Algunos de los rostros de los desaparecidos, detenidos y torturados durante el paro en Colombia

Diario Criterio reconstruyó varias historias alrededor de denuncias sobre esas violaciones a los derechos humanos y descubrió que en la marea de información alrededor de los casos el único dato concreto que no aparece es el consolidado oficial.

En lo único que coinciden todas las autoridades y organizaciones defensoras de derechos humanos en torno a las cifras de desaparecidos durante el paro nacional, es que ninguno de los conteos oficiales y privados coincide.

Mientras la Fiscalía habla de un consolidado de 91 personas “no localizadas”, desde la Defensoría del Pueblo se advierte que, de 783 reportes de personas no ubicadas, se descartaron 317 reportes; es decir, quedan activos 466 casos de desaparecidos.

Cifras similares consolidó la plataforma de organizaciones de derechos humanos Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) tras realizar un balance al cumplirse un mes del paro, con 770 reportes de desaparecidos, de las cuales 327 personas continúan perdidas, al momento del balance. Por su parte, desde el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), se habla de 356 víctimas de desaparición forzada, con corte al 31 de mayo.

Lo anterior para decir que, en el mejor escenario, los desaparecidos oscilan entre 91 a 446 personas víctimas de esa violación a los derechos humanos y que, en cualquier país democrático, esas cifras serían razón suficiente para un escándalo nacional.

Varias fuentes entre personerías y defensorías de Risaralda y Valle, consultadas por Diario Criterio, señalaron que la razón de llamarlas “personas no localizadas” o “personas no ubicadas” nació de una directriz nacional con origen en la Fiscalía General.

Pero más allá de ese eufemismo, lo cierto es que esta avalancha de denuncias es atípica por varias razones y, quizás la principal o más importante, es la masificación de los casos a través de redes sociales.

El país y el mundo documentaron aberrantes violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de la fuerza pública, pero también de parte de los manifestantes. Esto desnudó vulnerabilidades, no solo del público que consume esa información sin filtros ni contrastaciones, incluso, entre las propias autoridades.

Rostros de las cifras

Por ejemplo, uno de los tres casos por desaparición forzada que la Fiscalía investigó por varias semanas fue el de una mujer, Jenny Paola Calvo Cruz, quien nunca estuvo desaparecida y está sana y salva en su casa en Yumbo. Diario Criterio la ubicó y habló con ella.

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La otra vulnerabilidad radica en que muchos de los casos de desapariciones reportados ante las autoridades como Personerías y Defensorías penden de un hilo. “Escasamente contamos con un solo nombre, sin apellidos o en ocasiones un alias, incluso, una seña física”, explicó a este medio Sandra Lorena Cárdenas, personera de Pereira.

En efecto, durante el trabajo de campo para este informe periodístico, se presentó un hecho atípico: en la mayoría de los casos ni siquiera las familias de los presuntos desaparecidos quieren hablar del tema o exponerse públicamente, por temor a represalias.

“Eso ha sido un fenómeno constante, porque las familias no confían ni siquiera en las autoridades y prefieren guardar silencio o manejar el tema a través de organizaciones de derechos humanos. Y muchas veces ni así confían, porque en ocasiones gente que dice ser de diversas entidades, las llaman a concertar citas y eso genera suspicacias”, explicó la abogada y activista Adriana González; ella y otros profesionales del derecho asesoran gratuitamente a los jóvenes manifestantes.

Pereira, un caso a investigar

De hecho, en Risaralda está una de las denuncias más complejas. Se trata de la desaparición y muerte del joven Brahian Gabriel Rojas López, quien fue visto por última vez durante un operativo conjunto del Esmad y la Policía, en La Virginia (Risaralda), pero cinco días después apareció muerto, flotando en las aguas del río Cauca, a la altura del municipio de Sabanalarga, Antioquia.

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Y en Pereira, las autoridades investigan las amenazas de muerte contra seis jóvenes manifestantes, todos estudiantes de la facultad de deportes de la Universidad Tecnológica de Pereira, UTP. Los han llamado y advertido que los van a matar y hoy varios de ellos están ocultos, mientras reciben protección o ayuda de organizaciones defensoras de derechos humanos.

A ese mismo grupo de estudiantes pertenecía Lucas Villa, baleado por sicarios en el viaducto de Pereira, el pasado 5 de mayo. Y en ese mismo grupo estudia la joven Grek Valentina Smimmos Ramírez, de nacionalidad italiana y que denunció torturas del Esmad en las redes y a Diario Criterio.

Fuentes oficiales consultadas por este medio, y que pidieron omitir sus nombres, aseguran que detrás de esas amenazas y el asesinato de Lucas Villa podrían estar sicarios de la temida oficina de cobros conocida como La Cordillera, tras ver afectadas sus finanzas por los bloqueos del paro y porque algunos de esos estudiantes se oponen a la comercialización de estupefacientes dentro del campus del aula máter.

No obstante, universitarios consultados por Diario Criterio creen todo lo contrario: “Por cuenta del paro, uno de los más beneficiados ha sido el crimen organizado y las mafias, ya que, ante la falta de autoridad para ejercer los controles habituales, la droga circula libremente por la ciudad”, explicaron.

Cierto o no, lo que está claro es que en la capital risaraldense suena con mucha fuerza el alias de un nuevo patrón al que llaman Pereira y que habría escalado dentro de la misma Cordillera y se apoderó del manejo del negocio del microtráfico. De ahí que algunos insistan en conectar la ola de amenazas y atentados contra los manifestantes con los tentáculos del crimen organizado de la oficina de sicarios más temidas del Eje Cafetero y el Norte del Valle.

Más allá de esos posibles tentáculos criminales, hay quienes creen que el fenómeno de los desaparecidos dentro del paro nacional es un problema con patrones similares a los del pasado reciente en Colombia.

Esa tesis la planteó Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), durante una entrevista a un medio radial.

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“Los patrones que se han conocido de desaparición forzada en el país, en el pasado, tienen que ver con detenciones por parte de autoridades, que luego se llevan a las personas, las conducen a un lugar oficial o un lugar desconocido y luego nunca más se vuelve a saber de ellos. Estoy hablando de casos que han sido resueltos por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH o el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, dijo la directora de la UBPD.

Añadió que esos “patrones indican que, a pesar de que las personas vieron llevar y detener a personas por las acciones oficiales, nunca más se supo de ellos. El ocultamiento de información de esa detención, como también la falta de registros de esa detención, fueron factores que llevaron a que las personas nunca fueran halladas”.

Monzón también se refirió al espinoso tema de los datos de desaparecidos durante el paro nacional. “No hay cifras oficiales, en mi opinión, porque existen cifras que maneja la Fiscalía y la Defensoría, otras que manejan las organizaciones de derechos humanos y sociales que están en el paro y que reportan permanentemente desaparecidos, pero los listados oficiales no aparecen, ni son conocidos públicamente”.

Insistió en manifestar que la falta de una cifra unificada complica todo: “No hay un listado, no hay información transparente que le permita a las organizaciones contrastar y determinar en su listado que, de esas 346 personas presuntamente desaparecidos, cuáles aparecieron y dónde están. Lo que están reportando las organizaciones, en este momento, es que efectivamente en el marco del paro, las personas son detenidas por autoridades, subidas a camiones y luego no se vuelve a saber de ellas”.

De ahí que muchos se atrevan a argumentar que el problema de los desaparecidos durante el paro, es tan grave en Colombia, que hasta las cifras oficiales se embolataron.

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