Arauca vive un ‘déjà vu’ y aguarda la suerte de su gobernador

Con las capturas del gobernador y exgobernador por presuntos nexos con el ELN, la situación que está viviendo Arauca parece calcada de hechos similares que se presentaron con otros gobernantes y grupos armados ilegales.

En el departamento de Arauca se está viviendo un déjà vu. La detención del gobernador actual José Facundo Castillo Cisneros y su antecesor, Ricardo Alvarado Bestene (2016-2019), pone al departamento en una situación similar a la que vivió desde finales de los noventa hasta mediados de la década de 2000, cuando gobernadores, alcaldes y contratistas terminaron involucrados en una estela de contratos que beneficiaron primero al ELN y posteriormente a grupos paramilitares.

No es nuevo que los gobernadores de este departamento –fronterizo con Venezuela, con una población cercana a los 300.000 habitantes y que basa su economía alrededor de los hidrocarburos– terminen envueltos en actos de corrupción, vínculos con grupos armados ilegales o sancionados por la Procuraduría.

Castillo Cisnero, que había sido gobernador de Arauca de 2012 a 2015, “habría pactado un acuerdo financiero, a través de contratos estatales, con presuntos integrantes del frente Domingo Laín Sáenz” del ELN, durante sus dos periodos, para que “continuaran con su actuar delincuencial, a cambio de logística y protección militar para su seguridad y desplazamientos por los municipios de la zona”, dijo la Fiscalía General el pasado 20 de octubre, cuando ocurrió la captura del mandatario.

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Alvarado Bestene fue detenido el 21 de octubre, también señalado por los presuntos nexos con el ELN.

Castillo Cisneros se encuentra detenido en La Picota, en Bogotá, y a Alvarado Bestene le dieron detención domiciliaria, mientras avanzan ambos procesos.

Las críticas al gobernador designado

Juan de Jesús Torres, miembro de la dirección departamental del partido Comunes y aspirante al Senado, le dijo a Diario Criterio que la situación que se vive en Arauca es más o menos parecida a la de 2002: un gobernador destituido y detenido, y un reemplazo nombrado desde Bogotá.

“Hemos sido críticos con el estilo de gobernador del señor Castillo, pero este proceso no tiene ni pies ni cabeza, son insólitos los hechos por los que se le acusa. Lo que vemos es que buscan manejar los hilos políticos del departamento”, dijo.

De acuerdo con Torres, también levantó mucho malestar el hecho de que el gobernador encargado que nombró el ministro del Interior sea el general en retiro Alejandro Miguel Navas Ramos, un militar que tiene “investigaciones por falsos positivos”. Navas Ramos fue comandante del Ejército Nacional (2010-2011) y de las Fuerzas Militares de Colombia (2011-2013)

Navas Ramos “se encuentra vinculado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a raíz de su presunta responsabilidad en la comisión de la práctica de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, conocida comúnmente como ‘falsos positivos’ ocurridas en el municipio de Dabeiba, Antioquia”, dijo, a través de un comunicado, el Espacio Litigio Estratégico.

Ante este panorama, lo que se viene para Arauca es un ambiente convulso a la espera de que se resuelva pronto el proceso de Castillo Cisneros y que la coalición Unidos por Arauca –conformada por Cambio Radical, Partido de La U, Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y el Partido Colombia Renaciente– presente la terna de la cual se designe al nuevo gobernador.

En este momento, a pesar del gobernador designado, los procesos de obras y decisiones claves de Arauca van lentas o están paradas pues el departamento se encuentra acéfalo, según lo precisó Torres.

Pero a Castillo Cisneros no solo le cayó como baldado lo de la Fiscalía. El 30 de octubre último, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos en su contra “y otras tres personas, por presuntas irregularidades en la liquidación del contrato firmado para la construcción del coliseo José Eustasio Rivera, en el municipio de Saravena, en hechos ocurridos en su anterior mandato (2012–2015)”.

El riesgo de la denuncia

En marzo de 2017, el profesor de la Universidad del Valle y PhD en Ciencia Política Javier Duque publicó en el medio Razón Pública el informe ‘Arauca: el saqueo de las regalías entre el ELN, los paramilitares y los políticos’, en el que detallo que “desde 1992 Arauca ha tenido nueve gobernadores elegidos por voto popular y seis más en condición de encargados, de los cuales solo los dos últimos no han tenido sanciones ni han sido destituidos o condenados por la justicia”.

En su investigación, Duque precisó que “lo sucedido en Arauca hace pensar en las fallas de la descentralización política, administrativa y fiscal llevada a cabo sin tener en cuenta los contextos sociopolíticos y las particularidades de los municipios y departamentos”.

Esta es una lectura que permite ver que el panorama en el departamento requiere soluciones de fondo y que se vigile de cerca la contratación estatal. No hay que perder un detalle clave: Arauca es el tercer productor de hidrocarburos de Colombia; sin embargo, sus habitantes no ven los beneficios de las regalías, denuncian corrupción y una explotación indiscriminada de su territorio.

Y aunque algunos se han atrevido a hacer públicos los actos de corrupción, esto también les ha representado ponerse en riesgo. Así le sucedió a la periodista Crisma del Mar Tovar, quien a través de la emisora Meridiano 70 y su perfil en Facebook publica informes sobre denuncias de corrupción en Arauca, por lo que fue amenazada y tuvo que autocensurarse y salir del territorio.

Al respecto, la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) les hizo un llamado a las autoridades, el pasado agosto, “para que le brinden a Crisma del Mar y a todos los periodistas de Arauca y del país las condiciones de seguridad para el desarrollo de sus actividades profesionales”.

Ahora, en Arauca esperan que el asunto con la gobernabilidad se despeje pronto, pues las comunidades piden atención en los asuntos prioritarios para el departamento como servicios públicos, salud, empleo, seguridad y atención por la crisis migratoria.

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