¿Censura al arte? La polémica por el mural borrado en Bogotá

Un ciudadano decidió tapar un mural en el que se criticaban los abusos policiales. Para varios expertos, esto se trató de una afrenta a la libertad de expresión. Los detractores del mural, por su parte, aseguran que esas manifestaciones artísticas no son válidas si se hacen con recursos públicos. Sin embargo, la Corte Constitucional protege este tipo de expresiones.

Alrededor de la imagen de un oficial de la Policía, condecorado, y con la bandera de Colombia a su espalda, aparecen diez calaveras. En otro costado, el mismo uniformado parece golpear a un joven. Esta pintura estuvo exhibida en una de las columnas del puente de la avenida Américas con carrera 50, en Bogotá, hasta que un ciudadano decidió cubrirla con pintura.

El mural, que se refería a los abusos de la fuerza pública, hacía parte de Museo Abierto de Bogotá, una iniciativa con la que el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) buscan transformar los entornos urbanos a través del arte, para aprovechar los espacios bajo los puentes vehiculares. 

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Seis colectivos artísticos fueron los responsables de darle una nueva vida al grisáceo habitual de dichas estructuras, a partir de la mezcla de colores y bocetos. Uno de ellos fue el colectivo SaintCat Crew, que pintó el polémico mural a partir de un trabajo de inmersión y diálogo con los habitantes de calle y recicladores de la zona, a quienes les preguntó sobre lo que les gustaría que fuera plasmado. 

Según describió el colectivo en su cuenta de Instagram, a partir de dichos testimonios se elaboró un informe con el que un artista del equipo realizó dos propuestas para que fueran votadas por la comunidad. “Así, el 15 de octubre realizamos la votación por parte de la banda que acogió los dos bocetos, ganando por pocos votos el primero de ellos. En este sentido, se decidió plasmar los dos bocetos, uno en el muro y el otro en la columna anexa al espacio por intervenir”, explicó.

Opciones de mural
Los dos bocetos sometidos a votación. Foto: Colectivo SaintCat Crew.

¿Arte o afrenta?

Lo que para el colectivo artístico significó una “forma de transmutación del dolor y de la emocionalidad” y una reivindicación y potencialización del “papel transformador de la ciudadanía habitante de calle”, para otros fue una “denigración” y “afrenta” contra la Policía. 

Por ejemplo, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal escribió en su cuenta de Twitter que se trataba de una “vergüenza” y cuestionó a la alcaldesa Claudia López por el hecho. “¿Esa es la renovación de los puentes de Claudia? Permitir más afrentas contra la Policía Nacional es inaceptable. Ahí sí no le da ganas de salir llorando en televisión”, manifestó.

A la defensa de la fuerza pública se sumó el concejal del Centro Democrático Andrés Forero. “¿Esto hace parte del contrato de 3.200 millones de pesos para pintar puentes? ¿No hay plata para tapar huecos, pero Claudia López se gasta nuestros impuestos en pinturas que denigran a nuestras Fuerzas Armadas? La bajeza, el derroche y la incompetencia se dan la mano en esta Alcaldía”, dijo también en sus redes sociales. 

Las críticas también provinieron de Lucía Bastidas, concejala del mismo partido de la alcaldesa López, la Alianza Verde. Bastidas aseguró que ella “sigue usando recursos de la ciudad para incitar al odio en contra de la Policía”, por lo que pidió que fuera borrado de inmediato. “Los murales, grafitis y arte son bienvenidos en Bogotá”, pero “aquellos que construyen, que crean tejido social. No y no a las muestras de odio, disfrazadas de arte“, agregó.

Finalmente, a dichas posiciones se sumó el ciudadano que borró el mural. En un video, se le oye decir que decidió taparlo como protesta “contra el vandalismo, contra el odio”. En redes sociales, e incluso medios de comunicación como El Tiempo, se asegura que esta persona es Luis Mauricio Mayorga, abogado y excandidato al Concejo de Bogotá. Esta información, sin embargo, no ha sido confirmada.

No obstante, otro sector coincide en que el mural, así sea financiado con recursos públicos, es una manifestación válida de protesta. Por ejemplo, Mauricio Albarracín, abogado experto en derechos humanos e investigador de Dejusticia, dice que la ciudadanía tiene pleno derecho de expresarse contra la violencia policial sobre todo después de que se conociera que “al menos 28 civiles fueron asesinados por la Policía”, y que la Constitución Política de Colombia es clara en advertir que no puede haber censura.

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“La cantidad y virulencia de los insultos por criticar la violencia policial es preocupante. Buscan intimidar y silenciar la esfera pública. Es una vieja táctica del manual de propaganda. Los extremistas andan alborotados por la revelación de las verdades y por las elecciones”, dijo Albarracín en Twitter.

Los otros borrados

Catalina Valencia, directora de Idartes, respondió a la polémica y recordó que la Constitución Política, en el artículo 71, señala que, “la búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres”. De igual manera, resaltó que la Ley General de Cultura indica que “en ningún caso el Estado ejercerá censura sobre la forma y el contenido ideológico y artístico de las realizaciones y proyectos culturales”.

Eliminar y censurar al que opina diferente destruye la democracia”, dijo la entidad.

