El interés por el caso de Uribe se está enfriando

El 4 de agosto de 2020, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue un día de mucho movimiento en las redes sociales y las salas de redacción. No era para menos: la última vez que un exmandatario había estado privado de la libertad fue en diciembre de 1957, con Gustavo Rojas Pinilla.

Con esa decisión, el alto tribunal hacía su mayor avance en una investigación que abrió en julio de 2018 contra Uribe Vélez y el representante Álvaro Hernán Prada, señalados de manipular testigos para declarar en contra del senador Iván Cepeda.

A partir de ese 4 de agosto de 2020, las cosas que pasaban tenían un impacto inmediato y se volvían tema de debate con vecinos, familia y amigos. En los espacios de opinión radiales se discutía cada movimiento del expresidente: su renuncia al Senado, por ejemplo, levantó una gran controversia pues se vio como una estrategia para eludir a la Corte Suprema de Justicia.

Fue un mes intenso de noticias. Ya con Uribe fuera del Senado, la Corte Suprema de Justicia perdió la competencia para investigarlo y el caso pasó a la Fiscalía General de la Nación a principios de septiembre de 2020.

Lo que siguió también levantó polémica. La designación de Gabriel Jaimes como fiscal encargado del caso fue cuestionada por su cercanía al exprocurador Alejandro Ordóñez y porque para distintos sectores no habría garantías de que la investigación prosperara. Además del asunto de Jaimes, algunos resaltaban la amistad del Fiscal General Francisco Barbosa con el presidente Iván Duque como factor de poca independencia.

Uribe Vélez recuperó su libertad en octubre de 2020. Por su parte, el caso empezó a sepultarse en marzo de este año, cuando Jaimes solicitó oficialmente la audiencia de preclusión del proceso. Para el fiscal del proceso, “las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente” al expresidente “no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o participe”. Es decir, según Jaimes, Álvaro Uribe Vélez no es responsable de los presuntos delitos que sí se cometieron para buscar testimonios a su favor y en contra de Cepeda.

Desde ese momento, además, empezaron producirse movimientos que buscaban desvirtuar el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, el principal testigo del caso.

El enredo

Ahora, siete meses después de la solicitud de Jaimes, el proceso se ve muy enredado. Inicialmente, la audiencia se fijó para el 6 de abril de este año. La diligencia se postergó, debido a que Deyanira Gómez (expareja de Monsalve) y el periodista Gonzalo Guillén pidieron ser reconocidos como víctimas dentro del proceso, y se retomó tres días después, el 9 de abril. Pero ese mismo día la jueza 28 de conocimiento volvió a aplazar la audiencia.

La diligencia se programó, otra vez, para el 24 de junio de este año, pero se aplazó de nuevo y se reanudó el 22 de julio. Ya para ese momento el panorama se veía poco claro.

Una muestra de ese enredo es lo que ha pasado con Deyanira Gómez. Inicialmente, la jueza 28 la reconoció como víctima dentro del proceso. Sin embargo, el 28 de mayo, el Tribunal Superior de Bogotá revocó ese reconocimiento. El 23 de julio, “finalmente”, la Corte Suprema de Justicia decidió que, en efecto, Gómez sí sería considerada como víctima.

Y es que a ese enredo se le sumó el anuncio del fiscal Gabriel Jaimes, el pasado 28 de julio, de pedir una investigación contra Gómez, a quien señala de haberle mentido a la Corte Suprema. Jaimes no se quedó con eso. También compulsó copias contra el senador Iván Cepeda por un caso que el alto tribunal ya había archivado en 2018.

En contexto: El fiscal Gabriel Jaimes hizo su tarea en el caso de Uribe

Lo último que ha pasado

La audiencia de preclusión se retomó esta semana, con los turnos para las víctimas dentro del proceso. Sin embargo, al caso se le ha bajado el perfil de a pocos y podría decirse que no pelechará como se espera.

El abogado de Iván Cepeda, Reinaldo Villalba, solicitó que no se considere la preclusión porque el fiscal Jaimes “no hizo una evaluación probatoria basada en la sana crítica, ni en las reglas de la lógica y la experiencia, ni una valoración integral, aunque así lo haya manifestado en su presentación”.

Para la defensa, la Fiscalía General no ha tenido en cuenta los múltiples testigos que narran los mismos hechos que ha contado Monsalve y que llevan a asumir la lectura del caso bajo otra óptica y no archivándolo.

A pesar de lo sonoro del caso, este se está quedan como bajo perfil, y durante la semana, más allá de la solitud de la preclusión, el rechazo de la defensa y la petición de escuchar una veintena de testigos, el asunto no ha trascendido.

Y todo indica que el proceso no se resolverá pronto. La jueza 28 de conocimiento programó audiencias hasta el 28 de octubre, lo que podría hacer que el caso se vaya hasta 2022. Con ese enredo y las continuas diligencias (que se extienden hasta por cuatro horas), es poco probable que la ciudadanía esté dispuesta a seguir pendiente de lo que está pasando.

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