El nuevo mapa del conflicto: ¿dónde están los excombatientes y qué pasa con las disidencias?

Con la terminación del conflicto, la exguerrilla pasó de tener presencia en 242 municipios del país a ocupar 29 zonas para su reintegración. Paralelamente, las disidencias empezaron a tomar fuerza. ¿Cómo está el panorama de esta reubicación cinco años después?

En 2016, Colombia optó por el camino de la paz, dándole fin al conflicto de más de cincuenta años, que dejó más de 265.000 víctimas fatales, de acuerdo con los registros del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Con la decisión, la antigua guerrilla de las Farc se comprometió a dejar las armas y cesar los enfrentamientos, y desapareció oficialmente como grupo armado.

“Cumplimos. Hoy dejamos las armas. El Estado nos ofreció un pacto para construir. Estamos listos para seguir ese camino” fueron las palabras del jefe del extinto grupo, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, durante el acto de dejación de armas en Mesetas, Meta.

Para darle garantías a estos procesos y facilitar el tránsito de los excombatientes a la legalidad, los exmiembros de este grupo fueron ubicados en 22 zonas veredales y 7 puntos campamentarios, alejados de centros poblados.

De acuerdo con Naryi Vargas, analista en temas de seguridad y conflicto armado, esta decisión fue tomada bajo dos criterios: la seguridad y las garantías de cumplimiento de desarme. “En todos los procesos de paz se puede prever que otros actores armados pongan a quienes están haciendo la transición como objetivo militar”, explicó a Diario Criterio.

Las zonas veredales se ubicaron en los departamentos de Antioquia (El Carrizal, Santa Lucía, Llano Grande), Arauca (Bocas del Ele), Tolima (Guanacas, El Jordán), Cauca (El Roble, Los Monos San Antonio), Nariño (La Variante, Betania), Putumayo (La Pradera), Caquetá (El Carmen, La Esperanza), Guaviare (Charras, La Colina), Meta (La Reforma, La Guajira, La Yarí), Norte de Santander (Caño Indio) y Cesar (Los Encantos).

Los campamentos se localizaron en los departamentos de Chocó, Antioquia, Cauca, Caquetá, Guajira y Córdoba.

Con este repliegue, la extinta guerrilla pasó de tener presencia en 242 municipios del país (22 por ciento del territorio nacional) a habitar estos territorios para su integración a la vida civil, con lo que dejó libre el 90 por ciento de los sitios que ocupaban, de acuerdo con una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

Esto significa, por otro lado, que algunos exmiembros de las Farc opusieron una gran resistencia a la dejación de armas, sobre todo en el suroriente del país, y siguieron operando en algunas regiones del país, principalmente con la disidencia de Gentil Duarte a la cabeza.

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Se inician los ETCR y las cifras de abandono

En agosto de 2017, con la terminación de las zonas veredales se dio paso a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), centros poblacionales temporales en los que se buscaba que los exmilitantes contaran con condiciones de acceso a tierra, el avance de proyectos productivos, acceso a solución de vivienda, entre otras cosas.

Para noviembre de ese mismo año, Naciones Unidas reportó que el 55 por ciento de los exguerrilleros de las Farc habían abandonado las zonas veredales.

“Los exguerrilleros eran unos 8.000 al 20 de mayo en las zonas veredales donde se reunieron para dejar las armas. Quedaba el 70 por ciento al 15 de agosto. Hoy estimamos que el 45 por ciento todavía está en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR)”, dijo Jean Arnault, entonces jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

El argumento detrás de la decisión de dejar las ECTR, de acuerdo con Arnault, tuvo que ver, en gran parte, con la “desilusión” ante la ausencia de oportunidades económicas.

Si bien podría pensarse que el abandono de estas zonas podría estar relacionado con un reingreso de estos miembros a los grupos armados, lo cierto es que esta ida, en muchas casos, estaría relacionada con la intención de los excombatientes de reunirse con sus familias, hacer política y buscar la reincorporación por cuenta propia, entre muchos otros factores.

De hecho, para finales de 2019, según los datos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), de los 13.039 exguerrilleros que comenzaron su proceso de reincorporación, 3.348 permanecían en estas zonas. En ese entonces, la ARN explicó además que conocía el paradero y las acciones de 8.815 excombatientes que se encuentran en 450 municipios del país.

A inicios de este año, la entidad informó que hace en todo el país un acompañamiento permanente a las 4.328 mujeres excombatientes que se encuentran en proceso de reincorporación y reintegración.

