¿Es conveniente extraditar la verdad de ‘Otoniel’?

Durante su última declaración ante la JEP, el líder del Clan del Golfo aseguró que el Ejército participó en la masacre de Mapiripán y que el exgeneral Mario Montoya recibió dinero de los paramilitares. Su testimonio revivió las voces que piden no extraditarlo para que cuente todo lo que sabe y responda a sus víctimas.

A pocos días de ser extraditado a Estados Unidos, Dairo Antonio Úsuga, quien fue el máximo jefe del Clan del Golfo, compareció ante los magistrados de la JEP como testigo de los casos 03 y 04, conocidos popularmente como ‘falsos positivos’ y violencia en el Urabá. Antes de la diligencia, alias Otoniel habría dicho que revelaría nombres de políticos, militares y agentes del extinto DAS que colaboraron con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Aunque la Corte Suprema de Justicia autorizó su extradición el pasado 6 de abril, y el presidente Iván Duque la firmó dos días después, esto no le impide rendir testimonio en la justicia transicional. “El requerido puede ser visto y escuchado las veces que sean indispensables para la complacencia de los derechos de las víctimas”, dijo la Corte Suprema al respecto.

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Según el magistrado de la JEP Alejandro Ramelli, alias Otoniel es pieza clave para conocer más acerca de los ‘falsos positivos’ en el departamento del Meta y el municipio de Dabeiba (Antioquia). Otoniel delinquió en estas dos regiones desde la década de los noventa, cuando estuvo en el EPL, y luego en las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y en el Bloque Centauros de las AUC.

Aunque su testimonio es reservado, hasta el momento se conoce que reconoció haber participado en la masacre de Mapiripán, luego de que, supuestamente, miembros del Ejército ayudaran a transportar cientos de paramilitares a San José del Guaviare y posteriormente al municipio de Mapiripán, en julio de 1997.

Otoniel también se refirió al general en retiro Mario Montoya, comandante del Ejército entre 2006 y 2008. El capo habría dicho que Montoya recibió prebendas –dinero y un apartamento blindado– de los paramilitares por trasladar oficiales de la institución. Así mismo, aseguró que varios militares recibieron sueldos de las autodefensas por brindarles seguridad y libertad de movimiento.

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Según reveló El Tiempo, alias Otoniel también salpicó a “exgobernadores del Meta, Casanare y Guaviare, así como a un exalcalde de Medellín y un exgobernador de Antioquia”. Algunos de estos mandatarios locales le habrían dado el 5 por ciento del valor de los contratos públicos a jefes de las AUC durante varios años.

Alias Otoniel también habría dicho que actualmente el Clan del Golfo tiene policías, militares y agentes del Estado en su nómina. Además, les habría entregado a los magistrados Ramelli y Hugo Escobar Fernández una lista con nombres y datos de contratistas y empresas patrocinadoras del paramilitarismo.

Aún no es claro qué tan contundentes son las pruebas entregadas por ‘Otoniel’. Por ahora, los magistrados de la JEP planean enviar la información a la Fiscalía y la justicia ordinaria para que adelanten sus investigaciones. Sin embargo, la declaración revivió un debate sobre la magnitud de lo que tiene para decir este capo en el marco del proceso de paz.

De un lado está la posición del Gobierno de Iván Duque, que califica su extradición como una muestra de la fortaleza y contundencia de las instituciones. Por otra parte, varias organizaciones sociales y víctimas del conflicto, que ven en la medida un signo de fracaso de la justicia penal colombiana, al no poder mantener a ‘Otoniel’ en el país para que aporte la verdad de las víctimas y pague los delitos que van más allá del narcotráfico.

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Los argumentos para no extraditar a alias Otoniel

Desde que empezó a tramitarse la extradición de ‘Otoniel’, luego de su captura el 23 de octubre de 2021, sus víctimas alzaron la voz para pedir que no se lo llevaran. Ellas argumentan que él tiene la verdad sobre quiénes ordenaron asesinar, torturar o desaparecer a sus familiares y conocidos.

