Asistencia militar, ¿un paso previo a la conmoción interior?

La decisión del presidente Iván Duque de militarizar varias regiones del país revivió la discusión sobre un posible decreto de conmoción interior. ¿Cuáles son los requisitos, controles y efectos de esta medida? Análisis de Diario Criterio.

Mientras que el periodista internacional Víctor De Currea-Lugo anunciaba en su cuenta de Twitter que, después de la visita del presidente de la república a Cali, este decretaría el estado de conmoción interior, el mandatario emitió el Decreto 575 de 28 de mayo de 2021.

Duque dio el anuncio este 28 de mayo en su cuenta oficial de Twitter y en una alocución desde la ciudad de Cali, en la que se refirió a su propuesta como el “inicio del máximo despliegue de asistencia militar para apoyar la labor de la Policía”.

Con este decreto, el presidente impartió ordenes e instrucciones a los gobernadores del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda, así como a los alcaldes de Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva, para la conservación y restablecimiento del orden público.

Las medidas se sustentan en la obligación que tiene el presidente, así como los gobernadores y alcaldes, de restablecer el orden público, concepto que ha tocado varias veces la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

En el fondo, lo que hace el presidente es ordenar que en estos territorios se active la figura de la asistencia militar, como la establece el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, que consiste en un apoyo coordinado entre la Policía y las Fuerzas Militares para levantar los bloqueos, adoptar acciones necesarias para reactivar la productividad y la movilidad, lograr la mayor eficiencia, eficacia y celeridad en los procesos de captura y judicialización de las personas que incurren en los actos delictivos que afectan el orden público, entre otras.

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Las reacciones al decreto fueron inmediatas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada, conforme a las obligaciones internacionales y los estándares interamericanos que debe cumplir el Estado colombiano.

Otras voces más críticas, como la del congresista Alexander López Maya, aseguraron que con esta decisión el Gobierno pone a la represión en primer plano, por encima del diálogo. López también denunció los posibles efectos de la medida en alcaldes y gobernadores pues, como lo señala la medida, “los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto, serán sujetos a las sanciones a que haya lugar”.

Por su parte, el exsenador Juan Fernando Cristo señaló que el decreto emitido por el gobierno es una estrategia basada en cambiar los nombres para evitar el control de la Corte Constitucional.

Conmoción interior: ¿cheque en blanco para el presidente?

Algunos expertos consideran que este primer decreto es el primer paso para promulgar la conmoción interior, que de acuerdo con el artículo 213 de la Constitución prevé que el presidente puede decretarla cuando la situación de orden público sea tan grave que atente de forma inminente la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana.

Los hechos violentos que se han presentado durante el primer mes de paro nacional, los bloqueos en las vías y el desabastecimiento hacen parte de un conjunto de razones en las que el presidente puede sustentar el estado de conmoción interior.

Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática al señalar que esta medida debe ser temporal, excepcional y debidamente sustentada. Una de las condiciones que establece la Constitución es que la crisis o la grave perturbación del orden público no pueden resolverse con las atribuciones que, habitualmente, tienen las autoridades de policía.

Gobierno ordena asistencia militar para Cali y otras ciudades del país. Foto: Fuerzas Militares de Colombia
El Presidente Duque ordenó la asistencia militar para Cali y otras ciudades del país. Foto: Fuerzas Militares de Colombia

La conmoción interior se declara a través de un decreto legislativo que pasa a control automático de la Corte Constitucional, al día siguiente de ser expedido. La Corte revisará dos puntos clave. En primer lugar, deberá evaluar si las razones en las que se fundamenta la decisión están debidamente soportadas y, en un segundo momento, hará control de las medidas tomadas para que estas no vayan en contra de la Constitución.

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El estado de conmoción interior puede durar hasta 90 días, se puede prorrogar por dos períodos más, pero con previa autorización y concepto favorable del Senado de la República. De igual forma, este periodo puede terminarse antes, cuando las circunstancias que le dieron origen desaparezcan.

Mientras el estado de conmoción permanezca vigente, el presidente tendrá facultades legislativas extraordinarias; es decir, que podrá expedir o modificar leyes a través de decretos. Sin embargo, cabe resaltar que cada uno de esos decretos, al igual que la ley que declara la conmoción interior, serán revisados por la Corte Constitucional.

Los riesgos

Dentro de los decretos legislativos que emita el presidente en la vigencia del estado de conmoción interior puede suspender leyes que le sean contrarias. Si bien, la Corte Constitucional revisa todos los decretos que se emiten en el marco del estado de excepción, el riesgo es la demora del pronunciamiento y, que hasta tanto la Corte no se pronuncie, las decisiones tomadas durante la vigencia de los decretos legislativos tienen validez.

El ejemplo más cercano es la revisión de la Corte Constitucional de los decretos legislativos expedidos producto del estado de emergencia por covid-19. Solo hasta el 26 de octubre de 2020, es decir nueve meses después, la Corte Constitucional terminó de revisar las 111 intervenciones que a la fecha había decretado el Gobierno nacional en desarrollo del estado de emergencia.

Esto se logró tras “53 Salas Plenas virtuales y de 115 Sentencias, la Corte Constitucional concluyó el control automático de los Decretos Legislativos emitidos por el Gobierno Nacional con el fin de contener la Emergencia ocasionada por el COVID-19. Bogotá, de 26 octubre de 2020”, de acuerdo con un comunicado de la Corte.

Otro riesgo que se puede materializar está en torno a las consecuencias del uso de la fuerza pública, al fortalecerse el pie de fuerza o reforzado las acciones militares en los cascos urbanos, entre otras, que puede generar amenazas o vulneraciones a los derechos humanos, los que no pueden suspenderse conforme lo ha reiterado la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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 “A diferencia de la anterior Constitución, que permitía suspender en estado de sitio determinadas garantías constitucionales, los incisos 2al 6o del artículo 214 de la nueva Constitución establecen en forma terminante lo siguiente: No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales.  En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario”.  

En este panorama, si la asistencia militar fracasa, es decir, no es posible que el orden público se restablezca, la consecuencia natural será el estado de conmoción interior, basado en que no fue posible restablecer el orden público, lo que abrirá un nuevo debate y una nueva etapa de los más de 30 días que ya lleva el paro nacional.

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