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Post-Farc: “disidencias” y “reincidentes”

Cinco años después de la firma del Acuerdo de Paz, unos treinta grupos armados ilegales delinquen utilizando nombres asociados a lo que fue esta guerrilla. Estos están compuestos por los exguerrilleros que se apartaron de las Farc antes de la firma del acuerdo en 2016 (disidencias) y por quienes regresaron a las armas (reincidentes)

Es muy difícil conocer exactamente cuántos siguen en armas, debido a la dificultad de obtener un dato certero. El ministerio de Defensa calculaba en 2020 que las “disidencias” y los “reincidentes” podrían tener aproximadamente 4.600 integrantes, de los cuales 3.000 serían combatientes efectivos y el resto haría parte de las redes de apoyo logístico y milicias.

Lo que sí se conoce es que estas se agruparon en las zonas donde la extinta guerrilla tuvo tradicionalmente el poder, de acuerdo con Geraldine Bustos, politóloga y profesora de la Universidad de la Sabana experta en conflicto armado. “Esto es en el suroriente y suroccidente del país, en departamentos como Caquetá, Putumayo, Guainía y Guaviare”, describió a Diario Criterio.

Para mayo de 2018, Pares identificó 57 municipios con la presencia de estructuras armadas compuestas por excombatientes de lo que fue esta guerrilla.

Los últimos datos de la fundación sobre este tema destacan que, en 2021, hay un crecimiento de la presencia de los Grupos Armados Post-Farc (GAPF) en varios territorios, llegando a tener influencia en aproximadamente 138 municipios de Colombia.

Sobre esta reconfiguración de las estructuras luego de la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016, Pares hace también una radiografía de cuatro regiones del país en las que el conflicto se ha acrecentado. Este es el caso del Norte del Cauca, la Costa Pacífica Nariñense, el Bajo Cauca antioqueño y el Catatumbo.

En el documento se señala, a manera de ejemplo, que en el Norte del Cauca, desde el año 2017, se conoce la presencia de GAPF que se disputan el control territorial debido en gran parte a la concentración de cultivos de coca y marihuana.

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¿Qué falló para que esto sucediera?

El Acuerdo de Paz fue imperfecto, como cualquier otro acuerdo de la misma materia. A pesar de que sus contradictores han mantenido un discurso desfavorable, lo cierto es que la negociación con la exguerrilla de las Farc significó un nuevo capítulo para Colombia.

Para la analista Naryi Vargas, el acuerdo, “más allá de que la implementación no haya funcionado”, demostró que hay que sacar la violencia de la política, puesto que no es un mecanismo para acceder a ella. De igual forma, significó para el país “la posibilidad de llevar ciertas transformaciones a las zonas más afectadas del conflicto y la posibilidad de que el Estado pudiera ocuparse de otros asuntos de seguridad”.

La politóloga Bustos, por su parte, considera que desde el acuerdo el Estado pactó unos compromisos que se salían de su capacidad, lo que hace que desde un principio estos sean muy difíciles de cumplir.

“Esto no es excusa para su no cumplimiento. Al tener unos compromisos muy altos, más adelante, en su implementación, requería demasiadas voluntades políticas. Esto no es solo del ejecutivo, que en parte ha sido hostil con la implementación. Tenemos también un legislativo que se comprometió solamente al inicio de la legislatura, y luego muchas de las iniciativas y proyectos no fueron tramitados”, señaló.

Sobre esta última afirmación ya se ha alertado no solo desde las voces de quienes dejaron las armas, sino también desde quienes consideran que este es el camino. De acuerdo con el quinto informe de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia del Instituto Kroc, en el último año, el cumplimiento pasó del 26 al 28 por ciento. Cifra por la cual la organización destacó la necesidad de expedir normas que permitan que la implementación sea efectiva: todavía hay debilidades en el marco legal que impiden el cumplimiento de lo pactado.

Estos grupos, además, vienen tomando fuerza en varios territorios del país. Para Vargas, esto sucedió precisamente porque el Estado lo permitió. “Hubo una ruptura respecto a la estrategia y el abordaje de la agenda de paz y seguridad. La estrategia de seguridad del gobierno de Duque no está acorde a los retos en seguridad del país. El gobierno Duque no pensó en prevenir el resurgimiento de grupos. No era y no fue nunca la base de su discurso en esta materia”, aseguró.

Lo complejo de esta situación es que esos grupos dejan al Estado en un panorama incierto, al no saber cómo acabar con ellos, según explicó Bustos. “Porque si ya se hizo un acuerdo, entonces ¿ahora cómo negociamos?”, dijo.

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