Lo que hay detrás de la amnistía general de Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez dice que la amnistía general busca corregir el desequilibrio judicial en el acuerdo de paz. Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo y otros que participaron en la negociación afirman que tal desequilibrio no existe y que, por el contrario, la propuesta haría que los máximos responsables de los crímenes no paguen.

Desde que el expresidente Álvaro Uribe Vélez sugirió una amnistía general para que todas las partes que participaron en el conflicto armado tengan las mismas garantías, han aumentando las posturas frente a la propuesta, con lo que el exmandatario trató de hacer una aclaración en su cuenta de Twitter: “Amnistía como llamado a la reflexión para corregir desequilibrios judiciales enemigos de la paz”.

La propuesta ha empezado a levantar diversas posturas, sobre todo luego de conocerse que el que fuera comisionado de paz durante la presidencia de Uribe Vélez, Luis Carlos Restrepo, y que se encuentra como prófugo de la justicia colombiana por la falsa desmovilización del frente Cacica La Gaitana, envió una carta para respaldar la propuesta, con diez puntos en los que argumenta sus razones para hacerlo.

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En el numeral cuatro del documento, Restrepo detalla: “La propuesta de amnistía general no busca impunidad. Hace parte de una agenda de seis puntos para alcanzar la paz total. Beneficios judiciales tales como reducción de penas, libertad condicional o suspensión condicional de la pena, deben ir acompañados de reconocimiento de responsabilidad y reparación a las víctimas. Las víctimas tienen prioridad y estarán siempre en el primer renglón de atención”.

De la Calle y Jaramillo

La propuesta de Uribe Vélez no es bien vista por personas que acompañaron el proceso de paz durante el mandato de Juan Manuel Santos. Humberto de la Calle, exjefe de la delegación del Gobierno nacional en La Habana, y Sergio Jaramillo, ex alto comisionado para la paz, salieron al ruedo de la propuesta y en un comunicado conjunto de 13 puntos detallaron la razón por la que no es viable ese “borrón y cuenta nueva”.

De la Calle y Jaramillo manifestaron que “la base de la posición del Gobierno nacional en las negociaciones en La Habana con las FARC-EP, y en el proceso de paz en general, fue el rechazo tajante a una amnistía general y la priorización de los derechos de todas las víctimas en el marco del fin del conflicto. Queremos reiterar ese rechazo“.

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“Desde la firma del Acuerdo General en agosto de 2012, se dijo que las víctimas estarían en el centro del acuerdo y esa ha sido hasta hoy nuestra estrella polar. Una amnistía general, como propone Álvaro Uribe, daría al traste con la investigación y juzgamiento de los principales responsables de las graves violaciones. Y con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, añadieron.

Esa situación buscaría desconocer la jurisprudencia en el país frente a este tema y beneficiaría a los máximos responsables de los crímenes graves, según le dijo a Diario Criterio la representante a la Cámara Juanita María Goebertus.

La propuesta pretendería que “los máximos responsables, quienes tuvieron un rol esencial de planear las políticas, conducir las prácticas de crímenes”, sean amnistiados y eso es “desconocer estándares internacionales incorporados en nuestra Constitución y jurisprudencia, porque quien lidera la puesta en marcha de un crimen de lesa humanidad no puede ser amnistiado”, explicó Goebertus, quien trabajó en el diseño del sistema de justicia transicional para la negociación con las Farc.

Relatar la verdad completa

La propuesta del expresidente no ha pasado más allá de ser una formulación surgida tras la conversación con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición, liderada por el padre Francisco de Roux, que ha tenido eco en diferentes sectores. Pero hasta el momento no se conoce una propuesta formal desde el Centro Democrático, partido de Uribe Vélez. La propuesta, que es contradictoria a lo que se defendió durante la campaña contra el plebiscito por la paz, en la que se pedían las penas más duras, dejaría un vacío en la verdad y la justicia transicional en el país.

El exministro y exconstituyente Álvaro Leyva Durán publicó un video en su cuenta en Twitter en el que se refirió a la propuesta: “¿Amnistía para todos? Pasos a seguir, aún para quienes la proponen…”.

En su reflexión detalla que para encaminarse hacia una amnistía de este tipo es “obligatorio relatar verdad completa y asumir la responsabilidad de las conductas antijurídicas que ya sancionadas se vayan a olvidar“.

De la Calle y Jaramillo, por su parte, explican que la propuesta del expresidente “pretende derrumbar este edificio, que Colombia ha construido con tanta dificultad”. Y resaltan que “los primeros damnificados, además de las víctimas, por supuesto, serán los miembros de las Fuerzas Militares y otros agentes del Estado que participan hoy en el proceso transicional y que verán cómo se esfuma con esta propuesta su seguridad jurídica“.

La amnistía general y el equilibrio

Y aunque Uribe Vélez habla de la existencia de un desequilibrio, el excomisionado y el exjefe negociador explican que el “Marco Jurídico para la Paz, por el contrario, logró un equilibrio, permitiendo la suspensión condicionada para los agentes del Estado de la acción penal en los casos de menor responsabilidad. Esa posibilidad no existía para agentes del Estado, como sí para las guerrillas, que podían beneficiarse de una amnistía por el delito político de rebelión y delitos menores asociados al conflicto”.

En un mismo sentido se manifestó Goebertus, quien precisó que el marco jurídico para la paz (la reforma constitucional que estableció los parámetros para la justicia transicional) “se contempló la figura de la renuncia a la persecución a la penal, que es el símil de la amnistía, pero para agentes del Estado”.

Como “el delito político no lo cometen agentes del Estado, la figura de la amnistía, que es aplicable intencionalmente a agentes del Estado, no se aplicaba nacionalmente. Con esa reforma se dijo: ‘Se puede‘”, explicó la representante.

Con esto se logró que el acuerdo final se extendiera, “en razón del fin del conflicto, un tratamiento simétrico pero diferenciado a los agentes del Estado en la JEP [Jurisdicción Especial para la Paz], cuando en circunstancias ordinarias la responsabilidad de quienes portaron las armas en defensa de los ciudadanos y la Constitución es mayor. Este tratamiento está condicionado a la satisfacción de los derechos de las víctimas y al cumplimiento de una sanción“, añadieron De la Calle y Jaramillo.

Eso se retoma en el acuerdo de paz y es lo que permite que agentes del Estado, por ejemplo, involucrados en falsos positivos tengan un tratamiento especial dentro de la JEP”, agregó Goebertus.

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