La polémica respuesta del Gobierno ante las críticas a la implementación del Acuerdo de Paz

Desde el pasado mes de agosto, cuando se conoció que la Corte Constitucional trabajaba en las tutelas de los firmantes de paz, también se reveló que el Gobierno estaba a la defensiva y preparaba una respuesta basada en sus cifras de la política Paz con Legalidad. 

Así quedó evidenciado este jueves, cuando el consejero Emilio Archila, encargado del posconflicto, aseguró que no compartía el fallo y que las medidas solicitadas ya venían siendo adelantadas por el Gobierno. “El compromiso del presidente Iván Duque con la implementación, y en particular con seguridad de excombatientes, ha sido firme desde el primer día”, dijo Archila.

La actitud de Archila ha sido criticada desde varios sectores, que aseguran que su respuesta justifica la crisis de seguridad mencionada por la Corte Constitucional. El consejero se defendió y aseguró que no compartir la decisión no implica un “juicioso acatamiento” de las disposiciones del fallo.

Para algunos expertos, si bien se trata de una decisión histórica, la respuesta parcial del Gobierno pone en duda los alcances del estado de cosas inconstitucional y demás medidas adoptadas. Según el jurista y exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, el fallo es muy grave y merece toda la atención de las instituciones.

“No es un simple llamado de atención. Resuelve que hay una extendida violación de la Constitución, de derechos y garantías fundamentales, y que se incumple el Acuerdo de Paz”, aseguró Hernández.

Por ahora, será la Procuraduría la encargada de vigilar con un equipo especial el cumplimiento de las medidas. Además, por solicitud de la Corte, el Congreso debería reactivar la agenda legislativa del Acuerdo de Paz y pronunciarse sobre la falta de garantías de seguridad en las regiones del país.

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