La reforma a la salud “puede tener un impacto fiscal insostenible”: Andi

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) manifestó dudas sobre la viabilidad y el futuro de la calidad de los servicios de salud de aprobarse el proyecto planteado por el Gobierno.

La agremiación que reúne a los empresarios en el país se sumó a la Asociación Nacional de Medicina y presentó, este 24 de febrero, un documento en el cual manifiesta varias inquietudes, entre otros puntos, sobre la sostenibilidad financiera de la reforma al sistema de salud planteada por el Gobierno de Gustavo Petro, en cabeza de la ministra de Salud, Carolina Corcho.

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Para la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), el proyecto de Ley titulado Colombia, potencia mundial de la vida podría llevar a un aumento en el costo de loas pólizas prepagadas y, en general, estimular el gasto privado por parte de los usuarios del sistema.

El presidente de la Asociación, Bruce Mac Master, indicó que “solamente los anuncios de la reforma motivaron el incremento de demanda de servicios por los usuarios. Las complejidades del periodo de ajuste amenazan con empujar a la población hacia las consultas particulares o la adquisición de seguros privados”.

Dicho aumento inició el pasado mes de noviembre del año pasado, dos meses antes de conocerse el contenido de la reforma, y tras el anuncio oficial del fin de las empresas promotoras de salud (EPS), que, en el sistema actual, ejercen de intermediarios entre el Estado y los prestadores de servicios (IPS, es decir, clínicas, hospitales, centros de salud, etc.).

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Otra de las preocupaciones de la Andi es que el nuevo sistema no especifica quien asumiría el papel actual de las EPS, como la articulación de la red de prestadores, ya que, en la actualidad, cada promotora contrata un número de IPS supuestamente acorde al número de usuarios que atiende.

En ese sentido, Mac Master alertó sobre la posible afectación en la dispensación de medicamentos, el pago a los prestadores y un consecuente detrimento en los servicios que ofrecen.

El 13 de febrero, el gabinete del presidente de la República, Gustavo Petro, presentó el documento oficial de la reforma al sistema de salud, encabezada por la ministra de la rama, Carolina Corcho | Foto: de izquierda a derecha, David Racero, presidente de la Cámara; Francia Márquez, vicepresidenta de la República; Carolina Corcho, ministra de Salud; Gustavo Petro, presidente de la República; Verónica Alcocer, primera dama. | Crédito: Presidencia.
El 13 de febrero, el gabinete del presidente de la República, Gustavo Petro, presentó el documento oficial de la reforma al sistema de salud, encabezada por la ministra de la rama, Carolina Corcho | Foto: de izquierda a derecha, David Racero, presidente de la Cámara; Francia Márquez, vicepresidenta de la República; Carolina Corcho, ministra de Salud; Gustavo Petro, presidente de la República; Verónica Alcocer, primera dama. | Crédito: Presidencia.
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Otra preocupación de la Andi es que el presupuesto de la salud podría “desbordarse y perder sus mecanismos de contención, afectando las finanzas públicas”.

Este punto probablemente se refiera a la eliminación de las barreras (no descritas en la Ley 100 en salud, pero tampoco contenidas por los entes fiscalizadores) que todas las EPS e IPS ejercen y a las cuales la doctora Corcho se refirió al manifestar, en una reunión con representantes de 14 organizaciones médicas, que cada profesional tendría la tarea velar por los recursos del sistema (sentencia C-255/10, de la Corte Constitucional). Tarea, en la actualidad, en manos de la auditoría de cada promotora y prestador, acorde a políticas internas.

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Adicionalmente, la Andi manifestó que un tarifario o valor único de los servicios puede desincentivar la oferta de calidad para los pacientes.

Se plantea un presupuesto para la atención primaria, que gestionarán los CAPIRS (Centro de Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud). No es claro si ese presupuesto es una pita o un pago por atención u evento. Se plantea también una UPC (unidad por captación) para la mediana y la alta complejidad, cuyo método de cálculo tampoco se establece. La gestión que hacen las EPS se perdería, incluida la contención del gasto, y expondría al sistema a un eventual desborde presupuestal”.

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi)
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Las propuestas de la Andi para la reforma a la salud

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) como pagador único, acorde a lo planteado por el proyecto de reforma, no cuenta con la capacidad operativa, por lo cual puede colapsar y afectar la atención de salud, manifiesta, además, la Andi en su comunicado.

Al respecto, el Ministerio de Salud ha dicho que, de aprobarse la reforma, iniciaría un proceso de descentralización de la Adres y daría a los entes regionales, así como a la Superintendencia de Salud, mayor autonomía sobre la administración de los recursos. Sin embargo, sobre este aspecto, la Asociación Nacional de Medicina expresó su inquietud en cuanto al riesgo de politiquería:

“Su descentralización (o) desconcentración, que implica el nombramiento de gerentes, la conformación de juntas directivas y la función de ordenadores del gasto deben ser hechas con la garantía de impedir la politiquería y la corrupción regionales. La auditoría no debe ser función de Adres. Esta debe ser hecha por un administrador (o) regulador. Se deben definir las formas de pago a los prestadores de servicios de salud, cuando pago directo, cuando pago global prospectivo (sic), etc. Otras formas de contratación deben ser analizadas y concertadas con los prestadores, incluyendo evaluación de resultados en salud”.

Asociación Nacional de Medicina

Por su parte, Mac Master indicó que “Plantear un pagador único y ubicar en él todas las transacciones del sistema, además de otras que hoy no realiza, es un riesgo para la Entidad, pero, sobre todo, para el flujo”.

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“Hay que hacer del paciente y las familias el centro del sistema. Es necesario implementar y asegurar el cumplimiento de los acuerdos entre EPS y prestadores, para eliminar las barreras de acceso que se generan por trámites innecesarios en autorizaciones para consultas, procedimientos, entrega de medicamentos, entre otros”, sostuvo también la Andi en su comunicado, lo cual, en la actualidad, está en manos de las secretarías municipales, departamentales y la Superintendencia de Salud.

En ese sentido, la Andi recordó que “el sistema ha enfrentado históricamente, y por múltiples razones, dificultades en su financiamiento y en el flujo de los recursos. El 2022 terminó con un desfase superior a los tres billones (de pesos), asociados a los presupuestos máximos y rezagos de atención del covid”, manifestó la agremiación en el comunicado.

Este es el comunicado completo:

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