A Yuli Berrío la amenazaron con asesinarla, pero la UNP solo le ha dado un chaleco antibalas y dos botones de pánico

A la líder social, que denunció corrupción en Candelaria (Valle del Cauca), la amenazaron con hacerle daño si no se va del municipio. Su situación es grave. A dos de sus compañeros ya los mataron.

El 3 de agosto, a la 1:39 de la tarde, una llamada de un número desconocido apareció en el celular de Yuli Berrío, exconcejal y líder social de Candelaria (Valle del Cauca). Cuando contestó, le respondió un hombre que al inicio la saludó muy amable, pero luego le preguntó si era ella y le dio su número de cédula y sus datos completos.

Yuli, que lleva varios meses bajo asedio y amenazas, no quiso confirmar nada y trató de averiguar la identidad de su interlocutor. Pero el hombre, mucho más agresivo, se identificó como miembro de un grupo armado: “Le doy plazo para que se vaya de Candelaria hasta hoy, a las 4:00 p.m.”.

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Ella intentó decirle que estaba equivocado, que no sabía quién era, pero él, subiendo el tono de voz, la amenazó con ponerle un artefacto explosivo en el lugar donde ella vive y trabaja. “Estoy hablando con una piroba hijueputa que de aquí a mañana va a tener que enterrar a dos o tres familiares”

Esa parte de la llamada quedó grabada y la propia Yuli la subió a redes sociales. 

Las amenazas no son nuevas y comenzaron desde hace varios años, cuando junto con otros compañeros y líderes comenzó a denunciar la corrupción en ese municipio.

Tampoco son un juego: dos de esos compañeros (Iván Giraldo Fuqueme y Jonathan Borja) fueron asesinados a tiros en Palmira, mientras que otros (como Ernesto Álvarez) están exiliados.

Ella prefirió quedarse, pues “yo tengo mi negocio aquí, de eso vivo y pago renta. No tengo cómo parar, no tendría de qué vivir”, le explicó a Diario Criterio.

Un chaleco y dos botones de pánico

Desde que comenzaron las amenazas, casi al mismo tiempo que ella empezó a denunciar actos de corrupción siendo concejal, Yuli pidió la protección del gobierno. Pero en la UNP (Unidad Nacional de Protección) lo único que le han dicho, a través de oficios, es que están estudiando su caso. 

Pero han pasado casi cuatro años y nada. Solo le mandaron un chaleco antibalas y dos botones de pánico. El chaleco no sirve de mucho, pues a sus dos compañeros los mataron con disparos en la cabeza, y los botones tampoco. Es más, el segundo se lo mandaron cuando a ellos les hicieron el atentado, y ella volvió a pedir protección.

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Esta vez, con el audio de la llamada en sus manos, acudió a la Personería Municipal y al Gaula de la policía. Pero luego de analizar la grabación, los agentes le dijeron que no se preocupara, que era una de esas llamadas extorsivas que hacen desde la cárcel. “A mí esa explicación no me cuadra, porque nunca me pidieron plata”, dice Yuli. 

No contenta con ese resultado fue hasta la Fiscalía e instauró la denuncia penal. Al día siguiente la convocaron a una reunión con la Secretaría de Gobierno y las autoridades policiales. Quedaron en que van a investigar las nuevas amenazas y a protegerla. 

La UNP, mientras tanto, respondió a su nueva solicitud con un correo. Allí le dicen lo mismo de siempre: que no le pueden asignar un esquema de protección hasta que no estudien su caso. 

Amenazas a Yuli Berrío
Oficio de la personera de Candelaria, Valle del Cauca, pidiéndole a la UNP protección inmediata para Yuli Berrío.

La personera municipal, alarmada por esa respuesta, envió un oficio diciéndoles que el peligro de seguridad de Yuli es inminente. Pero ellos no han vuelto a decir nada. “Para ellos es indiferente mi vida, mi salvaguardia”, dice la líder.

¿Por qué la amenazan?

Yuli no se atreve a señalar a nadie de sus amenazas. “La fiscal 131 del municipio es la que lleva mi caso. Yo les he dicho a las autoridades que ellos son los que deben investigar quién está detrás de todo esto, quien dio la orden de las amenazas y del homicidio de mis compañeros, hay muchas versiones”, explica. 

Sin embargo, no parece una coincidencia que las amenazas hubieran comenzado casi al tiempo con sus denuncias de corrupción en la administración municipal.

De hecho, los dos asesinados, los exiliados y Yuli crearon en 2019 un grupo de veedores anticorrupción con el soporte del entonces procurador general, Fernando Carrillo. Su objetivo era recopilar en un documento las denuncias que había sobre irregularidades en las alcaldías de Wilson Rengifo y Yonk Jairo Torres. El último trabaja actualmente en Planeación Nacional.

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Yuli se enfocó en dos denuncias: una en la Secretaría de Tránsito, en especial las empresas de grúas que inmovilizaban vehículos, los llevaban a un parqueadero particular y cobraban las multas sin tener contrato con el municipio ni pagarle dinero a las arcas municipales.

El otro, por una modificación al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que la alcaldía hizo aprobar en el Concejo a las malas, con el fin de urbanizar más de 90.000 viviendas en las periferias del municipio aún sabiendo que son terrenos de protección ambiental y que la modificación era ilegal, porque la ley solo contempla una, que ya se había hecho.

Las acciones de estos veedores, de hecho, llevaron a que la gobernación declarara ese POT ilegal y lo enviara ante el Tribunal Administrativo del Valle, que en mayo de 2020 lo declaró inexequible. Aún así, y haciendo caso omiso, la anterior administración y la actual han seguido construyendo las casas planeadas. 

Unos meses antes de la decisión del tribunal, asesinaron a Iván Giraldo y Jonathan Borja (dos de los veedores, compañeros de Yuli). Ellos estaban alertados por las amenazas, pero les tendieron una trampa: una persona les dijo que tenía información sobre más irregularidades y los citó en Palmira. Una vez lo recogieron en el auto, les dispararon en la cabeza.

Ambos habían pedido esquema de protección a la UNP, como Yuli, sin éxito. Es más, a Borja se lo habían retirado porque no encontraron méritos para seguir cuidándolo. 

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La situación de Yuli, una de las pocas líderes que denunciaron la corrupción y que queda en el municipio, es apremiante. Ha visto carros sospechosos rondando su casa y su trabajo; pintadas las paredes de su casa y llamadas, como la del pasado 3 de agosto.

Ella sabe que las amenazas son muy reales y espera que las autoridades le asignen un esquema de protección. No puede creer que por denunciar actos de corrupción y atreverse a alzar la voz, los líderes políticos y sociales tengan que morir o abandonar el lugar en el que viven y por el que tanto han trabajado. 

2 Comentarios

  1. Este gobierno se acostumbró a las cifras y nada ni nadie ha logrado frenar el vil asesinato de los líderes sociales. Historias tristes que se siguen repitiendo por fuerza de los grupos violentos que matan y doblegan a los buenos en nuestra Colombia.

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