Esta, sin embargo, no es la primera vez que ocurre un hecho similar. En julio de este año, en medio del paro nacional, en Cali, los manifestantes pintaron dos murales en la calle quinta con carrera primera. Uno de ellos, hecho por mujeres, denunciaba: “En Cali secuestran mujeres”. El otro, ubicado debajo del primero, decía: “Paren el genocidio”. Ambos desaparecieron luego de que un grupo de personas convocara a un “pintatón”. Ese día, en la tarde, la senadora Cabal hizo presencia en el lugar para manifestar su apoyo a quienes cubrían las pinturas y a los miembros de la Policía que allí se encontraban.

Un poco más atrás, en mayo, la comunidad grafitera de Medellín pintó la frase “Estado asesino” en el deprimido de la avenida San Juan, como una forma de manifestar su inconformidad por la violencia policial y las violaciones a los derechos humanos. Este grafiti solo duró unos días. Las grandes letras amarillas y bordeadas de negro fueron eliminadas, al parecer, por miembros del Ejército, según denunciaron varias personas de la zona.

Mural Estado Asesino
Mural Estado asesino. Foto: XalDWikimedia Commons

En El Poblado, también en Medellín, un grupo de grafiteros pintó otro mural con la frase “Convivir con el Estado”. No duró ni un día exhibido pues unas 100 personas lo taparon con pintura verde y blanca, simulando la bandera de Antioquia. En ese entonces, el proyecto conocido como Medellín Graffiti compartió un comunicado en el que aseguró que recibieron amenazas “por parte de algunas personas en camionetas” mientras pintaban el mural.

La Corte Constitucional y la protección del arte

Cuando murales como esos son ‘censurados’, se retoma el debate sobre la libertad de expresión y el arte. La Corte Constitucional ya ha aportado varios argumentos en esta discusión, con fallos en los que ha protegido la difusión de distintas expresiones en espacios públicos. 

En 1995, al artista Celso José Castro le impidieron exhibir su trabajo fotográfico en la sala de exposición de Cultura y Turismo de Valledupar, luego de que el director del recinto considerara que muchas de sus fotos eran “pornográficas”. Esto, a pesar de que en un principio había contado con el aval para hacerlo. 

Como respuesta, el artista presentó una tutela, al argumentar que estaban censurando su obra. La Corte Constitucional le dio la razón y aportó dos contenidos relevantes para la discusión. 

Por un lado, recordó que “toda persona tiene derecho a competir en igualdad de oportunidades por un acceso a los medios públicos de difusión, para dar a conocer sus obras”. Por otro, manifestó que para difundir una obra en un espacio público la persona debe contar con la autorización del Estado. Este requisito es descrito por el alto tribunal como el único limitante. 

Sentencia Corte
Sentencia No. T-104/96 (caso Celso José Castro).

Un caso más reciente se dio en noviembre de este año, cuando la Corte protegió el mural “¿Quién dio la orden?”, sobre falsos positivos. El brigadier general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo había interpuesto una tutela con la que buscaba que el mural, en el que aparecía su fotografía, fuera eliminado de redes sociales pues, según él, violaba su derecho a la honra y el buen nombre. 

Mural de falsos positivos que fue censurado en Bogotá
Un mural que muestra los oficiales presuntamente responsables de los falsos positivos en Bogotá ya había sido objeto de otra polémica.

La Corte recordó que los ciudadanos pueden denunciar de manera pública “los hechos y actuaciones que consideren irregulares y que sean atribuibles a servidores públicos”. De igual manera, el alto tribunal indicó que el mural gozaba de protección puesto que “el mensaje es de interés público; se relaciona con las responsabilidades de una persona que ejerce mando en el Ejército Nacional; no carece en absoluto de sustento en las investigaciones judiciales que actualmente se adelantan, y no se traduce en afirmaciones vejatorias o desproporcionadas”. 

Con esto en mente, eliminar el mural de SaintCat Crew, que además hizo parte de una convocatoria pública, se constituye como una violación a la libertad de expresión artística. Para algunos, no obstante, el debate debería centrarse en si la administración distrital puede o no “contratar una obra” con dichas alusiones o narrativas.

Sobre esta última afirmación, la abogada experta en derechos humanos Daniela Yepes García explicó a Diario Criterio que el mural es una expresión de memoria histórica que se constituye como un derecho de las víctimas. “El Estado tiene el deber principal de garantizar derechos y, en ese sentido, el Estado debe garantizar la memoria misma“.

Por ejemplo, el Centro Nacional de Memoria Histórica ha dado a conocer diferentes investigaciones sobre el conflicto, en las que se relaciona a miembros de las Fuerzas Militares con violaciones a derechos humanos. En ese caso, el centro es un establecimiento público, que funciona con recursos públicos, y que se constituye como un espacio para que las víctimas puedan contar su historia“, dijo.

De esta forma, la experta aseguró que en el contexto actual, en el que se han venido publicando una serie de informes que dan cuenta de la brutalidad policial, es “un absurdo creer que el Estado no puede hablar mal de sí mismo pues, cuando se equivoca, hace parte también del deber de este de reconocer que así lo ha hecho”.

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