Las complejas deudas pendientes en la implementación del acuerdo de paz

Este martes, la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional, compuesta por el CERAC y el CINEP, socializó el décimo y último informe que evalúa los avances en los acuerdos de paz.

En términos generales, la Secretaría Técnica identifica tres sucesos que han afectado la implementación de lo pactado en La Habana. El primero, “el cambio de gobierno en 2018 y la asunción del partido político que se había opuesto abiertamente a la firma del Acuerdo”. El segundo, el covid-19. Y el tercero, el paro nacional convocado en abril de este año.

Resultados poco satisfactorios

A cinco año de los acuerdos de paz firmados entre las antiguas Farc y el Estado colombiano, la evaluación de los seis puntos no es satisfactoria. La mayoría de variables analizadas se encuentran entre el grado bajo y medio de cumplimiento. En otras palabras, y usando la comparación de un estudiante de colegio, el país va perdiendo el año.

Por ejemplo, en el punto uno, Reforma Rural Integral, la Secretaría Técnica encontró que la distribución de tierras a habitantes del campo que no la poseen “es muy baja”. Hasta el momento, en el Fondo de Tierras hay un total de 14.751 predios equivalentes a 1’385.066 hectáreas. “Esto corresponde al 46,2% de los 3.000.000 de hectáreas previstas distribuir”. Y de esas solo se han entregado el 7,8 por ciento. Esto significa que en los 12 años de vida del fondo solo se podrá repartir el 21,7 por ciento.

El informe destaca el esfuerzo del Estado por crear una legislación para sacar adelante el punto de la Reforma Rural Integral y los avances en la construcción de los Planes de Acción para la Transformación Regional. Sin embargo, señala que todavía no ha constituido importantes instituciones como la Jurisdicción Agraria y está atrasado en programas como el Catastro Multipropósito (CM).

Respecto a este último punto, el informe advierte: “La lentitud en el desarrollo del CM además de llevar a que no se cumpla la meta del Acuerdo, tampoco permitirá que se logre para 2022 tener 650 municipios con catastro actualizado, entre ellos los 170 municipios PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial)”.

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Poca apertura democrática

Los resultados relacionados con la apertura democrática consagrados en los acuerdos de paz tampoco son muy alentadores. Si bien la Secretaría Técnica destaca “varios avances normativos”, estos no se han materializado de “forma homogénea”. Este es el caso del Sistema Integral de Garantías de Seguridad para el Ejercicio de la Política, que ha presentado retrasos en su aplicación. Lo mismo sucede con la propugnación del Estatuto de Oposición, un elemento positivo para la puesta en marcha de la amplitud democrática, pero que sus alcances han sido desiguales.

Un aspecto que le preocupa a la Secretaría Técnica es el relacionado con la seguridad. Según ella, “en materia de garantías de seguridad para el ejercicio de la política”, no hay ningún logro significativo, “pues si bien hay avances normativos”, la falta de apoyo ha generado la “dispersión de las medidas”.

La situación inquieta “por la crisis de seguridad que vienen atravesando varias zonas del país, condición que genera preocupación de cara a las jornadas electorales de 2022, ya que los índices de violencia tienden a deteriorarse en dichos contextos”.

La protesta social como mecanismo de apertura democrática también fue analizada por la Secretaría Técnica. Destaca los avances “normativos y prácticos que buscan brindar mayores garantías a la protesta social”. Sim embargo, considera que en los últimos meses este acumulado de normas no ha aumentado “porque no hubo una mejora de las capacidades de diálogo y se priorizó el control de disturbios”.

Una buena noticia

Un punto en el que la aplicación los acuerdos de paz aparece bien calificado es el del fin del conflicto. La Secretaría Técnica afirma que el conflicto con las Farc efectivamente se acabó, que ha habido un cumplimiento del cese al fuego bilateral y que, producto de ellos, la antigua guerrilla entregó todo su armamento. También aprueba los avances en el proceso de reincorporación de los excombatientes.

Si bien la Secretaría Técnica celebra que “la mayoría de los compromisos de este tema del Fin del Conflicto ya están cumplidos”, llama la atención sobre los compromisos “pendientes por culminar”. Entre ellos se encuentran “la construcción del último monumento para la paz en La Habana, Cuba (…) y la finalización en la entrega de bienes y activos reportados por las Farc para la reparación a las víctimas”.

En el informe se expresa preocupación por el asesinato de excombatientes, pero exalta “los avances en el esclarecimiento de casos de agresiones contra excombatientes en proceso de reincorporación y sus familias, por parte de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación”. Hasta febrero de 2021 han sido esclarecidos el 49,17 por ciento de los homicidios de excombatientes, porcentaje “superior al avance en otro tipo de homicidios en el país”.

Política antidrogas: un balance agridulce

En la evaluación de este punto de los acuerdos de paz también hay buenas noticias. Según la Secretaría Técnica, los principales logros se concentran en “el cumplimiento del 98 % del levantamiento de los cultivos de uso ilícito por parte de las familias que suscribieron acuerdos individuales del PNIS (…) y en los componentes de Asistencia Alimentaria Inmediata, proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria, y asistencia técnica del PAI familiar”.

De igual manera, se destaca el avance en la desactivación de minas antipersona y el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia y control a insumos y precursores químicos. Sin embargo, el informe da cuenta de la persistencia de los riesgos de seguridad en los municipios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Esta situación “obstaculiza las labores de sustitución y verificación de los cultivos” y “pone en riesgo la vida de los involucrados con el PNIS”.

¿Y la justicia qué?

Finalmente, frente al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creada en los acuerdos de paz, la Secretaría exalta que esta institución de justicia transicional siga funcionando a pesar de las dificultades que ha enfrentado. El informe señala tres obstáculos: la pandemia, “las constantes violaciones a los DDHH [derechos humanos] en diversos territorios del país y los ataques permanentes al desarrollo e integridad de sus actividades por parte de los detractores del proceso de paz”.

En ese contexto un poco adverso a los acuerdos de paz, la secretaría destaca la labor de la Comisión de la Verdad y sus procesos de visibilización (como las jornadas de reconciliación o las comparecencias públicas). También califica como un logro la elaboración del Plan Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas y la puesta en marcha de varios Planes Regionales de Búsqueda, pero recomienda mayor celeridad en su puesta en marcha.

En cuanto a la Jurisdicción Especial para Paz (JEP), la Secretaría Técnica ve con buenos ojos su funcionamiento y la puesta en marcha de grandes macrocasos y de medidas cautelares, pero pide mostrar avance y celeridad en tomar decisiones de fondo.

En este apartado, la evaluación hace un importante llamado para no poner en peligro los acuerdos de paz: “evitar cualquier alteración a los cimientos estructurales de este modelo de justicia restaurativa, pues iría en detrimento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral y debilitaría de forma sensible el proceso de reincorporación y seguridad jurídica de los exmiembros de FARC, los militares y los terceros civiles voluntarios comparecientes ante la JEP”.

*Foto: Consejería para la Estabilización.

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