Los contratos que enredan a Altus Baquero, magistrado del Consejo Nacional Electoral

La Procuraduría General investiga a Altus Baquero por presuntas irregularidades en la hoja de vida que presentó para acceder al cargo de magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE). Además, indaga un posible conflicto de intereses en contratos que Baquero firmó mientras se desempeñaba como secretario general de la Defensoría del Pueblo.

En la pasada elección de magistrados del CNE, uno de los candidatos que llegó más seguro a la votación del Congreso fue Altus Alejandro Baquero Rueda, quien hacía parte de la lista del Partido Liberal y era apadrinado por su entonces jefe, el defensor del Pueblo Carlos Camargo Assís. 

Sin embargo, su elección estuvo llena de polémicas. La más sonada tuvo que ver con las denuncias de veedurías y algunos congresistas sobre la falta de experiencia de Baquero para ser magistrado, pues varios aseguraron que no cumplía el requisito de tener más de 15 años como abogado, ya que su tarjeta profesional fue emitida en septiembre de 2007 y la inscripción para magistrados se realizó el 17 de agosto de este año. 

A esto se sumó que la hoja de vida que Baquero entregó para el proceso no coincidió con la depositada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), en la que solo aparecían 13 años de experiencia. La experiencia restante, según informaron las veedurías, la completó a última hora con certificados de algunas empresas. 

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Aún así, Altus Baquero logró que la Comisión de Certificación avalara su candidatura y finalmente fue elegido como magistrado del CNE el pasado 30 de agosto. Sin embargo, este miércoles revivió el tema y las advertencias que habían hecho algunos sectores sobre una posible pérdida del cargo. 

Según informó la Procuraduría General, la entidad abrió una investigación disciplinaria contra Altus Baquero por “presuntamente acreditar una experiencia profesional que no le permitirá acceder a su cargo actual”. 

El Ministerio Público aseguró que indagará específicamente “lo relacionado con su experiencia laboral que se encuentra en el Sigep II, durante el periodo 2020 – 2022, para validar si cumplía con los 15 años de experiencia que exige el artículo 264 de la Constitución para el cargo”. 

Además, informó que también investiga si hubo conflicto de intereses en la firma de un contrato entre la Defensoría del Pueblo y una empresa que terminó entregando uno de los certificados laborales de Baquero. “La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con la finalidad de verificar la ocurrencia de los hechos y determinar si son constitutivos de falta disciplinaria”, dice un comunicado de la entidad. 

Los contratos que firmó el magistrado Altus Baquero 

Diario Criterio revisó los contratos y encontró que la empresa a la que hace referencia la Procuraduría es Fortaleza Legal S.A.S, la cual no tiene uno sino dos contratos firmados con la Defensoría del Pueblo, representada por su entonces secretario general, Altus Baquero. 

Ambos procesos se firmaron bajo la modalidad de contratación directa y tienen como fin asesorar jurídicamente al despacho que manejaba Baquero en temas de contratación. El primer contrato, por un valor cercano a los 86 millones de pesos, fue firmado el 16 de marzo de 2021 y el segundo, por 138 millones de pesos, fue firmado el 5 de enero de este año y tiene vigencia hasta finales de diciembre. 

Uno de los puntos que más llama la atención es que la representante de la empresa Fortaleza Legal S.A.S es Mónica Andrea Lozano Torres, quien habría sido alumna de Altus Baquero en una maestría de la Universidad Sergio Arboleda, según contaron medios como Semana. 

Fortaleza Legal habría expedido numerosas certificaciones laborales con las que Altus Baquero completó el requisito de años de experiencia. Para las veedurías, llama la atención que sus supuestas labores en dicha empresa se realizaron de manera inestable, entre 2015 y 2020, pero en cortos periodos de meses. 

Este medio conoció que, además de la investigación de la Procuraduría, la elección de Altus Baquero como magistrado del CNE fue demandada ante el Consejo de Estado. Dicha demanda agrega que Baquero nunca registró su experiencia en Fortaleza Legal ante el Sigep, como lo ordena la Ley 190 de 1995, y que tampoco registró los pagos de seguridad social. 

Hasta el momento, el magistrado Altus Baquero no se ha pronunciado al respecto y todo parece indicar que en los próximos meses el cargo por el que pujaron el Partido Liberal y el defensor Carlos Camargo estará en la cuerda floja. 

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