Por ejemplo, las víctimas de la Operación Génesis –una acción militar realizada en 1997, en el Urabá chocoano, que terminó en la muerte de un líder y el desplazamiento de miles de familias– interpusieron una tutela ante la JEP para frenar la extradición. “No solo podría esclarecer hechos pasados, sino ayudar a desestructurar el conflicto que se vive en los territorios”, argumentaron las víctimas.

El grupo pedía que alias Otoniel se quedara en Colombia para que confesara cómo se desarrolló el despojo de tierras a miles de familias de la región. La tutela también era una protesta a la JEP por no escucharlos antes de rechazar al capo en esa jurisdicción, lo que, según ellos, abrió las puertas a su extradición.

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Esta misma organización envió una carta a alias Otoniel y a la Corte Suprema el pasado 8 de abril, asegurando que la extradición frustraría su oportunidad de ser reparados por el Clan del Golfo.

“Es esencial que las responsabilidades e información frente a dichos crímenes sean conocidas en Colombia, y que sirva para dar luces de cómo resolver asuntos estructurales y garantizar la no repetición”, dice la carta.

Desde su lugar de reclusión, el exjefe paramilitar contestó y aseguró que, aunque quiere colaborar con las víctimas, hay un plan para llevarse su verdad a Estados Unidos. “Es claro que se ha iniciado un gran dispositivo para silenciarme (…) resulta sorprendente que en tan poco tiempo se hayan activado los mecanismos para extraditarme”, dijo.

Alias Otoniel también se refirió a la intención del Clan del Golfo de conversar con el Gobierno para negociar “un acogimiento a la justicia que permita desactivar los factores violentos”. Para las organizaciones de víctimas, con la extradición de su máximo jefe, los demás integrantes de ese grupo no querrán aportar a la verdad, reparación y no repetición.

Por otra parte, las víctimas aseguran que el Gobierno de Duque le está dando más peso al delito del narcotráfico que a las violaciones de derechos humanos contra miles de colombianos. Esta postura revivió la discusión de lo ocurrido con los jefes paramilitares extraditados en la administración de Álvaro Uribe.

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Al respecto, el jurista Rodrigo Uprimny asegura que la decisión del Ejecutivo puede entenderse como “una grave distorsión ética al privilegiar las relaciones con Estados Unidos frente a los derechos de víctimas de crímenes atroces”.

Uprimny señala que, aunque el Gobierno dice que los paramilitares pueden seguir aportando a la verdad desde otro país, debería ser la justicia estadounidense la que venga hasta acá para adelantar sus procesos, no al revés.

Para Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros y líder de restitución de tierras en el Urabá antioqueño, la experiencia de otras extradiciones demuestra que se sacrifica la verdad y se garantiza la impunidad, lo que en otras palabras sería una derrota de la justicia y las instituciones colombianas.

“El afán del Gobierno para extraditar a ‘Otoniel’ busca proteger a empresarios, funcionarios públicos, políticos y clanes ilegales que participaron del paramilitarismo en la región de Urabá y el Caribe colombiano. Las víctimas son las primeras perjudicadas con esta decisión”, agregó Vega. 

A estas voces se han sumado las de otras organizaciones como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que considera que la extradición “deja en total impunidad los casos cometidos”. Varios integrantes del partido Comunes también se han unido a la petición de no extradición.

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“Tenían razón quienes han pedido de mil maneras que antes de la extradición se debía permitir que alias Otoniel confesara ante la JEP los nexos con políticos, empresarios y militares. Lo que ha dicho sobre la masacre de Mapiripán aclara las responsabilidades de un crimen horrendo”, dice, por su parte, el analista León Valencia.

Aunque alias Otoniel ha hablado ante la JEP y la Comisión de la Verdad, es claro que varias de sus intervenciones fueron saboteadas. Según el comisionado Leyner Palacios, en este caso tuvieron que trabajar en medio de la persecución y la intimidación de grupos políticos que le tienen miedo a la verdad. 

Si bien Otoniel puede apelar su extradición, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, dice que, a cinco días de vencerse el plazo de ese recurso, la defensa no ha presentado ningún documento. Esto también genera suspicacias. Aunque él manifiesta su intención de cooperar, muchos señalan que el capo tendría un mejor destino en Estados Unidos.

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