Indignación en Colombia y el mundo por el asesinato de dos menores en Tibú

El asesinato de un niño y un adolescente evidencia la difícil situación de violencia que se vive en Tibú, donde impera una ley del silencio que impide denunciar a los criminales.

Tibú, en Norte de Santander, es uno de los municipios del país donde más presencia policial y militar hay. Allí, el fin de semana un niño y un joven venezolanos fueron asesinados luego de ser capturados por la comunidad por, presuntamente, robar en un comercio. Antes de que llegaran las autoridades hombres armados se los llevaron a la fuerza y posteriormente los asesinaron.

La indignación de este crimen levantó una ola de reclamos en redes sociales para que las autoridades actúen de manera rápida para capturar a los responsables. El reclamo alcanzó niveles internacionales. La propia Organización de Naciones Unidas (ONU) rechazó el crimen. “Condenamos el asesinato de un niño de 12 años ayer, en Tibú, Norte de Santander. Expresamos condolencias a su familia. Instamos a las autoridades a investigar estos hechos. Hacemos un llamado al respeto a la vida y protección de los niños y las niñas (en) Colombia”.

Las voces de rechazo y reclamo son múltiples, la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz le informó a Diario Criterio que le están insistiendo a las autoridades para que se le dé celeridad a la investigación y se aclare el crimen, además, para que se proteja a los menores de edad del municipio y la región que viven en un constante riesgo en medio de las disputas que se presentan entre los grupos armados ilegales.

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Algunos comerciantes y mototaxistas se pronunciaron a través de un video en el que aseguran que trataron de proteger la vida del niño y el joven evitando que fueran linchados por la comunidad. Aunque les dejaron tomar fotos y videos para escracharlos a través de redes sociales, aguardaban a que la policía llegara para llevárselos, pues dicen tener las pruebas de las llamadas que hicieron para denunciarlos.

Recompensa

La Defensoría del Pueblo rechazó el crimen y exigió “celeridad en las investigaciones de este hecho. Así mismo, hacemos un llamado a la comunidad a denunciar cualquier acción contraria a la ley ante las autoridades competentes, para que sean estas las que con celeridad judicialicen a los responsables”.

Por su parte, la Policía anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien brinde información sobre los responsables del crimen. El coronel Carlos Martínez, comandante del departamento de Policía Norte de Santander, aseguró que incluso abrieron una investigación disciplinaria interna prioritaria por denuncias de la comunidad ante la actuación policial. Y pidió a la Justicia Penal Militar que también lo haga desde su competencia.

Tibú hace parte del Catatumbo, una región que ha sufrido los embates del conflicto armado y que aún sigue con los coletazos fuertes de grupos armados que quieren hacerse al control territorial. Hay presencia de disidencias de las Farc (Gaor 33), ELN, Clan del Golfo y EPL (disidencias de Los Pelusos), que buscan controlar el negocio, desde la base, del narcotráfico.

Los responsables del crimen serían las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Jhon Mechas, por el que el Gobierno nacional ofrece una recompensa por sus actuaciones en sicariatos.

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Justo en este municipio las autoridades calculan en unas 20.000 las hectáreas sembradas con coca. Un asunto que no es ajeno al crimen del niño y el joven, pues estas estructuras armadas son las que en muchas ocasiones procuran manejar la justicia y el orden en el municipio a su gusto.

Ley del silencio en Tibú

La ONG Human Rights Internacional reportó que recibió la información del asesinato y que su equipo se encuentra verificando la información: “Es una clara violación al DIH [Derecho Internacional Humanitario] y a los DDHH [Derechos Humanos] de NNA [niños, niñas y adolescentes]”.

Por ahora se sabe que los cuerpos de los jóvenes no han sido reclamados y que las autoridades están acelerando las acciones en el municipio. Sin embargo, se sabe que en Tibú impera una ley del silencio, tal como se lo expresó una lideresa a Diario Criterio en junio de este año, luego del asesinato de la fiscal Esperanza Nava: “Si vamos a hablar, mejor ponga mi testimonio anónimo, porque uno aquí está expuesto a todo”.

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