Aprobado en primer debate el Acuerdo de Escazú

Con seis votos a favor y uno en contra, este martes se aprobó el proyecto que ratifica el Acuerdo de Escazú, con el que se busca proteger a los líderes ambientales. Quedan tres debates.

El pasado 19 de abril, los senadores Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Feliciano Valencia invocaron el estatuto de la oposición para que este martes fuera discutida, luego de varias trabas, la ratificación del Acuerdo de Escazú.

Este martes, con seis votos a favor, uno en contra y una constancia para no votar, el proyecto fue aprobado en primer debate en la Comisión Segunda del Senado. Los senadores que votaron a favor fueron Jaime Durán Barrera (Partido Liberal), Ana Paola Agudelo (Partido Mira), Iván Cepeda (Polo Democrático), Berner León Zambrano (Partido de la U), Antonio Sanguino (Partido Verde) y Feliciano Valencia Medina (MAIS).

El senador Luis Eduardo Díaz, del partido Cambio Radical, fue el único que se opuso. Por su parte, Ernesto Macías, del Centro Democrático, se apartó de la discusión, acogiéndose al derecho de objeción de conciencia.

Los senadores Lidio Arturo García (Partido Liberal) y Paola Andrea Holguín (Centro Democrático), quien además es la presidenta de la Comisión, no estuvieron durante la sesión, pero presentaron una excusa.

El senador Cepeda celebró la decisión, señaló que en el debate no hicieron presencia los “senadores uribistas” y aseguró que se trata de “un paso significativo para la defensa en Colombia de la naturaleza, el agua y la vida de las personas que protegen el medioambiente”.

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¿Por qué es importante el Acuerdo de Escazú?

Uno de los aspectos centrales es la protección de los líderes ambientales y el acceso de las comunidades a la información sobre los proyectos que tendrían injerencia en sus territorios.

Estos componentes son clave para Colombia, que se ha alzado como el país más peligroso del mundo para defender la naturaleza. En 2020, fueron asesinados 227 ambientalistas en el mundo y Colombia fue el país donde más casos se registraron, con 65, según el informe de la ONG británica Global Witness. Esta cifra, no obstante, podría ser mucho mayor, debido al subregistro. Entre enero y septiembre de 2021, se registraron 56 asesinatos, según los datos de Indepaz.

También será una guía para fortalecer la institucionalidad ambiental, los procedimientos ambientales y las políticas públicas al respecto.

El difícil camino de la ratificación

A mediados de 2020, el Gobierno presentó el proyecto de ley para ratificar el acuerdo con mensaje de urgencia. No obstante, su debate se aplazó en distintas ocasiones, para finalmente hundirse en la legislatura que terminó en junio de 2021.

Ese año, se intentó votar el proyecto en el Congreso en diferentes ocasiones, pero no se pudo. La última oportunidad se dio el fin de semana del 19 de junio. El sábado se aplazó la votación definitiva por una confusión en la citación a los congresistas, y el domingo no se agendó el debate. Con el hundimiento del proyecto, solo quedaba una esperanza: que el Gobierno lo presentara de nuevo. 

En septiembre, los congresistas Iván Cepeda, Feliciano Valencia, Antonio Sanguino y Abel Jaramillo intentaron presionar la ratificación del acuerdo mediante una acción de cumplimiento. En octubre, en el marco de la COP 26, el Gobierno radicó nuevamente el proyecto de ley, pero sin mensaje de urgencia. 

La falta de voluntad política y el panorama electoral mostraban un panorama poco favorable para la ratificación del Acuerdo, pero la reciente movida de la oposición volvió a darle vida.

Distintas organizaciones ambientales han llamado la atención sobre este asunto. Una de ellas fue el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), que el pasado lunes, antes de la votación en el Senado, resaltó la necesidad de que Colombia se ponga al día con la ratificación, alineándose con países como Argentina, México y Panamá.

“La ratificación y posterior implementación del Acuerdo de Escazú le permitiría a nuestro país contar con más garantías para la prevención y transformación de los conflictos ambientales; en Colombia, más que un asunto de voluntad política, esto es una obligación estatal. El no reconocimiento de los derechos de las personas defensoras del ambiente en un país como Colombia es una forma de violencia estatal”, señaló la organización en un comunicado.

 Foto de portada: Extinction Rebellion Bogotá