Lo que viene para Aníbal Gaviria después de recuperar su libertad

El equipo que defiende al gobernador de Antioquia detalló que la Fiscalía la endilga cuatro delitos y que afrontar el juicio en libertad le da más transparencia al proceso.

Para sus abogados defensores, la libertad provisional del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, representa la oportunidad de tener un juicio en el que —dicen— primara la transparencia y más porque, según argumentan, tras la revisión en detalle de los cuatro delitos que le atribuye la Fiscalía no hay pérdida de dinero y menos actos de corrupción.

Gaviria Correa ya volvió a su despacho y asumió las riendas de la gobernación. El mismo día que llegó a La Alpujarra fue claro al decir que “el equipo de la defensa se ocupará de defender y él se ocupará de gobernar”.

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Y llevar el juicio en libertad es uno de los asuntos que más resalta. “Nos pone en el sitio donde siempre debimos haber estado, defendiéndonos en libertad”, dijo durante una declaración al regresar a la Gobernación.

El también exalcalde de Medellín estuvo en detención domiciliaria entre marzo pasado y el lunes 27 de septiembre, cuando la Corte Suprema de Justicia le concedió la libertad. Entre junio y octubre de 2020 también estuvo detenido en su casa, luego de que fuera señalado por presuntas irregularidades en las obras de un tramo de la troncal de la Paz en su primero periodo como gobernador (2004-2007).

Jesús Albeiro Yepes, quien hace parte del equipo de la defensa de Gaviria Correa, explicó que la Fiscalía General de la Nación acusa al gobernador de cuatro delitos —tres de ellos por celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y uno por peculado por apropiación a favor de terceros—, todos relacionados con la contratación de la obra que se realizó para mejorar la conectividad vial en municipios del Bajo Cauca antioqueño.

Discusión técnica

La acusación de la Fiscalía se centra en la firma del anticipo, la compra de maquinaria con el anticipo —que fue usada en la obra y que tuvo la respectiva ruta de amortización—, la adición de un contrato y la firma de un otrosí para obras adicionales.

Sobre los detalles, Yepes le dijo a Diario Criterio que, al revisar la minucia de las acusaciones que se le endilgan, no se encuentran la comisión de un delito y menos la responsabilidad directa del gobernador.

Esa es una discusión de naturaleza técnica y no hay ningún delito, pero si potencialmente alguien pudiera decir que constituye delito, que como defensa no lo vemos, el gobernador no tiene ninguna participación en eso porque él, como gobernador, tienen una estructura de controles que dice que eso está bien”, explicó el miembro del equipo defensor.

Agregó que en esta obra “no se perdió un peso, no quedó en mal estado, es una obra reconocida, y estimulante para la comunidad“. Y a partir de estos argumentos, y con las explicaciones técnicas, llegarán a discutir en la práctica de la prueba y en los alegatos finales.

Además de revisar los contratos, la defensa se valdrá de expertos en derechos administrativo y de contratación, “que claramente han dicho que lo que se hizo en la Gobernación de Antioquia es lo correcto”.

Estamos esperando que la Sala de Casación [de la Corte Suprema de Justicia] diga si podemos o no llevar a los expertos. Si nos dicen que sí, tendremos la oportunidad de presentar en juicio a personas de una trayectoria y un recorrido importante en este tema”, dijo Yepes.

Vinculación al proceso

Según la Fiscalía, durante la administración de Gaviria Correa se firmó un contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz por valor de 41.663’432.778 pesos, se pactó con un anticipo del 25 por ciento y luego se amplió al 29 por ciento, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista. Modificación con la que presuntamente se desconocieron requisitos legales esenciales.

Junto a esto, entre los argumentos del ente investigador reposa que el anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual. Adicionalmente, se hicieron dos adiciones al contrato inicial, que tampoco habrían atendido los principios esenciales de la contratación pública.

Por ello, la Fiscalía consideró que el gobernador, como representante legal del departamento y ordenador del gasto, debía ejercer vigilancia, coordinación y control de la delegación. Por esto recae en él la responsabilidad, según el ente acusador.

Ahora lo que viene es esperar que se cumplan los plazos para los recursos de reposición y apelación, para que se fijen las fechas que permitan continuar con el juicio.

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