Asesinatos de líderes sociales, la persecución que no cesa

El panorama de violencia contra líderes sociales en el país parece no variar y, aunque la Defensoría del Pueblo reporta una reducción en los asesinatos, la cantidad de ataques sigue siendo escandalosa.

Los ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia es un asunto que sigue preocupando, sobre todo después de que la Defensoría del Pueblo revelara, este jueves, que entre enero y noviembre de este 2021 fueron asesinados 130.

La cifra es menor en relación con el mismo periodo en 2020, en el que fueron asesinados 182 líderes. Sin embargo, no deja de ser un número escandaloso y siguen siendo urgentes acciones para proteger a esta población, especialmente, en las zonas alejadas de las principales ciudades del país.

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De acuerdo con la Defensoría, 111 de los asesinados fueron hombres y 19 mujeres. Además, 31 fueron de líderes comunales, 30 indígenas, 16 comunitarios, 14 campesinos y siete sindicales.

De estos asesinatos, el 75 por ciento se cometió en ocho departamentos, y Antioquia, Cauca y Valle de Cauca son donde se concentra la mayoría de los casos, con 22, 21 y 16 asesinatos, respectivamente. A estos le siguen Chocó con nueve, Putumayo con nueve, Norte de Santander con ocho, Nariño con siete, Caquetá con cinco y Meta con cinco.

“Como Estado no podemos ahorrar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad, ni mucho menos para garantizar que los líderes y lideresas puedan seguir adelantando su importante labor en favor del estado social de derecho”.

La complejidad en los territorios

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) procura hacer un seguimiento de hechos de violencia que se presentan en todo el país. El asesinato de líderes sociales es uno de los temas en los que pone el foco y documenta a partir de la información que le brindan las mismas organizaciones sociales, quienes, a su vez, “reivindican a estas personas como líderes sociales o defensores de derechos humanos”.

Entre el primero de enero y el 30 de noviembre, Indepaz registró el asesinato de 159 líderes sociales.

Las dificultades de acceso a algunos territorios, en ocasiones, impide que se conozca cuál es la situación real de asesinatos y amenazas contra defensores y líderes. Esta realidad también está en el radar de Naciones Unidas.

La representante en Colombia de la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Juliette de Rivero, le dijo a Noticias Caracol, a mediados de noviembre último, que su oficina había recibido hasta entonces la denuncia de 180 asesinatos de líderes sociales, de los que habían logrado verificar 67 casos y estaba en el proceso de verificación de 30 casos más.

“Esta cifra es muy preocupante, muy elevada, pero no representa toda la violencia que se sufre en los territorios”, afirmó y agregó que además del asesinato, situaciones como el confinamiento, desplazamientos e intimidaciones también están en ese coctel del riesgo que afrontan los líderes.

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Justamente, la Defensoría del Pueblo dice que los asesinatos representan el 20 por ciento de las vulneraciones en contra de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Pues, las amenazas son el principal riesgo con el 73 por ciento de los reportes recibidos por el Ministerio Público, y que según los datos recibidos entre enero y septiembre de 2021 alcanzaron 549 conductas vulneratorias.

Los departamentos de Norte de Santander, Sucre y Magdalena fueron donde más se reportaron las amenazas con 86, 43 y 41 casos, respectivamente.

¿La protección de los defensores en vilo?

Pero el asunto no solo es por los asesinatos, una denuncia que presentó a través de sus redes sociales Juan Pappier, investigador de la División de las Américas de Human Human Rights Watch (HRW), devela que, al finalizar septiembre, “el Gobierno aprobó el decreto 1139 de 2021 para modificar los mecanismos de protección a personas en riesgo”.

“Con el pretexto de una mayor eficiencia, el decreto limita la información para tomar decisiones sobre protección, coarta la transparencia, aumenta algunos requisitos legales y reduce la protección colectiva”, precisó.

“El decreto disolvió el Grupo de Valoración Preliminar, que estaba formado por diversos actores del Estado colombiano” y así “hoy el principal insumo para decidir quién recibe protección proviene de los analistas de la UNP (muchos de ellos, expolicías o DAS)”, añadió.

La preocupación manifestada por Pappier surge porque Colombia es uno de los países donde la defensa de los derechos humanos se encuentra en mayor riesgo. Por ello, muchas de las personas que asumen estas labores suelen buscar apoyo por parte de los organismos estatales.

Por eso el pedido para proteger a los líderes sociales y defensores de derechos humanos no cesa. Aunque las autoridades aseguran que hay esfuerzos en pro del cuidado de la vida, las cifras siguen mostrando un panorama donde la realidad no cambia mucho.